Congreso de EE.UU., preocupado por activistas laborales colombianos

La intensificación de violencia contra trabajadores y sindicalistas, especialmente contra aquellos que están luchando para acabar con la mal habida y recurrente práctica empresarial de contratar a través de cooperativas ilegales –para así esquivar la obligación de asegurar buenas condiciones laborales–, tiene al grupo parlamentario de monitoreo a los derechos laborales en Colombia (Congressional Monitoring Group on Labor Rights in Colombia) con las alarmas encendidas.

En una carta de dos páginas que acaba de ser conocida por este diario, los diez congresistas que conforman el grupo de monitoreo le indicaron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que no se puede echar en saco roto el compromiso del gobierno colombiano de ejecutar el Plan de Acción Laboral (PAL) una vez estuviera en firme el TLC, como lo está desde el pasado 15 de mayo.

El PAL fue el acuerdo que destrabó el TLC en el Congreso estadounidense. Con el PAL, Colombia garantizó que espantaría los temores de los congresistas de ese país tomando todas las medidas necesarias para reducir la violencia contra los sindicalistas, garantizando derechos laborales según estándares internacionales, aumentando el número de investigaciones y vigilando los contratos a través de las cooperativas, entre otras acciones.

Sin embargo, un recuento de hechos violentos contra sindicalistas y trabajadores colombianos, ocurridos entre abril 19 y mayo 12 de este año –tres días antes de que entrara en vigor el TLC–, fue tomado por los congresistas como advertencia de que el gobierno Santos tiene una enorme tarea por hacer. 

“El presidente Santos ha manifestado su firme compromiso en proteger derechos laborales, pero todavía hay mucho más que tiene que hacerse. Le pedimos a su administración que realice esfuerzos máximos para asegurarse de que la administración Santos haga efectivos los compromisos adquiridos y envíe el más fuerte mensaje de que aquellos que buscan intimidar a los trabajadores no tendrán éxito”, señalaron los congresistas en su carta a Obama.

Estos son los casos que trajeron a colación en su carta los congresistas estadounidenses para exponer sus preocupaciones:

Abril 19: sindicalistas de Sintrainagro, que luchan contra prácticas de contratación ilegal –incluidas cooperativas– con los productores de aceite de palma de Puerto Wilches (Santander), fueron declarados “objetivo militar” de las Águilas Negras. Estas amenazas, sumadas a agresiones contra trabajadores de cultivos de palma,  han provocado que algunos de ellos abandonen el municipio.

Abril 21: sindicalistas de Sintraemcali recibieron amenazas contra sus vidas, como invitaciones a sus propios funerales. Los panfletos les hicieron saber que estaban “bajo la vigilancia” de las Águilas Negras. Sintraemcali ha sido clave en casos emblemáticos que representan las luchas por derechos laborales en Colombia.

Abril 27: Daniel Aguirre fue el hombre que lideró la huelga de 2008 con la que se evidenció las difíciles condiciones de vida de los corteros de caña. Él, además, era el negociador principal entre los corteros y los ingenios en el Valle del Cauca, en referencia con las discusiones que buscaban conseguir que los ingenios cambiaran sus prácticas de contratación y pasaran de las cooperativas a los contratos por nómina. Fue asesinado en Florida (Valle) mientras caminaba por la calle con su esposa.

Mayo 12: “Lo vamos a poner a dormir”, fue el mensaje intimidante que recibió en su celular John Jairo Castro, quien lidera el sindicato de trabajadores del puerto de Buenaventura. Una amenaza similar recibió otro sindicalista que había sido testigo en un juicio por explotación laboral en el puerto. Estos trabajadores han protagonizado la lucha por acabar con la contratación a través de cooperativas, y mensajes igual de coercitivos recibieron sindicalistas de Sintrainagro justamente del mismo número telefónico que envió las amenazas a Castro.