En América Latina, la corrupción supera en un 4% a la cifra promedio mundial (19%) y el 74% de las empresas de la región admiten que han sido víctimas de alguna modalidad de fraude en los últimos 12 meses.
La mayoría de ellas han sufrido de robo de activos fijos (25%) o robo de información (24%), fraude de proveedores (23%) y corrupción y soborno (24%). Así lo concluye el último Informe Global de Fraude, elaborado por la firma Kroll y por la Economist Intelligence Unit. El estudio proyecta, además, que entre 2011 y 2012 las empresas perderán en promedio un 1,9% de sus ingresos por fraude.
El 75% de los 1.200 empresarios en el mundo que fueron consultados por los autores del informe dijeron haber sufrido alguna forma de fraude, es decir 3% menos que en 2010. Sin embargo, la corrupción pasó del 10% a 19% en 2011.
Lo más preocupante es que los altos ejecutivos se consideran en un 70% vulnerables a la corrupción y al soborno, alarma que en 2010 no era tan significativa para las compañías. De acuerdo con Recadero Romero, director de Kroll Colombia, se debe a “una mayor concientización por parte de los ejecutivos acerca del riesgo”.
A esto se suma, según Andrés Otero, director de Kroll Miami, “la debilidad de los sistemas judiciales, que están altamente politizados. Algunos jueces pueden verse bajo presión por partes interesadas o negociando su próximo cargo”.
Otero agrega que “algunos abogados e inversionistas inescrupulosos inician acciones en nombre de ciudadanos locales bajo la acusación de haber sufrido daños ambientales o sociales causados supuestamente por los demandados décadas antes. La resolución de cualquier litigio puede durar años, y podría tener un impacto en la reputación mundial y la estabilidad financiera de la compañía. Casos en donde grupos indígenas y comunitarios, que apenas comprenden la acción colectiva presentada a su nombre, obtienen en última instancia una pequeña parte del fallo”.
A simple vista, el panorama parecería ser la descripción del caso de multinacionales mineras en Colombia y el argumento que tienen dichas compañías para aguardar la reputación de su marca.
Horacio Ayala, exdirector de la DIAN, asegura que lo dicho por Otero es un fenómeno que se da de parte y parte y que en el caso colombiano se observa más en el sector extractivo. “Hay abogados que pretenden sacar provecho de las multinacionales defendiendo supuestamente causas sociales o ambientales, pero también hay abogados contratados por aquellas para sacarle provecho al Estado y a su debilidad jurídica. Hace poco se destapó la comercialización de títulos mineros en Ingeominas, donde hubo participación de funcionarios públicos, pero también el ofrecimiento de privados y sus intermediarios. Ojalá que con la reforma al Estatuto Anticorrupción se logre controlar el fraude”.
En países de América Latina como Brasil, Colombia y Chile se está trabajando para crear un entorno sin fraude. “Sin embargo, dada la mentalidad caudillista de la mayor parte de los mandatarios de la región, este tema sigue siendo una amenaza constante al orden de la justicia y la democracia”, concluye el estudio.