Las presiones políticas y económicas de los empresarios de la Costa Caribe dieron sus frutos. Anoche el ministro de Minas, Tomás González, anunció que, como habían pedido senadores y empresarios de esa región, el WTI será indexado a la fórmula con la que se fijan los precios del gas en la región para el sector industrial.
“La decisión que se tomó es que esta referencia de petróleo tenga un peso en el indexador del 35 % y que sea estable en lo que queda de vida de los contratos que ya están firmados. Con esta medida se va a abrir la posibilidad para que las diferencias de precios que existen hoy entre el Caribe y el centro del país –entendiendo esa diferencia como la suma del gas y el transporte– se cierren”, explicó González.
De acuerdo con César Lorduy, miembro de la junta directiva de la Andi en Barranquilla, la decisión del Ejecutivo significa un “ahorro o disminución de un 24 % en la tarifa, que representa un 6 %, que era lo mínimo que se incrementaría para el año próximo, y 18 % que se negoció”. También manifestó que la diferencia de precios en ambas zonas de Colombia queda en US$20 centavos por btu (unidad de medida de energía inglesa). Hasta ayer, esa diferencia superaba un dólar.
Sin embargo, el debate se puede analizar desde dos aristas: la de los consumidores industriales, que se quejan del alto precio, y la de los productores, quienes señalaron que la fórmula ha sido modificada en tres oportunidades por presión de los primeros, en detrimento de la estabilidad jurídica de las empresas y la llegada de inversión extranjera.
El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, rechazó tajantemente el anuncio hecho por el Ejecutivo y aseguró que los industriales de la región Caribe “están promoviendo una política de bandazos en los precios del gas natural, que genera desconcierto en los inversionistas y pone en entredicho las inversiones que el país requiere para impulsar la oferta y la demanda”.
Por su parte, el exministro de Minas Amylkar Acosta cuestionó el hecho de que la fórmula no fuera configurada de acuerdo con las realidades actuales de abastecimiento del hidrocarburo. Entre ellas, el aumento de la demanda y los precios por parte de las centrales térmicas, la dinámica de la inflación y el declive natural de los campos de La Guajira.
“Lo que resulta perverso es que existiera una fórmula, un indexador, para fijar un precio, como si estuviéramos en un mercado en competencia, cuando no lo hay; existe un duopolio. En condiciones de escasez, los que componen el oligopolio terminan imponiendo el precio. En esas circunstancias es cuando el Estado debe intervenir”, aclaró Acosta.
Entre tanto, el otro problema relacionado con las restricciones de la infraestructura de transporte de gas también será solucionado. Luego de la reunión, el jefe de la cartera de Minas y Energía manifestó que el proyecto se llevará a cabo en dos fases. “En la primera hay que hacer obras de comprensión que nos permitan llevar gas en el sentido contrario que tiene el tubo y poder hacer la conexión entre este sistema y el de la Costa. Estimamos que esto esté listo para cuando se haga la siguiente ronda de negociación, que va a ser más o menos en un año”.
El último compromiso con el que González apagó el “incendió” que se le armó, después del aumento de las tarifas de energía que se aplicará a partir de hoy, fue que los 22 millones de pies cúbicos con los que no contaba Cartagena serán suministrados.
En esta decisión —como quedó en evidencia con la carta enviada por el alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en la que le recordaron al presidente Santos que la región Caribe es fiel simpatizante de su gobierno y protagonista de su reelección— priman los factores políticos sobre los técnicos.