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Hace un año, cuando la Contraloría General presentó los primeros tomos de la serie de investigaciones Minería en Colombia, dirigidas por Luis Jorge Garay —quien a los ojos de instituciones como el Banco de la República es uno de los economistas colombianos más destacados en la historia nacional—, la molestia de la industria minera en el país fue inevitable.
Por primera vez una entidad oficial financiaba un estudio en el que se cuestionaba directamente el modelo elegido por Colombia para extraer y comercializar sus recursos naturales no renovables. Las investigaciones encontraron que el Estado tenía preocupantes falencias en el esquema regulatorio y fallas estructurales en la fiscalización de la información entregada por las mineras, como también serias dificultades para hacerles seguimiento a los compromisos adquiridos por las compañías.
Los mineros rechazaron la publicación, catalogaron el informe de parcializado y prometieron hacer uno por su cuenta. Luis Jorge Garay respaldó a su equipo de investigadores, aclaró que todos los datos consignados provenían de fuentes oficiales y anunció que ese sería sólo el comienzo de una serie de publicaciones financiadas por la Contraloría donde se haría seguimiento a casos concretos.
Esta semana se presentaron en Bogotá los dos últimos tomos de Minería en Colombia: Daños ecológicos y socio-económicos y consideraciones sobre un modelo minero alternativo y Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto, publicaciones que hacen fuertes críticas a la manera como el Estado ha negociado las condiciones de operación de empresas como Drummond, en el Cesar, y BHP Billiton, dueña de la mina Cerro Matoso, en Córdoba.
'Una prórroga mal negociada’
En 2012, cuando el gobierno Santos extendió hasta 2029 el contrato de concesión a la compañía anglo-australiana BHP Billiton para que siguiera extrayendo ferroníquel de Montelíbano (Córdoba), la contralora, Sandra Morelli, fue una de las primeras autoridades en cuestionar la validez de la negociación. A través de funciones de advertencia, la entidad insistió en que la compañía (que comenzó a extraer metal de Cerro Matoso en 1982) no había sido un buen socio para el país pues sus operaciones no estaban ajustadas a las normativas ambientales vigentes, el pago de impuestos por parte de la empresa era insuficiente y, entre otras cosas, las utilidades para el Estado se estaban definiendo a partir de un precio inferior al que se negocia con los destinatarios finales del mineral. Sin embargo, la prórroga se firmó por 17 años más, con la posibilidad de extender automáticamente el contrato hasta 2049.
En el cuarto tomo de Minería en Colombia, los investigadores Leonardo Arbeláez, Jorge Enrique Cruz, Ana María Silva y Jorge Torres Gutiérrez revisaron los términos bajo los cuales fue firmada esta extensión e identificaron varias irregularidades.
La primera es que el Gobierno firmó el contrato teniendo como base normas que ya habían sido derogadas, invocando el Código de Minas de 1988, que había sido reemplazado por el de 2001. “Introducir modificaciones estructurales a un contrato de concesión minera, aplicando una norma derogada hace más de once años, va en contravía de los fines esenciales del Estado”, concluye el informe.
Además, la Contraloría insiste en que Cerro Matoso opera sin licencia ambiental, partiendo de que a la empresa se le permitió seguir funcionando con un permiso que le otorgó hace 33 años la autoridad ambiental local, permiso que para el ente de control está lejos de parecerse a los requisitos de una licencia ambiental actual.
Más adelante, los investigadores cuestionan que a la hora de extender la concesión no se haya realizado el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas que rodean la mina. Aunque la empresa y el Gobierno desconocieron por años los asentamientos de al menos 3.000 nativos que viven en cercanías a la mina, por no estar constituidos como resguardo, hace un mes (en un proceso en el que participó Cerro Matoso) el Gobierno declaró legal el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento.
Ahora los zenúes esperan que se cite a la consulta y así puedan discutir con la compañía sobre los impactos que ha tenido la operación minera en su territorio. Su postura va en la misma vía que la de los investigadores, quienes coinciden en que desconocer este derecho a la consulta previa “es asumir que tales comunidades no existen en el territorio y, por ende, no son sujetos de derechos fundamentales”.
Por último, la Contraloría encontró que los primeros contratos firmados en 1963 y 1971 (modificados en 2005) contenían un pacto de reversión de los activos de la empresa al Estado una vez finalizados, compromiso que no se hizo efectivo porque la compañía siguió operando la mina. A juicio del ente de control, ningún contrato podía cambiar el plazo que se había pactado para la reversión, así que la entidad cree que “se incurrió en un detrimento patrimonial en un monto al menos equivalente al valor de dichos activos (que estaría cercano los $1,8 billones de 2012)”.
Aunque la empresa le respondió a este diario que aún no va a pronunciarse sobre la publicación, la Contraloría le recomendó al Estado considerar “absolutamente necesaria y relevante” una revisión de fondo de la prórroga, “para que acorde con la aplicación de la normatividad de contratación pública se revoquen las cláusulas lesivas y se efectúen los ajustes correspondientes a los detalles del contrato que van en contravía de los fines esenciales del Estado”.
acuevas@elespectador.com
@angelicamcuevas