El fantasma que persigue a las obras del túnel de La Línea no es precisamente por la falta de licencias ambientales que ha generado la suspensión de las obras en varias ocasiones, como ocurre hoy, sino por el incumplimiento de las exigencias de las autoridades ambientales.
Así quedó evidenciado ayer cuando la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, se vio obligada a recurrir a las autoridades policiales y militares para proteger los derechos de los habitantes de Calarcá (Quindío), quienes consideran que la quebrada San Rafael está siendo contaminada por el constructor, y evitar que se reanudaran los trabajos.
Muchos fueron los intentos que se hicieron durante las administraciones anteriores para lograr que por lo menos se abriera y adjudicara la licitación para la construcción del túnel de La Línea, un anhelo del país por más de 50 años.
Incluso en dos oportunidades la licitación fue declarada desierta por la falta de respaldo de las aseguradoras, a tal punto que fue necesario abandonar la propuesta inicial y optar por la construcción de un túnel piloto que permitió conocer los problemas geológicos, lo que dio paso a la licitación que entregó la ejecución de la obra por $629 mil millones al consorcio Segundo Bicentenario.
Pero antes de iniciarse los trabajos se presentaron muchos ataques al proyecto, precisamente por los problemas que podría suponer la obra para el abastecimiento de los acueductos de la zona, situación que nunca se presentó cuando se abrió el túnel piloto, que dio vía libre al túnel que hoy se ejecuta.
De acuerdo con la Cámara Colombiana de Infraestructura, este proyecto se tasó por debajo de lo proyectado, $912.000 millones, lo que en su tiempo fue criticado, ya que se podría generar un problema que evitara el desarrollo de la obras.
En varias ocasiones, el proyecto se ha paralizado por problemas ambientales y por dificultades económicas, las cuales fueron superadas con la inyección de más recursos durante el gobierno Uribe, pero hoy el obstáculo es el tema ambiental.
Actualmente, la historia del proyecto es más complicada, ya que, según la Contraloría General de la República, tiene un atraso considerable y los contratistas deben responder por más de los recursos entregados. Por esta situación la entidad vinculó mediante investigación al exministro de Transporte Andrés Uriel Gallego y a otros funcionarios de entonces, proceso que se encuentra vigente.
El ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, mantiene la suspensión de las actividades de construcción en uno de los tramos del túnel de La Línea. De acuerdo con el funcionario, la decisión se tomó después de una evaluación en la que se detectaron efectos negativos para el medio ambiente en la quebrada San Rafael, ubicada en la vía Ibagué-Armenia.
El Espectador intentó hablar con el interventor del contrato, pero él señaló que sólo se pronunciaría con autorización de Invías. Tampoco la entidad se refirió al tema.