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¿Qué fue lo que encontraron en las auditorías hechas en Sayco?
Contratamos a una empresa auditora llamada Deloitte y encontró que se pagaron $229 millones correspondientes a servicios prestados por una empresa llamada Servinteg, pero realmente no hay evidencia de que esos servicios se hayan prestado. Eso sucedió en medio de la intervención gubernamental. Encontró que un contrato firmado con esa empresa para realizar la gestión de recaudo cobraba una comisión de 11,25% cuando sobre lo recaudado antes le costaba a Sayco el 7%. Se encontró que ese contrato viola los estatutos en el capítulo 3, artículo 5, literal U, ya que se supera el monto de los 200 salarios mínimos legales vigentes y debió ser aprobado por el consejo directivo. Se encontró la violación a la Ley 44 de 1993, ya que el gerente no podía ejercer como miembro del consejo directivo.
Hubo una segunda auditoría de EY. ¿Ahí qué pasó?
Encontraron que hay $7.000 millones en cartera morosa sin planes para recuperarlos, $18.000 millones que no se encontraron clasificados y $470 millones girados a socios fallecidos, entre otras cosas.
¿Cuándo pasó todo eso?
Recuerde que el Gobierno hizo una intervención en Sayco, entonces uno no entiende a qué entró ese gerente interventor, si el escándalo era que la organización tenía muchas cosas malas, como en efecto las tiene. Pero el interventor no solamente no solucionó nada sino que agravó todo con ese contrato de Servinteg. La intervención gubernamental fue de agosto de 2012 a mayo de 2013. El 13 de abril de 2013 se firmó el contrato con Servinteg, en medio de la intervención.
¿Quién era el gerente nombrado por el Gobierno?
El Gobierno puso a una persona que hacía de gerente y de consejo directivo: Andrés Espinosa. Eso es lo más grave. Uno no entiende: ¿estalla el gran escándalo, el Gobierno interviene y pasan estas cosas?
¿Se le pidió un informe a esa administración?
No lo entregó, no rindió ningún informe, y eso que se le dio un plazo de mayo de 2013 a junio de 2013 para que lo hiciera. Al contrario, el 21 de junio, el doctor Guillermo Zea, un miembro del consejo directivo, recibió una llamada anónima y le hablaron de ese contrato de Servinteg. El señor Espinosa renunció el 21 de junio y el 27 de ese mes armó un escándalo en La W, diciendo que el consejo directivo de Sayco no quería la modernización del recaudo. Pero a él nunca le preguntaron en qué consistía esa modernización. Se suponía que lo habían contratado para acabar con las irregularidades y, al contrario, hizo un contrato con irregularidades. Por eso trajimos a Deloitte y nos dimos cuenta de todo esto.
¿Cuánto lleva usted como gerente?
Un año, y en ese tiempo hicimos estas investigaciones que damos a conocer. Que se sepa que es la primera vez en 68 años que Sayco dice: bueno, yo me confieso y digo qué problemas tengo. Pero quiero dejar claro, para que Colombia lo sepa, que la intervención gubernamental no solucionó nada y que nosotros lo estamos haciendo, porque vemos los errores y tenemos un plan trazado para los tres años restantes.
¿Van a formular cargos ante la Fiscalía?
Sí, una denuncia contra el contrato y contra el Estado por la responsabilidad civil, porque fue el Estado quien trajo a ese funcionario. Sayco instauró sendas denuncias penales contra 15 funcionarios y exfuncionarios encargados de las coordinaciones de informática, documentación y liquidación. Es una denuncia penal. Y también solicitamos la acción civil por la nulidad del contrato. Este señor además entregó recursos, violando la Decisión Andina 351 de 1993, por $2.337 millones. Por todo esto nos tienen que responder.