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De afugias presupuestales

Al gobierno Santos le tocó apretarse el cinturón. Ya se anuncia la congelación de la nómina para el próximo año.

Hugo García Segura, Héctor Sandoval
12 de septiembre de 2014 - 04:15 a. m.
De afugias presupuestales

En agosto pasado, el Gobierno Nacional anunció la prórroga de la venta de sus acciones en Isagén, con las cuales pretendía recaudar algo más de $5 billones para el financiamiento de las obras de Cuarta Generación, cuyo costo total es de $47 billones. El miércoles, el Congreso aprobó el monto del presupuesto general de la Nación para 2015, que será de $216,2 billones y no de $220 billones, como se había insinuado. Además, se desistió de la idea de bajar a $750 millones la base para el cobro del impuesto al patrimonio. Y en el Capitolio, algunas bancadas ya le muestran los dientes al advertir que no apoyarán aquellas medidas que afecten los bolsillos de los ciudadanos.

Encima de todo, las expectativas por los ingresos petroleros no se cumplen y aunque se esperaba llegar al millón de barriles producidos por mes, no ha sido posible. En agosto fueron 999 mil y las predicciones del ministro de Minas y Energía, Tomás González, indican que al final del año se llegará a entre los 985 y los 988 mil. A ello se suma que el precio del crudo en los mercados internacionales no despega, lo que implica dejar de ganar miles de dólares cada día. Y hay que tener en cuenta los ataques terroristas de las últimas semanas contra varios oleoductos, que irremediablemente afectan esa producción.

Son las afugias que se le presentan hoy al presidente Juan Manuel Santos, en el afán de asegurar los recursos que le garanticen no sólo el buen funcionamiento del andamiaje del Estado, sino también la concreción de los grandes proyectos y reformas prometidos en materia de infraestructura, salud, educación y vivienda, entre otros sectores. A todo eso se suma la necesidad de comenzar a planificar las inversiones del posconflicto, en el entendido de que la paz va más allá del desarme y la desmovilización de las Farc e implica exigentes recursos para el agro, los proyectos productivos en comunidades azotadas por la guerra, para indemnizaciones a las víctimas o para programas de reinserción.

Incluso, habría que considerar presupuesto para el eventual referendo planteado para que sea el pueblo colombiano el que ratifique lo pactado con la guerrilla. De ahí que hasta el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, esté hablando hoy de austeridad y ahorro —especialmente en el rubro de funcionamiento, que se ‘come’ el 56% del presupuesto— y de congelar la nómina estatal para el próximo año. La idea, según explicó, es conseguir que $1,8 billones de ese gasto público pasen al rubro de inversión. “Gracias al funcionamiento actual del Estado, seremos capaces de administrar todas las necesidades del país en los próximos años, por eso se puede hablar de congelamiento de las nóminas”, agregó Cárdenas.

Lo cierto es que los cálculos hablan de un ‘hueco’ cercano a los $12,5 billones, que se espera tratar de subsanar con la ley de financiamiento que ya anunció el jefe de Estado en agosto pasado, durante el acto de clausura de la Convención Bancaria en Cartagena, cuyo objetivo es completar esos recursos que faltan en el presupuesto nacional para 2015. Iniciativa que se radicará la próxima semana y que incluye, según Santos, “prolongar el impuesto del 4 por mil y el impuesto al patrimonio”. Una necesidad imperiosa ante la ya probada desfinanciación del presupuesto. También se estudiaría traer al país capitales en el extranjero y decirle a la gente que los declare, al tiempo que se sigue hablando de incrementar en 1,0 o 1,5 el IVA.

Solo que el ambiente para sacar adelante todos esos objetivos se ve muy complicado. De antemano, se sabe que a la clase política no le gusta cargar con los costos que implica aprobar medidas que afectan los ingresos de los colombianos y que la Unidad Nacional en el Congreso no garantiza mayorías. De hecho, el senador Iván Duque, vocero de las comisiones económicas del Centro Democrático, advirtió que a pesar de los anuncios de reducción al gasto y aumento en el rubro de inversión, ello tendrá que ser sustentado por el Minhacienda. “Obras son amores y no buenas razones. El ministro tiene que demostrar en la ley de financiamiento, en letras de molde, cuál es su compromiso de ahorro y cuál es su compromiso hacia el gasto más focalizado en la población más vulnerable”, indicó.

