La historia del Parador de Buga, la historia judicial del reconocido parador turístico de 12.000 metros cuadrados, con piscinas, cabañas y fama, mucha fama, incluso internacional, tiene al Estado pasando afugias económicas, contra las cuerdas sin poder moverse y pasando uno de los tragos más amargos. Todo porque lo que empezó con una simple expropiación para trazar una carretera, se volvió un cargado proceso jurídico en el que el país va a tener que sacar una millonaria suma de dinero para cumplir con la sentencia a favor de la familia reclamante del Valle.
Pero, ¿quiénes son los protagonistas? La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI, antiguo Inco), por un lado, y la familia Grajales Patiño (Ángel Grajales y Cruz Helena Patiño), por el otro. Y en la mitad aparece toda una telaraña de protagonistas que, como en un acto teatral de Broadway, entran y salen de escena: la jueza Norella Acosta Tenorio, el señor Carlos Andrés Grajales Gamba –hijo extramatrimonial de Ángel Grajales–, peritos, abogados, fiscales, magistrados, hermanos de unos y hermanos de otros. Es toda una novela.
Todo comenzó cuando en el trazado de la concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, la carretera debía pasar por el lugar donde estaba ubicado el predio Parador de Buga, propiedad de la familia Grajales Patiño. El Estado adelantó el proceso de expropiación. La Lonja del Valle lo valoró en $2.100 millones y, como en todo proceso de expropiación judicial, quedó abierta la posibilidad de que el juez que lleva el caso pidiera tres avalúos, hechos por peritos, de donde finalmente se desprende el pago final.
Ahí apareció sobre las tablas la jueza Norella Acosta Tenorio, quien recibió el caso en el Juzgado Segundo Civil del circuito de Buga. Ella ordenó los tres avalúos, como dice la ley, pero uno salió por $15.000 millones, el otro por $16.000 millones y uno más por $18.000 millones. ¿Por qué la diferencia? De acuerdo con los avaluadores que consultó la jueza, la Lonja no había tenido en cuenta variables como el valor de la marca del establecimiento de comercio, el good will, el know how, la puesta en marcha y el lucro cesante. Pero eso, para el Inco, ahora ANI, no procedía, porque en este tipo de procesos la ley dice que no se deben tener en cuenta esos ítems.
“Fuimos a la Procuraduría, al Consejo Superior y a la Fiscalía. La Procuraduría del Valle acoge nuestro criterio y le interpone una tutela a la jueza y le dice que está haciendo mal el proceso de expropiación por el avalúo. Esa tutela falla a favor del Estado. Y esa tutela le dice a la jueza que tiene que volver a hacer el proceso del avalúo”, cuenta uno de los abogados del proceso.
La ANI entonces advirtió que eran equivocados y, lo más grave, que ninguno de esos tres peritazgos había sido aprobado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, razón por la cual no tenían validez. La jueza los volvió a ordenar y terminó fallando sobre uno de $15.250 millones, sentenciando al Estado a pagar la elevada suma.
Capítulo a capítulo
Los dueños del predio eran el señor Ángel Jaime Grajales y su esposa Cruz Helena Patiño de Grajales. Con ella tuvo varios hijos, entre ellos Jaime Grajales Patiño, pero el inquieto empresario también vio nacer a otros hijos por fuera del matrimonio, entre ellos Carlos Andrés Grajales. Cuando comenzó el proceso de expropiación, Jaime, quien vivía en Estados Unidos, tomó la decisión de viajar a Colombia. Su hermanastro, Carlos Andrés, ya estaba al tanto y fue cuando todos aparecieron sobre las tablas. La razón: don Ángel Jaime Grajales padecía de alzhéimer.
Sin que el resto de la familia lo notara, Carlos Andrés, dicen los expedientes judiciales, hizo que su padre le firmara un poder para representarlo en el proceso y recibir la plata de la indemnización. El poder entró al caso que llevaba la jueza Norella Acosta Tenorio. La historia empezó a ponerse color de hormiga cuando Jaime, en una de varias declaraciones a la Fiscalía donde denunciaba a su hermanastro por dicha maniobra, aseguró que por decisión de Carlos Andrés, le habían pagado $30 millones a la jueza y, además, advirtió que habían destinado “$15 millones para darles a los peritos”. Entonces fue cuando se confirmó cómo habían configurado la trama para elevar el precio de la propiedad.
Mientras tanto, la ANI seguía peleando para que no se tuvieran en cuenta los avalúos usados por la jueza Norella Acosta Tenorio. Pero, como si fuera un árbol, al caso le apareció una nueva rama. Comenzó el proceso que le pusieron Cruz Helena Patiño y Jaime Grajales por estafa a Carlos Andrés en la fiscalía primera seccional de Cundinamarca. El fiscal ordenó interceptar el teléfono de Carlos Andrés y las sorpresas apenas comenzaban.
