:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/nQ1BYGf6KagHnKluDHv3UpEpWBk=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/5VGL5M7XKRC3BARIOXV53V6J7Y.jpg)
A pesar de que el paro agropecuario completa hoy su décimo día en relativa calma, los representantes del Ministerio de Agricultura y de Dignidad Agropecuaria no lograron ponerse de acuerdo en asuntos como refinanciación de deudas, precio de los agroinsumos, tratados de libre comercio y relación entre minería y medio ambiente. Esto los llevó a pararse de la mesa por segunda vez en menos de diez días. Por esta razón, las conversaciones se retomarán la próxima semana y el Gobierno se dedicará por lo pronto a hablar con otras organizaciones autónomas de productores paneleros y cafeteros.
“Terminamos la jornada y no cerramos el tema del crédito. Quedaron dos puntos en los que ellos (las Dignidades) buscan asegurarse y que consisten en el valor al que debe venderse la cartera del Banco Agrario a Finagro y en cómo funciona la acumulación de obligaciones de hasta $20 millones. Queda faltando una consulta jurídica”, dijo a este diario el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, quien contó que el viceministro de Desarrollo Rural, Aníbal Fernández de Soto, también dialogó en el Ministerio del Interior con representantes de la Cumbre Agraria y con organizaciones indígenas.
Lizarralde reiteró que “hemos cumplido un 70% de los compromisos adquiridos en las mesas de negociación. A veces las cosas no andan al ritmo que uno quisiera. Nos queda un 28% de los acuerdos en proceso y un 2% que no hemos cumplido”.
El pasado 27 de abril, el Gobierno había anunciado que iba a refinanciar las deudas de 80.000 productores hasta por $20 millones, ampliando el plazo de pago hasta 10 años (los primeros tres años, sin intereses). Se estableció que del cuarto año en adelante las obligaciones se cumplirían con una tasa del 4% efectivo anual.
Sin embargo, en las reuniones de los últimos días con Dignidad Agropecuaria se dispuso que las deudas por el monto mencionado tendrán un plazo de 10 años para pagarse sin intereses.
Además, el Ministerio de Agricultura estipuló que los campesinos tendrán cinco años de gracia para que así empiecen a hacer abonos a capital desde el quinto año. Según Lizarralde, estos alivios representan al Ejecutivo cerca de $300.000 millones. “La refinanciación otorga un plazo suficiente para que los productores puedan recuperarse económicamente y honrar sus deudas”.
En días pasados, las Dignidades pidieron al Gobierno que cobijara deudas por hasta $300 millones, para que así el alivio se extendiera a la mayoría de los agricultores. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó esta petición.
En cuanto a la reducción del precio de los agroinsumos, tema en el que han insistido las dignidades desde los paros del año pasado, el Gobierno sostiene que les ha cumplido a los campesinos con la eliminación de aranceles para la compra de estos productos (lo anterior está consignado en el Decreto 1989 de 2013) y con la conformación de una comisión intersectorial que monitorea el valor de los mismos.
Asimismo anunció recientemente una estrategia para realizar compras masivas de insumos con el fin de evitar la intermediación excesiva en el mercado, lo cual ha llevado a que estos productos sean cerca de un 35% más costosos. Lizarralde dijo que el propósito es que gremios, asociaciones e incluso las dignidades compren y distribuyan directamente fertilizantes y plaguicidas en todo el país. “El Ministerio garantizará los esquemas de financiación”.
“En el acta firmada en Huila se acordó reducir en 30% el costo de los insumos. La posición del Gobierno es que nos asociemos, que nos prestan una plata y que nos volvamos importadores”, señaló César Pachón, líder de Dignidad Agropecuaria. Sin embargo, el ministro de Agricultura aseguró recientemente a este diario que en el documento firmado en ese departamento lo que se acordó fue estudiar la posibilidad de dar el subsidio a estos productos.
En cuanto al punto de libre comercio, Pachón contó que las Dignidades pretenden que las salvaguardias que el Gobierno aprobó por dos años, para restringir la importación de productos como cebolla, fríjol, leche, lactosuero, queso fresco, tomate, arveja, papa fresca y pera desde países de la Comunidad Andina y Mercosur, también sean aplicadas a los tratados comerciales que firmó Colombia con Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que con paros no se va a modificar el modelo económico actual.
En cuanto al asunto de la minería y el medio ambiente, que pretenden tratar las Dignidades con el Gobierno, Pachón contó que la idea es que el Estado haga consultas populares en las regiones, para que así los habitantes decidan si los proyectos mineros pueden ingresar a sus territorios.
“El paro es un tema complicado y tengo la sensación de que lo que está pasando tiene que ver con un tema político aprovechando la coyuntura de elecciones dentro de 18 días. Se está tratando de animar un paro cuya justificación no es tan clara en este momento. La política agropecuaria de largo y mediano plazo no se hace con paros y subsidios”, sostuvo el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar.
Por lo pronto, y con la Cumbre Agraria sumada a las movilizaciones, entre los líderes de Dignidad Agropecuaria se asegura que mientras el Gobierno no dé trámite a los cuatro puntos que están sobre la mesa, no se pondrá punto final a la protesta campesina.