Ya los conservadores también anunciaron que no les ‘jalan’ a medidas tributarias que afecten a la gente. “Invitaremos al ministro de Hacienda para que en una junta de parlamentarios presente los principales puntos de la reforma tributaria que se piensa implementar, a fin de ser analizada junto con el presupuesto general de la Nación. El Partido ayudará en el propósito de conseguir los recursos que el país necesita, pero mantendrá dentro de su discusión en el Congreso la defensa de la clase media, los microempresarios y el ya golpeado sector del campo, entre otros sectores vulnerables, con una posición unificada”, señaló en un comunicado, tras una reunión de bancada.

Para el senador liberal Horacio Serpa, es claro que el Gobierno tiene un apremio inmediato, que es conseguir recursos para equilibrar el actual presupuesto y a la vez hacer las reformas educativa y a la salud, la firma de la paz y la financiación del posconflicto: “Todo eso vale plata, mucha plata, y el Estado no la tiene. Se debe sacar una reforma tributaria que sincere sus disposiciones y que ponga a pagar al que tiene. Hay que crear el impuesto a los dividendos, no el IVA, que es un impuesto regresivo porque lo pagan los que tienen y los que no tienen”, enfatizó.

Sin embargo, Serpa cree que la reforma de fondo implica eliminar las exenciones, subsidios y beneficios que contiene el Estatuto Tributario, “porque el cuento de que tenemos unas tarifas muy altas se echa muy fácilmente, pero lo que sucede acá es que hay muchas curvas y recovecos para no pagar impuestos”.

Por su parte, Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, considera que la desesperación del Gobierno se ve en la intención de quererle “caer” a la clase media con más impuestos: “Eso demuestra el fracaso de la reforma de hace dos años, en la que les bajaron el impuesto de renta a los grandes empresarios del 33% al 25%, lo que le costó al fisco $8 billones. Ahí está el hueco. Si lo que necesitan es dinero, tienen que hacer lo lógico: ponerles impuestos a los que realmente pueden pagar y retirar las exenciones tributarias a las empresas mineras, banqueros y a las de servicios públicos”.

Por el lado de los gremios económicos, lo que se pide es “sincerarse” sobre las necesidades de recursos que tiene el país y poner de una vez por todas las propuestas sobre la mesa. “Los anuncios de austeridad son insuficientes, teniendo en cuenta el crecimiento del gasto de 6,4%. Tienen que hacer unos recortes mayores”, ha dicho Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Mientras que Ronald Bakalarz, presidente de la junta directiva de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), advirtió que no se pueden estar haciendo “minirreformas tributarias” para cubrir los faltantes en el presupuesto y que lo ideal es que esta sea pensada a largo plazo.

Por ejemplo, algunas propuestas de los sectores económicos hablan de mantener el impuesto al patrimonio, pero sin aumentar la tarifa ni la base. Asimismo, seguir con el 4 por mil, aumentar el IVA en un punto y, un tema clave, implementar una lucha frontal contra la evasión, que según reveló el director de la DIAN, Santiago Rojas, significa la pérdida de entre $20 y $30 billones. Incluso, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), planteó endurecer aún más las sanciones a los evasores: “Entre corrupción, contrabando y evasión, el desangre de las finanzas del país es muy grande”.

El miércoles pasado, al celebrar la aprobación por el Congreso del presupuesto nacional por $216,2 billones, el ministro Cárdenas señaló que este estaba anclado en los principios de austeridad en el funcionamiento, progresividad en la tributación y focalización en la inversión social. Pero lo cierto es que ese ‘hueco’ de $12,5 billones no es de poca monta y, por lo visto, al Gobierno le tocará hacer ‘maromas’ para equilibrar sus finanzas y tratar de cumplir con los compromisos y promesas de campaña.

 

@hgarciasegura

@hector_sandoval

Por Hugo García Segura, Héctor Sandoval

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