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La sanción de $320.000 millones que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les impuso a 14 empresas del sector azucarero y a Asocaña por lo que el ente regulador había advertido era una cartelización empresarial usada para obstruir importaciones de azúcar y, por esta misma ruta, elevar el precio del alimento, tiene molestos, y hasta el fondo, a todos los gremios de producción del país.
Ayer, el Consejo Gremial Nacional (CGN), que agrupa a Acolfa, Acopi, Acoplásticos, Andi, Analdex, Andesco, Asobancaria, Asocolflores, Asofondos, Asofiduciarias, Asocaña, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Fedepalma, Fasecolda, Fedegán, Fenalco y SAC, le añadió un nuevo punto al debate, que, además de ser una voz airada de protesta contra la SIC por la sanción, busca frenar los nuevos dientes que está buscando el superintendente Pablo Felipe Robledo para multar a quienes vayan contra la ley.
“A raíz de la reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio en el sector azucarero, consideramos conveniente que el país dé un debate sobre el monto de las sanciones que imponen los entes administrativos en ejercicio de funciones jurisdiccionales y de los efectos de las mismas sobre el ejercicio del derecho de asociación que llevan a cabo los gremios económicos. Este debate debe pasar por los procedimientos de defensa, descargos, apelaciones y recursos: la segunda instancia en estos casos debería estar en cabeza de una entidad independiente a la que decide”, reza el reclamo del CGN, con cara, además, de propuesta.
Acto seguido, detallan que una sanción que supere los $30.000 millones (Asocaña tendrá que pagar $30.470 millones) “hace inviable el quehacer de una asociación gremial y pone en duda su viabilidad hacia el futuro”. Por lo cual piden con urgencia que tenga lugar dicha discusión, pues en la lista de proyectos de ley para debatir en el Congreso está el 038 de 2015, que es precisamente el que pretende darle más herramientas a la SIC, por ejemplo, en materia sancionatoria.
Si ese texto, redactado por el equipo del superintendente Robledo, llegase a recibir el espaldarazo del Legislativo, le daría al ente regulador cinco criterios para sancionar: “1. Los ingresos operacionales del infractor en el año fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción. En este evento, la sanción no podrá exceder el 10% de dichos ingresos. 2. El patrimonio del infractor en el año fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción. En este evento, la sanción no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor de dicho patrimonio”.
El 3 dice: “Las ventas del infractor en relación con los productos o servicios sobre los que recayó la práctica comercial restrictiva. En este evento, la sanción no podrá exceder el 30% de las ventas correspondientes al período durante el cual la infracción se haya ejecutado. 4. Un monto en salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo del infractor. En este evento, la sanción no podrá exceder cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 5. El valor del contrato estatal en los casos de prácticas comerciales restrictivas que afecten o puedan afectar procesos de contratación pública. En este caso, la multa no podrá exceder 30% del valor del contrato”.
Un detalle más aparece en el proyecto de ley y tiene inquietos a los gremios: “Cuando fuere posible cuantificar las utilidades percibidas por el infractor derivadas de la conducta, la SIC podrá imponer como sanción hasta el 300% del valor de la utilidad”. Esto, claro, siempre que dicho porcentaje fuere superior al mayor de los límites establecidos en los cinco puntos.
Por eso el CGN critica el proyecto de ley 038 repetidamente: “Encontramos que se le otorgan amplias facultades a la SIC que merecen ser estudiadas y debatidas a la luz del equilibrio institucional. Si bien es deseable una autoridad de competencia sólida e independiente, también es importante que la SIC, cuyos objetivos son de inspección, vigilancia y control, no se sobreponga a los objetivos de determinación de política pública que tienen otros entes de la Trama Ejecutiva o a los objetivos de instrucción criminal y de juzgamiento que tienen entes como la Fiscalía y los jueces en materia penal”.
Mientras tanto ayer el senador Carlos Fernando Motoa dijo que se ponían en riesgo empleos en el Valle como consecuencia de la sanción. Es así como se está escribiendo un nuevo capítulo en este duro pulso que libran empresarios contra la SIC y que tiene a Asocaña en el medio, edificando su propia defensa, pues Luis Fernando Londoño Capurro, su presidente, manifestó en Caracol Radio que no existían pruebas en su contra para sancionarlo. Sin embargo fue claro al decir que “yo respondo por mis propios actos en Asocaña, no respondo por los demás. El hecho que le endilgan a Asocaña no existe”.
Londoño advirtió además que Germán Bacca, quien hasta hace poco era el superintendente delegado para la Protección de la Competencia y estuvo detrás de la investigación y redacción del informe, “venía de ser el apoderado de Casa Luker (uno de los denunciantes del elevado precio del azúcar). Eso por lo menos es inmoral; debió declararse impedido y no lo hizo. Es una falta a la ética. Una parte interesada en que sancionaran a los ingenios, usando todas las fuerzas de lucha, usando la SIC para bajar el precio del azúcar para las multinacionales”.
Por eso El Espectador habló con Bacca, quien explicó en detalle que efectivamente hizo parte del equipo de abogados de Casa Luker, pero recalcó que eso fue mucho antes de lo que se está asegurando. También dejó claro que hubiera dado un paso al costado si la ley así se lo exigiera, pero no tuvo inconveniente en seguir con la investigación porque había dejado su cargo mucho antes de entrar al equipo que realizó las indagaciones en contra de los ingenios y su gremio.