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Cerca del 60% de los planes de ordenamiento territorial en el país no abordan asuntos de la actividad agropecuaria o la explotación de recursos naturales, y cerca del 58% de las inversiones en el campo las hace solo el sector de agricultura. Los datos, resaltados por Ángela Penagos, directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural-Rimisp Colombia, podría decirse, señalan algunos de los retos de las normas y las instituciones en Colombia.
El tema ocupó a los participantes del seminario Tierra y Paz Territorial que terminó este jueves en Bogotá, en la Universidad Nacional. Según Penagos, es necesario fortalecer los vínculos entre la ciudad y el campo, de manera que fluyan los bienes y servicios y que, en últimas, se pueda generar más valor e ingresos a través de producciones distintas a la primaria. En promedio, los municipios rurales y rurales dispersos están a 81 kilómetros de lo que se denomina un “nodo dinamizador”: una ciudad, una ciudad intermedia o un centro por estilo.
Otro de los desafíos a los que se enfrentan las instituciones nacionales podría tener que ver con ser accesibles y confiables para los ciudadanos. De acuerdo con Rocío Peña, investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, organizador del seminario, la institucionalidad colombiana “ha sido fundamental para el despojo legalizado de las tierras”. Es decir, muchos de los que han legalizado sus despojos se han valido sofisticadamente de las normas y aprovechado su mayor facilidad para acceder a la información.
La investigación de Peña y su equipo, realizada con base en sentencias de restitución de tierras y literatura, también dio cuenta de que la política ha tenido un sesgo en favor de la agroindustria y de que la estructura institucional muchas veces no ha representado lo suficiente a los campesinos o no ha permitido que al Estado lleguen sus demandas. “Hicimos un barrido de las normas jurídicas que se expidieron desde 1991 y todas van hacia el desarrollo agroindustrial”, explicó Peña.
De acuerdo con ella, quien hace parte de uno de los grupos de ciudadanos que demandaron por inconstitucionalidad la ley de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, zidres, esa nueva figura pone en riesgo la posibilidad de dotar de tierra a los campesinos pobres. El argumento con el que gremios de la producción y el Gobierno han defendido la norma es que ésta busca llevar el desarrollo a zonas pobres, con baja densidad poblaciones, apartadas y en donde la tierra es muy costosa de adecuar.
Asimismo, las zidres rompen con la figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es el máximo de tierra que se puede tener. Esa es una de las grandes virtudes que la ley tiene para la Sociedad de Agricultores de Colombia. De acuerdo con Luis Fernando Forero, secretario general de ese gremio, “establecer hasta dónde puedo llegar a crecer es una condena a la pobreza. Las zidres son un instrumento que permite el desarrollo incluyente, social y un estímulo a la asociatividad”.
En diálogo con este diario, el profesor de la Universidad de Toronto y miembro de la Misión para la Transformación del Campo, Albert Berry, reconoció que cree en el éxito de imponer ese tipo de límites: “son niveles que implican el acceso a todo el mundo. Japón también tiene esta historia (de poner topes a la cantidad de tierra) y ha aumentado el límite en la medida que la gente sale del campo al sector manufacturero”, explicó.
Berry asimismo se refirió a la competencia que por lo general se establece entre la gran agroindustria y la agricultura familiar. El académico confía en los beneficios de esta última, pues no sólo es una fuente de empleo sino una forma de generar valor: “lo que producen pequeños (agricultores), como lechugas y café, históricamente es mucho más eficiente, altamente rentable, en comparación con lo extensivo”, agregó.
En el encuentro también hubo consenso en que la institucionalidad tiene retos técnicos, para llevar a cabo el catastro rural multipropósito. Para este se estipuló una inversión de $2,6 billones de 2016 a 2023 en un documento Conpes este año. La estrategia es clave para clarificar la propiedad de la tierra y establecer la magnitud de los baldíos de la Nación, y tiene implicaciones fiscales como permitir cobrar un predial con base en información actualizada. Según el Gobierno, irá de la mano con el plan de formalización que ha anunciado la nueva Agencia Nacional de Tierras.
Los desafíos del Estado, que ha reconocido tener que saldar deudas históricas con el campo, parecen complejizarse ahora que la incertidumbre ronda a la gran apuesta de la reforma rural integral, contenida en los acuerdos de La Habana. Tanto expertos como Gobierno coinciden en que independientemente de eso, algunas acciones se han puesto en marcha, desde el 2001 con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el censo nacional agropecuario, la reforma institucional que creó tres nuevas agencias estatales en el sector, entre otros.