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Han pasado más de seis meses desde que el Gobierno, mediante el decreto 2616 de 2013, puso en marcha los mecanismos para regular la cotización a seguridad social para los trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes y que devengan menos de un salario mínimo al mes ($616.000). El objetivo del Ejecutivo fue promover la formalización tratando de acabar con las rigideces del sistema.
Aunque desde el Gobierno se oyen voces que aseguran que esta estrategia ha abaratado los costos laborales para los empleadores del país, un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) sostiene que este sistema “podría estar generando sobrecostos no salariales importantes para los empleadores, pues en algunos casos equivale a un esquema de ‘pague siete (días) y lleve uno’”.
Esto significa, según la ANIF, que el sistema PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) sólo acepta pagos por semanas completas, pese a que hay trabajadores que laboran sólo un día de la semana (por ejemplo, el caso de los trabajadores domésticos). “El equivalente en contribución debería ser el 5% (un día de 20 hábiles) y no el 25% que se está aplicando (una de cuatro semanas al mes)”, sostiene el documento de este organismo.
De acuerdo con la ANIF, los sobrecostos no salariales que estaría generando el actual sistema de cotización a seguridad social por semanas pueden verse reducidos a través del subsidio estatal a la salud (Sisbén). “Como estos esquemas de trabajos por días aplican primordialmente a trabajadores del sector servicios, se tendrá la paradoja de que los patronos buscarán que se expandan los subsidios públicos como el Sisbén”.
Y aunque el exministro de Trabajo Rafael Pardo Rueda aseguró recientemente que este mecanismo es un promotor de la formalidad laboral (a diferencia de la antigua cotización mensual), la ANIF sostiene que estas medidas aún siguen recargadas en exceso en “la existencia de diversas fuentes de subsidios públicos y no en los mecanismos de mercado que promueven la formalización laboral”.
Frente al planteamiento hecho por el organismo, Mauricio Olivera González, presidente de Colpensiones, explicó que Sergio Clavijo —presidente de la ANIF— tiene razón en el tema de los sobrecostos, pero sólo en el caso de que un trabajador labore tan sólo un día durante un mes. “El decreto (2616 de 2013) se pensó por días. Pero la mayoría de la población objetivo trabaja más de un día con el mismo empleador”.
Explicó que “pagar una semana incluye el domingo” y que si el pago se hace por días no se alcanzan las semanas. “Así es más difícil que las personas logren las semanas suficientes para acceder a una pensión. Cotizar semanalmente es mucho mejor para los trabajadores”.
El directivo agregó que en cuanto a la crítica hecha por la vía de los subsidios, no hay fundamentos, ya que la cotización por semanas no cuenta con auxilios estatales, mientras que los Beneficios Económicos Periódicos (BEP) sí. “Cerca de 10 millones ganan un salario por debajo del mínimo y de 20 millones de trabajadores que hay en Colombia, 14 millones no cotizan para su vejez”.
En opinión de Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, lo que señala la ANIF en materia de subsidios se constituye como un problema grave, ya que esto genera “un incentivo perverso para mantenerse en la informalidad”. Explica que “lo que dice Clavijo es cierto, pero en casos extremos”.
A pesar de que el Gobierno buscó dar a los trabajadores que laboren por semanas acceso a caja de compensación familiar, riesgos laborales y cotización a pensión, en materia de salud aún siguen protegidos bajo el régimen subsidiado de salud quienes son empleados de bajos ingresos y devengan menos de un salario mínimo mensual.
Por lo pronto, la ANIF considera que, más allá de este sistema, queda como punto pendiente hacer énfasis en lo que se alcanzó en materia de reducción de la carga parafiscal a los empleadores por la vía de la más reciente reforma tributaria. “Si bien con ello se logró reducir los sobrecostos no salariales en 13,5%, estos todavía representan un 46% en el caso de los trabajadores de tiempo completo”.
hsandoval@elespectador.com
@hector_sandoval