Dirigentes gremiales, presidentes de grandes bancos, empresarios, constructores, financistas. Fue un gran número de personas el que recibió con los brazos abiertos las más de 20 medidas que el Gobierno consignó en su Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe), el programa que demandará inversiones por $5,03 billones y con el que se espera generar un punto de crecimiento del PIB (alrededor de $7 billones) y 350.000 empleos.
Pero una vez pasada la algarabía del anuncio, los economistas comienzan a diseccionar el plan y a hacer cuentas. De acuerdo con sus proyecciones, a pesar de la buena recepción del paquete de medidas (que se da justo en época preelectoral), no hay consenso sobre la efectividad que podrían tener al cabo de un año.
“Es muy probable que la generación de empleo se dé en el sector de vivienda, pero no tanto en la industria. En materia arancelaria, el Gobierno simplemente adelantó la suspensión del pago de parafiscales, pero ese cálculo ya lo tenían previsto los empresarios; es más, son decisiones que apuntan a elevar la productividad, pero no necesariamente crearán puestos de trabajos”, comenta José Manuel Restrepo, rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa).
El principal monto de inversión se destinará al sector vivienda, con $2,13 billones y acuerdos con el sector financiero para disminuir la tasa de interés de vivienda de niveles de 12% a 7% para nuevas viviendas en precios entre $80 y $200 millones; sin embargo, la fórmula concebida (una rebaja de 5% entre las partes) no convence.
“Estamos hablando de una caída en las tasas a través de subsidios y no de medidas más eficientes, como disminución de impuestos al cemento para incentivar la construcción de vivienda y de obras civiles. Es igual en sectores como infraestructura o industria”, comenta Salomón Kalmanovitz, decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para quien es un mal síntoma la baja inversión que se realizará en el sector de infraestructura ($711.000 millones): “No es claro que de esa forma se inviertan $5 billones y se obtenga un crecimiento de $7 billones”.
Otra de las medidas que han llamado la atención es el llamado a los fondos de pensiones para que aumenten sus ahorros en dólares en el extranjero, al igual que mantener en mercados externos los intereses generados por regalías. Con ella, el Gobierno busca crear no sólo una demanda de US$5.000 millones, sino aumentar la tasa de cambio para favorecer a la industria.
De nuevo, la eficacia de esta estrategia genera dudas. “La principal causa de la apreciación del peso es que las empresas siguen endeudándose en el extranjero. Las tasas de interés del crédito preferencial siguen siendo muy altas y no hay competencia para bajar esos costos. No hay medidas significativas en este campo”, sostiene César Ferrari, PhD. en Economía y catedrático de la Universidad Javeriana; en su opinión, se está generando, al mismo tiempo, una contradicción: “Se incentiva la salida de capitales y se aminora la inversión disponible para proyectos de inversión que, a la larga, son los que impulsan el crecimiento”.
A pesar de estas dudas, el Ejecutivo confía en que el plan cuenta con medidas que “reducen los costos y garantizan mejores condiciones para la producción y el desarrollo”, como lo consignó Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, en Twitter. Pero los cálculos de los expertos señalan que el país estaría enfrentándose a síntomas de una enfermedad estructural.
“El peso es la moneda más apreciada de la región, y la bolsa, la que más ha caído. Se está acabando la euforia en el país que tuvieron los fondos de inversión extranjeros”, dice Kalmanovitz.