La contralora General, Sandra Morelli Rico reiteró que "en su actuación respecto del (Consejo Superior de la Judicatura) CSJ hará un examen juicioso de las distintas circunstancias que rodean cada reconocimiento de una pensión".
Aclara el informe que no todo ascenso, ni pensión obtenida a través de tutela, tampoco la obtenida donde se invoque el régimen de transición, ni la que exceda el tope de 25 salarios mínimos, "es la consumación de un fraude al sistema".
Remarca que son varios los factores que debe analizar el organismo de control de las finanzas públicas "para considerar que en materia pensional puede existir un presunto detrimento patrimonial".
Recuerda que la ley 610 de 2000 exige no solamente que haya un daño cierto al patrimonio público, "sino también que el mismo haya sido ocasionado con dolo o culpa grave y que haya nexo causal entre uno y otro".
Destaca el comunicado de la Contraloría General que frente a la investigación que se adelanta al Consejo Superior de la Judicatura "hará un examen juicioso de las distintas circunstancias que rodean cada reconocimiento de una pensión".
Aclara que el examen "se extenderá a cualquier otra institución en la cual se encuentren las mismas prácticas y respecto de cualquier cargo que reproduzcan las circunstancias de hecho y de derecho cuestionadas".
Destaca que pese a los impedimento "respecto de aquellos Magistrados que resultaren investigados y que hubieren intervenido en su designación en la terna a Candidata al Cargo de Contralor, como es el caso del Magistrado William Giraldo", dice que seguirá adelante con la investigación del carrusel de las pensiones.
"Hay que tener en cuenta que existe un gran abismo entre un encargo o un nombramiento por un corto tiempo durante el período de consolidación de derechos pensionales y el ascenso gradual fruto de una vida de trabajo y reconocimiento. Ejemplos de ello abundan en las personas que van ascendiendo en la Rama hasta llegar a las más altas dignidades", dice el informe revelado por Javier Alonso Lastra, Contralor Delegado del Sector Defensa.
"Lo que resulta materia de investigación por considerarlo presunta gestión antieconómica, ineficiente e inequitativa son aquellos casos en los cuales sin el monto correspondiente en aportes por parte de empleador y empleados como han sido evidenciado en el Consejo Superior de la Judicatura donde por citar algunos ejemplos se encontró que personas que con ocasión de encargos o nombramiento por períodos que no superan los dos meses sus pensiones pasan de 3 a 13, de 2 a 11 o de 2.5 a 11.5 millones de pesos", explica el informe.
El organismo de control dice que "la Corte en su sabiduría nos permitirá volver a los fueros de la equidad, de la solidaridad y del buen juicio para permitirnos tener un sistema pensional más sencillo, más transparente, más equitativo y sostenible en donde todos podamos saber sin tener que contratar un intermediario, cuáles derechos tenemos y a qué pensión podemos aspirar".