La Contraloría General de la República evaluó la gestión del proceso de administración y control de los depósitos judiciales y, como resultado de esta auditoría, estableció 23 hallazgos; 8 con incidencia disciplinaria y 3 con posible connotación fiscal por un presunto detrimento patrimonial por 3.167 millones de pesos.
Esta Auditoría incluyó el examen del proceso de Depósitos Judiciales al Consejo Superior de la Judicatura y Banco Agrario de Colombia, lo mismo que a otras dos entidades del Estado: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Instituto de los Seguros Sociales (ISS), en este caso en calidad de demandados, o sea como usuarios de la administración de justicia dentro de los diferentes procesos que se adelantan en su contra, destaca el informe de prensa de la entidas de control de las finanzas públicas.
Se trato de una Auditoria Intersectorial, como tal realizada conjuntamente por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y la Contraloría Delegada para Defensa, Justicia y Seguridad.
Dentro de este informe se advierten hechos preocupantes en cuanto al manejo de los depósitos judiciales que dejan ver la inexistencia de una información cierta, veraz y oportuna conciliada entre los datos que tiene el Consejo Superior de la Judicatura y el Banco Agrario, advierte el informe de prensa.
El Consejo Superior de la Judicatura, que tiene las funciones de regular, asesorar y controlar los depósitos judiciales no dispone de un proceso que consolide, registre y actualice la operación de los depósitos judiciales, administrados por los Despachos Judiciales.
El Consejo Superior de la Judicatura desconoce los títulos judiciales que tiene y por ello debe atenerse a la información que le entrega el Banco Agrario, única entidad habilitada para recibir depósitos judiciales.
El informe de prensa indicó que visitados 22 despachos judiciales en Bogotá se encontró que el 81.8% de los despachos encuestados no tienen relación basada en la antigüedad de la constitución de los depósitos, o que el 77.2% manifiesta que no recibieron el despacho con inventario físico de los depósitos y no tienen conciliación de los mismos contra los extractos bancarios.
Cuentas judiciales
Dice el informe que de una muestra de 315 cuentas judiciales inactivas en el Banco Agrario, hay 139 cuentas judiciales que muestran un valor de 7.2 billones de pesos que no se han depurado. Se desconocen los procesos judiciales a los cuales corresponden estos dineros, contempla el estudio de la Contraloría.
Existen expedientes archivados por terminación definitiva con sentencia ejecutoriada, y sin embargo aparecen unos depósitos a nombre de juzgados que ya no existen, o que se trasladaron o que el proceso fue repartido a otro juzgado.
Igualmente hay 114 cuentas en donde hay depósitos por 2.5 billones de pesos en donde no se encontraron soportes para saber por qué se encuentran inactivas.
Hay 10 cuentas que tienen depósitos por 197 millones de pesos en los cuales el Consejo Superior de la Judicatura o los despachos judiciales manifestaron haber solicitado la conversión a títulos judiciales y no se encontraron los soportes de dicha solicitud.
Cobro irregular en el ISS
El caso del ISS como entidad demandada presenta también una situación preocupante en esta materia. La entidad no cuenta con un sistema de administración operante y no se evidenció en varios casos gestión eficaz de los abogados del ISS como parte demandada para solicitar el levantamiento de embargos en exceso o para la recuperación de remanentes. Esto ha permitido el cobro irregular de títulos judiciales. La entidad tampoco tiene suficiente control de las cuentas que se abren a su nombre, precisa el informe de prensa.
Asimismo, los remanentes o pagos de las sentencias con los recursos embargados no son descontados del respectivo embargo de origen tanto así que entre las cuentas del Banco Agrario analizadas y lo que registra el ISS se encontró una diferencia de 1.090 millones de pesos.
revela el informe de la Contraloría que se detectó también la apertura de una cuenta de ahorros a nombre del ISS que estuvo activa por casi 4 años y de la cual se retiraron al parecer de manera ilícita 2.437 millones de pesos.
Panorama preocupante
Este primer análisis del panorama de los depósitos judiciales, contrastado de manera intersectorial con los diferentes actores, permite a la Contraloría General de la República evidenciar un panorama preocupante, que se presta a lo largo y ancho del país para que se dispongan de estos dineros que son cuantiosos sin que existan mayores controles y seguridades.
La Contraloría hará seguimiento a los distintos despachos judiciales para seguir profundizando en este control fiscal.