A las cuentas del Estado le ha pegado muy duro la caída de más del 50% en los precios de petróleo. / Archivo
“El ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) motivará la necesidad de un mayor gasto social a mediano y largo plazo y, por consiguiente, un ajuste tributario que permita enfrentar este reto”, concluyó la Contraloría después de analizar el escenario económico en el que debería entrar el país si realmente quiere hacer parte de ese selecto grupo. Y eso, en cifras, saldría bien costoso. De acuerdo con el Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico (Cisoe), a Colombia le costaría unos $20 billones anuales acercarse a los principales indicadores de los países miembros del club de las buenas prácticas.
La cosa, sin la necesidad de hacer análisis de fondo, es que se necesitaría una nueva reforma tributaria para conseguir esos recursos, pues la perspectiva analiza que entre 2015 y 2030 se necesitarían gastos adicionales de entre 3 y 7 puntos del PIB. “Para 2015, por ejemplo, se necesitarían unos 3 puntos adicionales del PIB, lo que equivale a cerca de $19,5 billones para mejorar la calidad de los servicios de salud, atención a la vejez, educación, vivienda y reparación de víctimas”, explicó el ente de control. Y para sumar: “El gasto (excluyendo intereses) del Gobierno Central como proporción del Producto Interno Bruto (17% del PIB) ni siquiera alcanza el nivel promedio del gasto social de la OCDE (21,9% del PIB)”, borrando la sonrisa de aquellos que creen que dicha adhesión ya estaba prácticamente lista.
En términos prácticos, la Contraloría lo vio de la siguiente forma: “Es importante debatir la consecución de potenciales ingresos sin olvidar que Colombia exhibe niveles de desigualdad importantes, tanto en ingreso como en riqueza, por lo cual se deberá propender por una reforma con equidad”, porque “el país enfrenta el desafío de contar con recursos públicos que le permitan financiar el gasto adicional que se necesitaría para mejorar los indicadores sociales y llevarlos por encima de los niveles que se encuentran actualmente”.
La misma OCDE, con una misión que estuvo recientemente en Colombia verificando que el país cumpla con las exigencias de dicha organización, fue enfática al recomendar que se necesita una reforma tributaria estructural, donde se extendiera la base. También ha propuesto disminuir la carga impositiva a las empresas y a la inversión en el sector real, aumentar el control a la evasión, elevar la tarifa general del IVA y reducir las exenciones al impuesto a la renta y al mismo IVA.
Así las cosas, si el Gobierno quiere cumplir con su misión de lograr que el país ingrese a la OCDE, tiene que acelerar la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria que convocó y que tiene como tarea proponer esa columna vertebral de la tan nombrada modificación al estatuto tributario colombiano, que ha sido criticado por los empresarios del país pues ser demasiado extenso, complicado y que le quita competitividad al país.
La pregunta más urgente es: ¿cómo, con la abrupta caída del petróleo, la baja notable en la renta petrolera, la escasa recuperación de la industria, la revaluación que tiene contra las cuerdas a los importadores y de paso a los consumidores, la inflación al alza y una proyección más baja de crecimiento en este 2015% (ahora dice el Gobierno que sería del 3,4%), se las ingeniará el Gobierno para conseguir esos recursos necesarios para invertir en gasto social sin afectar todas las demás cuentas que, de por sí, ya están golpeadas?
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