Costos de la paz, una incertidumbre

Unos creen que la economía crecería 1 %. Los contradictores dicen que los costos que vienen son gigantescos. /

No hay evento en Colombia por estos días en donde el tema central no sea la paz. En cada uno se analizan las diversas variables y los costos que tienen que pagar los colombianos por el proceso. Diferentes centros académicos, políticos y económicos analizan, suman y restan. Un reciente estudio de ANIF, el centro de estudios académicos del sector financiero, señala que los beneficios económicos “de la paz podrían rondar valores del 0,5 %-1 % de crecimiento adicional por año durante 2017-2022”. Pero aclara que “este valor debe computarse sobre el actual ciclo de desaceleración económica que experimenta el país (llevándonos entonces del actual 3,5 % hacia un 4,5 % anual durante 2017-2022)”.

Sergio Clavijo, director de ANIF, ha alertado sobre los beneficios de la paz y sobre la procedencia de los fondos que “permitirán hacer una realidad este proceso de paz tan ansiado”. Dice que hasta el momento ha venido apropiando un punto del PIB en materia de indemnización, el cual podría llegar a dos puntos. En este escenario, se requiere una gran reforma tributaria estructural, donde “impajaritablemente la piedra angular tiene que ser una expansión y una extensión del IVA, que es lo único que nos va a permitir incrementar el recaudo neto entre uno y dos puntos del PIB”.

El informe que presentó ANIF en la asamblea de Fasecolda advierte de que “Colombia estará experimentando presiones adicionales de gasto público en el rango del 2,2 % al 5,2 % del PIB por año durante 2017-2022, de los cuales tan sólo están descontados gastos presupuestales adicionales por un 1 % del PIB”. Pero el exdirector del DNP, Hernando José Gómez, tiene otras cuentas: “En los países de América Latina que terminaron conflictos armados, sin que mediara una derrota militar de alguna de las partes, se observa un salto en las tasas de crecimiento económico de largo plazo en comparación a las del resto de la región”, por lo que se puede esperar “un crecimiento, durante una década, del orden de 0,3 % a 0,6 % del PIB”.

Sobre las implicaciones fiscales de la paz, el estudio de ANIF precisa que “el propio gobierno a través del MFMP-2016 (Marco Fiscal de Mediano Plazo) ha mencionado que los faltantes fiscales para poder honrar la Regla Fiscal vigente irían en ascenso durante los próximos años: en 2017, el faltante sería nulo (si se acepta el recorte del 0,7 % del PIB en la inversión productiva respecto de su media histórica del 1,8 % del PIB); en 2018, sería del 1,1 % del PIB (o del 1,5 % si se evita la contracción de la inversión); en 2019, ascendería al 3 % del PIB (sin caída de la inversión); y en 2020 llegaría al 3,6 % del PIB”. Para Carlos Holmes Trujillo, director de asuntos internacionales del Centro Democrático y abierto contradictor del proceso, “los costos son gigantescos y el país no estaba preparado para eso”.

Una preocupación para el director de ANIF es de dónde van a salir los fondos que van a permitir aterrizar fiscalmente el proceso de paz. Señala que el costo más gravoso tiene que ver con la indemnización de víctimas, y eso podría llegar a tener una erogación presupuestal cercana a dos puntos del PIB para el Estado. “Colombia ahora está abocada a una realidad social (que exige cumplir los acuerdos de paz) y a una realidad fiscal muy frágiles”. El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, considera que “la situación fiscal del país es preocupante por todo: por la caída del petróleo, por la contracción de la economía, pues no estamos alcanzando los crecimientos esperados, pero la paz es un alivio para eso, porque va a generar ahorros importantes por el potencial mayor crecimiento de la economía”. El consultor Hernando José Gómez señala que si se rebajan 1,5 puntos en el gasto militar, como proporción del PIB, “eso ya nos ahorra $12 billones anuales”. Los ingresos que dejó de percibir el Gobierno por la caída del precio del petróleo fueron superiores a los $20 billones y “sólo por esto (ahorro en gasto militar) ya podríamos recuperar el 60 % de lo que perdimos por ingresos petroleros”.