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En Colombia sigue el debate de la posible pérdida de poder adquisitivo que los trabajadores que ganan el salario mínimo tendrían en 2016 debido a que su incremento salarial fue de 7% y la inflación de bajos ingresos cerró el 2015 en 7,26%. Sin embargo, poco se habla de que los empleados del Estado bajo contrato de prestación de servicios, o como se les llama: contratistas.
El Ministerio de Hacienda, alegando políticas de austeridad por el entorno económico, decretó que el incremento salarial para los contratistas del Estado sería de tan solo 3% en 2016. Es decir estos empleados recibieron un aumento de salario de 3,77% menos que el incremento del costo de vida en Colombia.
Iván Daniel Jaramillo, investigador del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, explicó que “el punto sensible del tema es que en el Estado hay miles de estos trabajadores que desempeñan labores de funcionarios públicos de manera permanente, pero son empleados bajo la condición de contratista. Se trata de un problema de índole inconstitucional y que lleva varios años, pero se suele ignorar en cada administración pues es un lio se encuentra en la mayoría de las entidades públicas de Colombia. Sin embargo, fuera de la problemática administrativa que esto representa hay que reconocer que esta población experimenta un serio y significativo problema de poder adquisitivo. Es como si le dijera que su sueldo subió, pero los gastos se incrementaron en el doble”.
Si no fuera suficiente Jaramillo explica que a los contratistas estatales tienen que asumir el 40% de la seguridad social por su propia cuenta.
El gasto en nómina es un tema serio dentro del Gobierno. Durante las últimas negociaciones del salario mínimo el Ministerio de Hacienda advirtió que un incremento salarial del 1% por encima de la inflación anual le implicaría al Gobierno un incremento de $240.000 millones en costos de funcionarios y de servidores públicos, y de $344.000 millones en pensiones que devenguen el mínimo.
Los otros tipos de contratistas, los que trabajan en empresas privadas, no necesariamente tendrían este problema. Esto se debe que estos trabajadores suelen negociar el incremento salarial directo con su empleador. Incluso podrían exigir el salario mínimo integral que corresponde a 13 salario mínimo vigentes, y tiene que aumentar en el mismo porcentaje que decrete el Gobierno.
Esta coyuntura recuerda ese viejo el decreto de 2011, que se expidió en el Plan Nacional de Desarrollo de ese entonces, que indicó que los trabajadores bajo contrato de prestación de servicios tendrían un incremento de 11%. Lo curioso es que ese año la inflación cerro en 3,4%, por lo que se trató de una norma que ayudó a mejorar el poder adquisitivo de esta población. No obstante el decreto ya no está vigente.