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Insistiendo en el riesgo que sigue representando para las finanzas públicas la ejecución del crédito de 10 millones de dólares, la contraloría General de la República anunció que realizará una actuación especial de fiscalización sobre la destinación y manejo de los recursos públicos involucrados.
El crédito fue contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar la implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial.
En marzo pasado, la contralora Sandra Morelli Rico emitió un control de advertencia señalando a los ministerios de Transporte y de Hacienda, el riesgo.
La entidad de control de las finanzas públicas considera que el costo del servicio de la deuda, constituiría un gasto ineficaz, innecesario e inoportuno, dado que la Ley 1702 de 2013, por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, establece una nueva estructura institucional y técnica para la gestión de la política pública de seguridad vial y asigna recursos específicos a través del creado Fondo Nacional de Seguridad Vial, precisa un informe de prensa.
El riesgo expuesto en esta función de advertencia persiste luego de evaluar las respuestas que se recibieron de los ministerios de Transporte y de Hacienda, señala el informe de prensa.
Advierte la contraloría General que la actuación especial de fiscalización sobre este crédito de10 millones de dólares y la correcta inversión de estos recursos será adelantada, en forma conjunta, por la contralorías Delegadas de Infraestructura Física y de Gestión Pública e Instituciones Financieras.