Dicho fiscal viajó a Buga para hablar con la jueza y decirle que no fuera a confirmar el pago porque había un delito: el dueño del lote estaba enfermo, tenía alzhéimer y le habían hecho firmar sin su consentimiento el poder. Habló el fiscal con la jueza en el despacho en Buga y cuando salió de la oficina recibió una llamada de la Dijín para alertarlo por su seguridad. Se dio a entender en la investigación que por medio de las interceptaciones, los investigadores de la Policía identificaron que la jueza, la que había fallado el caso en contra del Estado por los más de $15.000 millones, acababa de llamar a contarle a Carlos Andrés Grajales, la parte interesada y beneficiaria, que había un fiscal de Bogotá indagando. “Como que quiere buscar algo”, dijo la jueza, según reza la transcripción judicial de las llamadas interceptadas.
Jaime, quien además de denunciar a su hermanastro también había denunciado a la jueza, asegurando que sabía de reuniones entre ellos dos para fraguar el fraude en el proceso de expropiación, terminó asesinado. Lo demás ha sido un sinnúmero de reclamaciones de la ANI buscando frenar el pago, en distintas instancias, incluso en la Corte Constitucional, teniendo en cuenta la serie de pruebas en contra de la jueza de Buga, Norella Acosta Tenorio. “Pero no ha pasado nada”, dice otro de los abogados.
Del representante y el presidente
Este caso, que fue detallado por Daniel Coronell en su columna de la revista Semana, tiene hoy enfrentado a Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, con Mario Iguarán, exfiscal general de la Nación, ahora representante de la familia Grajales, pero de la parte de Cruz Helena Patiño y sus hijos. “Es gente buena, gente humilde”, dice Iguarán a El Espectador. Y apunta: “Pero no los hemos representado en el proceso penal, ni en el civil, sino ahora último cuando el proceso llegó a la Corte Constitucional porque la ANI promovió una acción de tutela con el propósito de no pagar la indemnización ordenada por un juzgado de Buga”.
Y agrega que la legalidad de ese fallo fue revisada por la sala civil del Tribunal y por la sala de casación civil de la Corte Suprema. “El avalúo con el que se dicta sentencia, independientemente de que existan suspicacias o elementos que lleven a revisar y a preguntar dentro de un proceso penal el proceder de la jueza, lo que hay que decir es que el avalúo que se acoge finalmente se da después de que el Tribunal ordenó que se aclarara y modificara un dictamen, y el juzgado solicitó al Agustín Codazzi un nuevo perito”. Sin embargo, la ANI advierte de nuevo que ningún avalúo fue chequeado por el Agustín Codazzi.
En esta extensa novela le acaban de meter una denuncia por fraude a resolución judicial a Andrade, advirtiendo que no ha cumplido la sentencia que ordena el pago de la plata. Esta semana que entra, abogados de la ANI irán nuevamente a la Fiscalía a volver a contar el cuento, de comienzo a fin, buscando que imputen cargos y el proceso no obligue al Estado colombiano a pagar los $34.000 millones en los que ya va el caso sumando intereses.
Hay esperanza en una última audiencia, fechada para el 27 de junio ante el Juzgado 50 Penal del circuito. Ahí se debe resolver, con la doctora María Méndez Molina, si finalmente hay imputación de cargos y por esa razón se tenga en cuenta que los avalúos no cumplieron la ley como dice la ANI, o si, al contrario, en definitiva el Estado se tendrá que meter la mano al bolsillo y desembolsar.
Ahora, y como en todas las novelas, en el último acto, Luis Fernando Andrade, en conversación con El Espectador, aparece en escena para dejar claro que “somos respetuosos de la ley y la tenemos que cumplir. En este momento esa sentencia está en firme y nos vemos en la obligación de pagar. De hecho, ya le hicimos una oferta de pago a la contraparte”. Pero recalcó que “siempre hemos estado en desacuerdo con la forma como se valoró ese inmueble, porque usaron una metodología distinta a lo que decía la ley... El avalúo y la metodología que usó la jueza fueron en contra de las reglas”.
Y recuerda que el miembro asesinado de la familia Grajales, en su momento, denunció que la jueza estaba pidiendo una comisión y trabajando de la mano de otro miembro de la familia (Carlos Andrés) que se quería quedar con la plata. “Nosotros nos enteramos de todo esto y es cuando todo encaja: uso de metodología inadecuada que sobrevalora el inmueble. Pedimos con la tutela ante la Corte que se revisara la decisión”. Pero eso ya es historia. La ANI ofreció pagarles con títulos del Gobierno colombiano y “estamos esperando la respuesta de ellos”.
Ahora, la alarma de Andrade, de la ANI y del Gobierno en general, es que si en este caso se termina haciendo el pago, queda abierta la posibilidad de que cada vez que se haga una expropiación, la parte afectada pueda inflar los avalúos y de esa forma adelgazar las finanzas del Estado y frenar la construcción de carreteras. “Nos preocupa, porque es un precedente. En la mayoría de los casos hay mucho menos evidencia, en este caso hay mucha y si en un caso como este, donde hay grabaciones, denuncias de personas que luego son asesinadas y que es claro que hay irregularidades en la metodología de avalúo, se mantiene la obligación de hacer un pago, pues imagínese en otros casos. Nos preocupa mucha el precedente. Lo hemos denunciado y no vemos ninguna acción”.