Cortocircuito con Electricaribe

Bloqueos, desmanes y alcaldes encadenados como protesta contra la entidad evidenciaron los graves problemas con el servicio de energía en la costa norte. Gobierno invertirá $4 billones en el sector.

Varios de los alcaldes de la región protestaron esta semana por las fallas de Electricaribe. / Alcaldía de Cartagena

La empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. - Electricaribe, que presta el servicio de energía al Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre - todos los departamentos que integran la Región Caribe, menos San Andrés - ha logrado lo que nunca antes había sido posible: unir alrededor de un gran propósito a toda la ciudadanía, al margen de consideraciones sociales, económicas, raciales, religiosas o políticas.

A escasos cuatro meses y medio de las elecciones, cuando muchos actores políticos están -literalmente - enfrentados, y en vísperas de que los mandatarios locales comiencen a tener el sol a sus espaldas, en el norte del país gobernantes y gobernados se unieron para protestar por los frecuentes y prolongados cortes de energía, las fluctuaciones del voltaje y los galopantes aumentos tarifarios que tienen al borde del desespero a tirios y troyanos.

A pesar de sus diferencias ideológicas, concejales como David Múnera, del Polo; senadores como Nadia Blel, del Partido Conservador, y representantes como Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal, han unido sus voces a las de dirigentes políticos de las más disímiles tendencias, así como a las de empresarios, comerciantes, maestros, independientes y ciudadanos del común, que ya no soportan padecer días enteros sin el servicio de energía eléctrica.

Por eso, todos a una, como en Fuenteovejuna, se han unido para protestar por el que califican como un pésimo y costoso servicio, y ya en varias poblaciones comienza a gestarse una cruzada que podría ser el hecho político del momento: si el Gobierno Nacional no interviene a Electricaribe, el 25 de octubre numerosos ciudadanos podrían no salir a votar en los comicios para alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, como ya ha ocurrido en los corregimientos de la isla de Tierra Bomba, a diez minutos del área urbana de Cartagena.

Varias de las protestas no han sido pacíficas. En María la Baja un grupo de ciudadanos, frente a la Alcaldía, exigieron que las autoridades locales obligaran a Electricaribe a atender sus reclamos, y lo que comenzó como un plantón, terminó convertido en una asonada. A lo largo de la Troncal de Occidente, a la altura de Arjona, centenares de enardecidos ciudadanos bloquearon la vía y produjeron serios desmanes.

Fue por ello que Diana Mantilla, la alcaldesa de María la Baja, y Orlando Cogollo, el alcalde de Arjona, fueron de los primeros en llegar a Chambacú, en Cartagena, donde Electricaribe tiene sus oficinas para Bolívar, con el fin de adelantar, al lado de varios de sus colegas, una singular protesta contra la cuestionada empresa.

Allí, al lado de Nicolás Castillo Ortiz, de Mahates; Gustavo Castilla, de San Juan; y Rafael Gómez, de Santa Rosa; entre otros, así como de varios concejales, personeros y vocales de control de diferentes municipios de Bolívar, se encadenaron y amenazaron con realizar una huelga de hambre si las directivas de Electricaribe no los atendían. A la jornada de protesta se sumaron luego otros funcionarios, entre ellos el alcalde (e) de Cartagena, Carlos Granadillo.

Mientras el lugar de la protesta se llenaba cada vez más de ciudadanos que, de manera espontánea, se acercaban a los mandatarios a expresarles su solidaridad, por las redes sociales otros importantes actores, como el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, y el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, de visita oficial en España, también elevaban sus voces contra Electricaribe.

“Acompaño el reclamo justo y válido de los alcaldes de Bolívar frente a la situación que Electricaribe está generando en sus municipios”, expresó Gossaín en Twitter. Vélez, entretanto, tras señalar que “el pésimo servicio de Electricaribe ya es uno de los grandes problemas de la Región”, indicó: “Lo he dicho y lo repito”, esa empresa “es un palo en la rueda para el desarrollo de Cartagena, Bolívar y el Caribe”.

Tras permanecer por varias horas en el lugar, la delegada de Electricaribe para Bolívar Norte, Ayleén Álvarez Martínez, pidió que una comisión de los protestantes subiera hasta su despacho. “En la reunión debemos estar todos los alcaldes”, fue la respuesta de Orlando Cogollo. Minutos después, y durante casi 6 horas, la funcionaria y los mandatarios habrían de sostener un encuentro en el que, tras exponerse las correspondientes inquietudes, se llegó a un principio de acuerdo.

Entre los compromisos adquiridos por parte de la empresa se encuentran, la pronta culminación de la subestación Mahates. “Electricaribe se comprometió a culminarla el próximo año”, manifestó el alcalde de Arjona, Orlando Cogollo. “Esa subestación va ayudar a que Gambote - 5, que está sobrecargada, pueda mejorar sus condiciones de servicio”, señaló. Otra subestación que se debe terminar lo más pronto posible “es Gambote - 6, que es exclusivamente para el municipio de Arjona; serían dos sistemas alternos que se apoyarían entre sí”. Esta subestación funcionaría en 2016.

“Se comprometieron también a reforzar las cuadrillas para que el mantenimiento de redes sea óptimo”, manifestó igualmente el mandatario, “y a socializar debidamente los cortes que se tengan programados”. “Electricaribe enviará a los alcaldes y a los personeros los planes de mantenimiento, con el fin de mantener enterada a la comunidad”.

Con relación a los compromisos adquiridos, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Patricia Duque, a través de un comunicado, aseguró que la entidad a su cargo les hará un estricto seguimiento “y agendaremos en los próximos días una reunión con los alcaldes que lideraron esta manifestación para que conjuntamente revisemos las responsabilidades que nos asisten a cada una de las entidades que hacemos parte de la solución a esta problemática del país”.

Ayer, al finalizar una reunión lideraba por el ministro de Minas y Energía, Tomás González, el funcionario anunció inversiones en el sector por $4 billones, mayor control por parte de la Superservicios y, además, habló de la posibilidad de que nuevas empresas entren a operar en la región.