En 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vendrá a Colombia para evaluar el sistema antilavado de activos y verificar si el país implementó las 40 recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera (Gafi) les hizo a varios países de América Latina, y así poder determinar si ingresa a la lista roja de naciones con deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales. Por eso, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), en coordinación con la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), inauguró esta semana un curso intensivo de análisis de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para distintos empresarios del país.
El propósito: capacitar a los gestores de riesgo para enfrentar dichas amenazas, que afectan la seguridad económica del país. Las cifras hablan por sí solas: a la fecha, en Colombia, solo de dineros del narcotráfico, se lavan más de $20 billones cada año, de los cuales la UIAF, con todos los avances tecnológicos, apenas logra interceptar $2,7 billones en promedio. Así, pues, mientras en el mundo el estimado del dinero que les quitan a los ilegales representa 20 centavos por cada 100 dólares, en el país la unidad logra arrebatarles 13 dólares.
Esto es: 0,20 % frente a 13,8 %. A pesar de que el país avanza en la detección del blanqueo de capitales, esa brecha debe estrecharse aún más de cara a recibir el próximo año la evaluación minuciosa del FMI. Y más aún en el sector real de la economía (empresas, industrias, manufacturas, etc.), pues según Javier Gutiérrez, subdirector de análisis financiero de la UIAF, los banqueros han incrementado las medidas de protección ante el intento de los criminales de blanquear su dinero. De todas maneras, los ojos están puestos en todos los sectores de la economía del país, principalmente en el minero-energético, donde la Unidad ya ha encontrado casos.
De acuerdo con la UIAF, Colombia no solo debe cumplir con la inclusión de las 40 recomendaciones legales, sino también dar resultados. Algo en lo que está avanzando desde el año 2010, cuando apenas las personas naturales y jurídicas obligadas a reportar sus ingresos ante la UIAF eran 5.569, y hoy ascienden a 37.674. De otro lado, tiene 16 bases de datos propias y avanza en superar las estadísticas: desde 1999 hasta 2015, han llegado 151.000 reportes de operación sospechosa a la unidad, y aunque todos se analizan, de cada 100 reportes solamente el 7 % ameritaban desarrollar un caso. Por eso, el sentido de estas capacitaciones es avanzar en una mayor efectividad en la gestión del riesgo de las empresas.