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La carrera por demostrar que la venta de Isagen es inconveniente para el país se ha intensificado en las últimas horas. El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, le envió una carta al contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, con el fin de solicitarle que no permita la venta de la generadora de energía de la cual la nación es dueña del 57,66% de las acciones.
En el documento Robledo dice que el gobierno está vendiendo "la gallina de los huevos de oro a precio de gallina flaca", y que el doctor Jorge Bustamante, "quien fuera director de ISA, o sea una persona que sabe de estos asuntos de la generación eléctrica, señala cómo la valoración primera que se hizo de la venta de Isagen, fue anulada por los hechos, como la devaluación del peso".
"El doctor Bustamante explica con números cómo sigue siendo baja esa valoración en términos de dólares, y señala cómo, si se vendiera por el precio base, habría una especie de detrimento patrimonial de $947 mil millones, o sea, estamos hablando de una impugnación seria a la valoración, con la que se va a sacar a la venta Isagen", dice la misiva, y solicita que el ente de control asuma un seguimiento extraordinario de vigilancia fiscal.
Horas después, el contralor Maya Villazón le respondió a Robledo a través de un comunicado sucinto, explicando que la Contraloría hoy no cuenta con facultades para activar un mecanismo extraordinario de vigilancia fiscal para el proceso de venta de Isagen, como sí logró hacerlo el ex contralor Antonio Hernández con la venta de Telecom o el mismo Maya con el túnel de la línea.
Dicha respuesta se explica porque la Corte Constitucional, a través de sentencia del 11 de marzo de 2015, declaró inexequible el numeral 7 del artículo 5 del Decreto 267 de 2000, que permitía a la Contraloría General de la República aplicar la función de advertencia con el objetivo de "advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados".
En conclusión, el Contralor General de la República, manifestó que “si bien es cierto no es posible activar el mecanismo de función de advertencia, también es evidente que la Contraloría ha estado atenta a hacer el seguimiento técnico a los procesos que impactan las finanzas públicas del país, y claramente uno de estos procesos es la venta de Isagen”.
Y finalmente dijo que en el evento que produzca la venta de la generadora de energía, la Contraloría auditará si con este procedimiento se ocasionó daño alguno al patrimonio público de la nación.