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Economía 19 Dic 2012 - 7:38 pm

Operadores acuden a Estados Unidos para garantizar competencia

Colombia, en la mira por su mercado de telefonía móvil

Cinco competidores elevaron ante el Departamento de Comercio una queja formal contra el dominio que Claro ejerce en el mercado local. Su excusa: que viola las disposiciones consignadas en el TLC firmado por ambos países.

Por: David Mayorga
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La comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) declaró en 2009 a Claro como operador dominante en el segmento de telefonía móvil. / Archivo

El pasado lunes 17 de diciembre quedará grabado en la historia comercial de Colombia. Porque ese día, ante la Oficina Comercial del Gobierno de Estados Unidos (USTR, en inglés), se presentó la primera queja formal dentro del marco del tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países, el mismo que entró en vigencia en mayo; en ella, cinco compañías del sector de las comunicaciones, con estrechos vínculos económicos con el país del norte, pedían la actuación de la Casa Blanca para proteger sus intereses y garantizar sus operaciones en el mercado de su socio comercial suramericano.

Se trata de DirecTV –que opera desde California¬¬–, Avantel –propiedad del fondo privado Discovery Capital–, Tigo –su casa matriz, Millicom, cotiza en el mercado estadounidense–, ETB y Une –tienen operaciones en ese país–, quienes buscan que Colombia les garantice el derecho a la sana competencia y adopte las disposiciones regulatorias para evitar, por un lado, que sus operaciones se sigan reduciendo y, por otro, que se acentúe el dominio que Claro ostenta desde 2009 en el sector.

En su argumentación, los cinco operadores argumentan que no se han cumplido los acuerdos de la sección 1377 sobre el mercado de las telecomunicaciones porque las autoridades colombianas aún no han regulado aspectos tan importantes como el empaquetamiento de servicios, el roaming, el acceso a la infraestructura y los cargos de acceso (en especial, las tarifas por acceder a la red de un competidor).

“Pedimos el cumplimiento de las normas consignadas en el tratado, que son las mismas que el país ha ratificado ante la Organización Mundial de Comercio”, explica Ximena Barberena, vicepresidente jurídica de Avantel, quien agrega que este esfuerzo conjunto busca garantizar la existencia del sector de competencia: “La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en un análisis que le hizo al Congreso sobre los efectos que tendría la subasta de 4G, afirmó que existía un alto riesgo de que los demás operadores cayeran en insolvencia sino se adoptaban medidas para controlar el dominio de Claro”.

Dicho estudio, en el que se analizan cada uno de los escenarios para la asignación, mediante subasta, de espectro radioeléctrico (con el que se busca masificar la tecnología LTE, o 4G, que garantiza una mayor velocidad de navegación y acceso a contenidos por internet), establece que “los mecanismos propuestos resultan insuficientes para generar un cambio estructural en el mercado. En los escenarios propuestos podría agudizarse el nivel de concentración del mercado”.

Según las cifras oficiales, hoy en día Claro ejerce la posición de dominio en el segmento de telefonía móvil con una participación de 61,52%, lidera el de televisión por suscripción (46,2%) y ocupa el segundo lugar en internet móvil (21,29%, detrás de Movistar). De acuerdo a un análisis del centro de pensamiento Fedesarrollo, la concentración en telefonía celular es la tercera más alta de la región por debajo de México y Honduras, y le costaría al país 0,78% del PIB en términos de desarrollo tecnológico.

“Cada día la concentración del operador dominante es mayor, es más difícil prestar servicios de calidad y el porcentaje de ingresos por usuario se reduce. Son las señales de monopolización del sector”, advierte Marc Eichmann, presidente de Une, quien también augura un futuro negativo para la industria: “Los usuarios no podrían cambiarse de operador porque, sencillamente, sólo habría uno”.

Pero antes de que eso suceda, el Gobierno colombiano tendrá que pronunciarse. Sucederá luego de que el Departamento de Comercio notifique a la embajada en Washington, la cual, a su vez, remitirá a la solicitud a Bogotá. “La Casa Blanca tiene que, primero, investigar el mercado colombiano, y después tomar decisiones. Si lo encuentra meritorio, podría obligar a su socio comercial a tomar las medidas regulatorias correspondientes para garantizar la competencia”, dice Eichmann.

Claro prefirió no pronunciarse por considerar que este asunto es competencia de ambos gobiernos.

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