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El exministro de la Presidencia y ahora abogado de los ingenios azucareros –recientemente sancionados por configurar una cartelización que impedía la importación del azúcar– Néstor Humberto Martínez, se refirió este jueves a la multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), asegurando que se trata de una sanción excesiva.
De acuerdo con Martínez, las multas –que ascienden a los $320.000 millones– son de tal tamaño que se llevan las utilidades de la industria azucarera de los años 2014, 2013 y parte de 2012.
"Las multas son de tal tamaño que de un solo tajo se impone una sanción que se lleva las utilidades de toda la industria azucarera nacional que se obtuvieron en el año 2014, en 2013 y más del 50 % de las utilidades en el año 2012", explicó el exministro en diálogo con la emisora Blu Radio.
Las multas de la SIC son contra Asocaña, Ciamsa (CI Azúcares y Mineles), Dicsa (Desarrollos Industriales y Comerciales), Manuelita, Riopaila Castilla, Central Tumaco y los ingenios del Cauca, Providencia, La Cabaña, Pichichi, Risaralda, Carlos Sarmiento - Ingenio San Carlos, Carmelita y María Luisa.
Tales ingenios habrían incurrido en una conducta concertada, continuada y coordinada para obstruir importaciones de azúcar de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica con destino a Colombia. Manifiesta la SIC que los altos directivos de estas organizaciones colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron y toleraron dicha conducta anticompetitiva.
Lo anterior, luego de cinco años de investigaciones, indagaciones, entrevistas, cotejos y pesquisas que lograron determinar la cartelización empresarial en la que habrían incurrido los ingenios durante varios años.
“Los ingenios investigados han actuado coordinadamente y se han comportado en el mercado, en algunos casos, como un bloque, eliminando la competencia”. Dice la SIC que también que “se identificó que históricamente ha existido una preocupación constante por parte de los investigados, en relación con el azúcar proveniente de países con capacidad para exportar dicho producto hacia Colombia, lo cual ven como una amenaza”.
Al respecto, el abogado Martínez –que ejemplificó la situación advirtiendo que en el caso de Ciamsa, la multa corresponde casi al 50% de su patrimonio– sostuvo que espera que el superintendente reconsidere la millonaria sanción, tras el recurso de reposición que interpondrán los ingenios y que será resuelto en un término de dos meses.
“Son señalamientos que caen en el vacío y que carecen de prueba, lo cual lleva a que apelemos a la sensatez, al buen juicio y al sentido de responsabilidad de la autoridad que debe revisar esta decisión”, manifestó, asegurnado incluso que “no hay antecedentes en Colombia de una multa de esta naturaleza”.
El apoderado del sector azucarero desestimó los señalamientos sobre una cartelización del sector, explicando que "para que haya un cartel se necesita un acuerdo en los ingenios, la carta no demuestra existencia de los mismos”.
La Superintendencia pudo establecer que para contrarrestar la amenaza que suponía para los intereses de los ingenios la entrada al país de azúcar proveniente del exterior, "los investigados concibieron y ejecutaron deliberadamente una estrategia anticompetitiva, ilegal, encaminada a bloquear importaciones de azúcar a Colombia en general, para evitar que aumentara la oferta y disminuyera el precio interno que pagan los consumidores y la industria”.
Y, para sumar, la SIC encontró que era evidente “el interés de los investigados por asegurar y mantener el control sobre los excedentes de azúcar de los principales ingenios de la región para que no pudieran ser exportados a Colombia. Para este propósito, los investigados concibieron varias estrategias, incluso, la creación de empresas para adquirir excedentes regionales y evitar que éstos llegasen a Colombia”.
Las investigaciones sobre el presunto cartel iniciaron en 2010, cuando representantes de la Asociación de Agroindustriales del Bocadillo Veleño, Comestibles San Antonio, Coca-Cola Femsa, Bavaria, Coca-Cola Industria Nacional de Gaseosas, Aje Colombia, Nestlé de Colombia, Bimbo de Colombia, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Meals de Colombia S. A. y Casa Luker denunciaron la obstrucción de las importaciones del azúcar, que es una materia prima esencial para sus negocios.