El círculo vicioso de Electricaribe

Aun cuando el Gobierno destinó $1 billón a modernizar la electrificadora, el mal servicio y la alta morosidad (cercana a $1,6 billones) la tienen al borde del corto circuito financiero.

María Alejandra Medina C., Jesús Fragozo Caro
10 de octubre de 2014 - 03:23 a. m.
Electricaribe registra un 116,54% de peticiones, quejas y reclamos por mal servicio. / El Universal
Electricaribe registra un 116,54% de peticiones, quejas y reclamos por mal servicio. / El Universal

La región Caribe quiere mostrarse hoy ante el mundo como el centro de la inversión y la industria del país. Pero ¿es eso realmente posible si se tiene en cuenta que el suministro de energía de su electrificadora es probablemente el más ineficiente de Colombia?

Se podría decir que sí, es posible, pero porque, según el representante a la Cámara y presidente del Partido Conservador, David Barguil, quien participó en el debate de control político a Electricaribe en la Cámara de Representantes, realizado la semana pasada, la empresa ha perdido el 50% de la participación en el abastecimiento del sector productivo de la región. Los industriales han renunciado al servicio de la electrificadora y han decidido buscar otras fuentes de energía u optado por el autoabastecimiento.

Entre el Estado y académicos hay acuerdo en cuanto a que Electricaribe no funciona porque la inversión hecha durante casi 20 años en adecuación de redes, subestaciones, transformadores y todo lo que implica un eficiente servicio energético ha sido insuficiente.

“El músculo financiero de Electricaribe es el Estado colombiano”, dice Barguil. Los dineros públicos que se han destinado a su funcionamiento durante los últimos diez años, sin contar las inversiones de las gobernaciones, ascienden a $1 billón.

Un estudio del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional que conoció El Espectador revela que Electricaribe es la compañía del sector que más subsidios del Estado recibe, a través de herramientas como el Fondo de Energía Social (Foes). Esto ha hecho que la empresa no invierta porque recibe esos dineros.

Según Betty Yadira García, gerente de Electricaribe en el Atlántico, la electrificadora “ha invertido desde 2011 casi $1 billón en redes, crecimiento de circuitos y subestaciones. Y se necesitan $1,2 billones para normalizar las redes eléctricas”. Tan sólo este año, explica, la inversión ha sido de $234.000 millones, una cifra inferior al déficit anual que, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Minas y Energía, tiene Electricaribe ($350.000 millones).

Otro de los interrogantes que genera la empresa es la razón de ser de su subsidiaria Energía Social. Esta suerte de filial, “inviable”, según señala el estudio de la Universidad Nacional, fue creada para atender los barrios llamados subnormales, aquellos con mayores niveles de pobreza. “En esa tarifa tienen un indicador de comercialización mucho más alto que el de los otros usuarios de la región Caribe, lo que conlleva a que Energía Social sea la tarifa más cara de todo el país”, sostiene Barguil.

“Sí, es una de las tarifas más altas de la región, pero no del país”, asegura Flor García, gerente de Energía Social en el Caribe. “Comercializar el servicio en barrios subnormales es difícil, hay que contratar personal que se encargue de cobrar la factura hasta tres veces en un mes”.

La morosidad de los usuarios de Electricaribe suma $1,6 billones. La empresa asegura que ese es uno de los factores por los que la gestión se dificulta. Según el Observatorio, que Electricaribe atienda a una población con altos índices de pobreza obstaculiza que los cobros se efectúen al 100%. Pero en Colombia, según el DANE, hay pobreza en todos los departamentos. Sin embargo, para el centro de estudios, en el país no hay ninguna otra electrificadora que se encuentre en un estado tan crítico.

Los círculos viciosos de Electricaribe se forman al ver que la tarifa más cara de la Costa la tiene el servicio que atiende a los de menores recursos. De otro lado, agrega la Universidad, que la industria haya decidido autoabastecerse o comprar la energía en bloque en otra parte, así resulte más costoso, ha supuesto que Electricaribe deje de percibir los ingresos de esos productores.

La situación se agrava cuando se genera una cultura de no pago a manera de protesta. “La gente hoy no tiene incentivos para pagar porque el servicio es malo”, agrega el representante Barguil.

El inconformismo con Electricaribe ha generado incontables disgustos. Mientras Codensa registra un 10,96% de peticiones, quejas y reclamos y EPM muestra un 2,61%, la cifra de Electricaribe ascendió a 116,54% en 2013. Las protestas en contra de la empresa incluso han dejado muertos.

El 4 de mayo, 90 barrios de Barranquilla y Soledad se quedaron sin energía durante tres días. Electricaribe anunció que se había registrado una falla en la subestación 20 de Julio, que habría dejado pérdidas por más de $3.000 millones.

“Se incendió uno de los dos trenes de celda y fallaron 14 circuitos. Electricaribe, sin embargo, ya empezó a compensar a los usuarios que durante esa época estaban a paz y salvo. De 84.000 clientes que estuvieron sin luz, sólo un 46% será indemnizado”, dice la gerente de Electricaribe en el Atlántico. Durante las protestas, dos personas murieron.

 

* Las soluciones

 

Según el representante Barguil, la Superintendencia de Servicios Públicos “no tiene la capacidad técnica, financiera y de recurso humano para actuar”. En ese sentido, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, luego del debate en Cámara, anunció medidas “estrictas” frente a los problemas de Electricaribe: “La empresa tiene que comprometerse con un plan de inversiones cercano a los $2 billones” durante los próximos seis o siete años.

“Vamos a introducir cambios legales para que la Superintendencia tenga muchas más herramientas, dientes, para que se parezca más a la SIC, que tiene muchas herramientas para investigar, para sancionar, para que haya una rápida inversión”, agregó. La idea es que cuando la empresa no pueda invertir, se haga una convocatoria para que un tercero lo asuma.

Por María Alejandra Medina C., Jesús Fragozo Caro

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