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A cuatro días de que se cumpla la vigencia del decreto 515 del 30 de marzo de 2016 —que prorrogó los efectos del decreto 456 de 2014, por el cual se establece un arancel ad valórem del 10 % más un arancel específico de US$5 por kilo bruto a productos textiles y de calzado, entre otros—, la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, anunció que este se extenderá hasta noviembre de 2016. (Lea: Contra los "reyes" del contrabando textil)
La decisión se toma en momentos en que técnicos de Colombia y Panamá definen en una mesa los procedimientos para llegar a un acuerdo de cara al fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), luego de que en 2013 el país vecino solicitara la celebración de consultas con Colombia por la imposición de ese arancel. “Si no se llega a un acuerdo, la OMC establecerá un árbitro para que se defina el procedimiento a seguir para cumplir lo establecido por ellos”, señaló Lacouture. El plazo que tiene este árbitro, explicó la ministra, es de seis meses. (Lea: La OMC rechaza apelaciones de Colombia en diferendo sobre textiles con Panamá)
La razón de Colombia para mantener las medidas es que se consideran necesarias para combatir el comercio ilícito y que las importaciones que resultaban afectadas por estas medidas eran, precisamente, de ese tipo porque se realizaban a precios “artificialmente bajos” con el fin de blanquear dinero.
No obstante, el grupo especial de la OMC determinó la incompatibilidad de los aranceles mixtos con las obligaciones de Colombia frente al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), señaló que eran más altos que los permitidos y que, a pesar de su fin, no eran necesarios. Esta decisión fue ratificada por el organismo de apelaciones de la OMC el pasado 7 de junio, empero, la recomendación de este fue que el país pusiera la medida “en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud de ese acuerdo”.
Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), considera que la expedición del decreto que estipula el arancel mixto ha tenido consecuencias negativas en el mercado, una caída de importaciones y el crecimiento del contrabando. Es decir, habría tenido un efecto contrario a su objetivo de luchar contra el comercio ilegal.
“Ese decreto ha beneficiado el contrabando y la informalidad, por lo que la prórroga sería inconveniente. Sin embargo, Colombia tiene que modificarlo, primero porque se vence y segundo, porque ya está la instrucción de la OMC para hacerlo. El decreto no tiene ninguna argumentación técnica”, expresa Visbal.
La explicación que da el ejecutivo frente a cómo afecta el decreto al comercio formal, es que si se crea un arancel, es más rentable para el que no lo paga. Asimismo, advirtió que la culpable de la caída de las importaciones no es China porque, por ejemplo, el ingreso de mercancía desde ese país cayó un 31 % y el par de zapatos provenientes de allá pasó de US$7 a US$10, mientras que en los países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales, el par de zapatos pasó de US$4 a US$3.
No obstante, Fenalco ya le había entregado una propuesta al Ministerio de Comercio con miras a que se tomara una decisión diferente a la prórroga del decreto hasta noviembre, en la que, además, se señala que con la vigencia de este lo que ocurrió fue una desviación de comercio “ante la presencia de elementos distorsionadores que incrementaron el contrabando y la informalidad”.
Lo que propone Fenalco es que para las confecciones se deje un umbral de US$10 por kilo y que por encima de este se fije un arancel ad valorem de 6 %. Por debajo del umbral se determine un ad valórem consolidado por la OMC u otro que no viole lo pactado.
Por el lado del calzado, se pide bajar el umbral a US$3 por par, para incorporar a la formalidad el segmento entre US$3 y US$5, que hoy, según los comerciantes, está mayoritariamente en la informalidad. Por encima de ese umbral piden fijar también un ad valorem del 6 % y por debajo uno del 35 %.
Y aunque con este decreto el Gobierno pretendía luchar contra el comercio informal, ayer se conoció cómo la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional (DIAN), junto a la Policía y las autoridades de Estados Unidos, lograron destapar una red de contrabando de textiles y calzado que servía para blanquear el dinero del cartel de Sinaloa, al certificar el origen de la mercancía en los países que tenían el TLC con Colombia para así entrarla al país.
¿Cuál fue el hueco? Precisamente el parágrafo del artículo 5 del decreto en cuestión, que excluye la aplicación de los aranceles mixtos a las importaciones “originarias de los países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales internacionales vigentes, siempre que las subpartidas arancelarias se encuentren negociadas, para lo cual se deberá presentar la prueba de origen que determine el respectivo acuerdo”.
Consultado sobre si habría alguna modificación del decreto, teniendo en cuenta el hallazgo de las autoridades y las peticiones de los comerciantes, el Ministerio de Comercio señaló que irá hasta noviembre tal y como está ahora. Asimismo, se quedará a la espera de lo que decida un árbitro de la OMC para acatar el fallo que tumbó, por el momento, las intenciones de Colombia con la medida.