Ayer, en breve anuncio, con mucho ruido de fondo, la Superintendencia de Transporte confirmó una jugosa sanción contra Uber Colombia S.A.S. por más de $450 millones. La actuación administrativa, que había comenzado en noviembre de 2014 y tuvo su respectivo recurso de apelación, solo fue detallada y afinada el pasado 2 de marzo, cuando el Gobierno, por medio del ente regulador, confirmó y dejó claro qué es lo que piensa de esta controvertida aplicación, que tiene divididos a los usuarios de transporte en el país.
Allí dice la Supertransporte que “mediando la utilización de una herramienta tecnológica se prestan servicios sin la autorización y sin el cumplimiento de los requisitos solicitados por las normas de transporte”. Entonces, “la participación de Uber Colombia S.A.S. se evidenció en la promoción, comercialización y en el beneficio que obtiene por sus labores en Colombia; a su vez, se concluyó que sin su actuación no se podría generar esta concreta afectación irregular en el mercado de transporte individual de pasajeros”.
La empresa de tecnología, en un escueto comunicado, respondió que “no ha sido notificada”. Y que, cuando lo sea, “analizaremos su contenido y actuaremos en consecuencia, respetando la institucionalidad del país y acudiendo a las instancias que nos otorga la ley”. Pero recordó que tanto ellos como sus usuarios y conductores “hemos sido perseguidos sin tregua por la única razón de ejercer derechos que están protegidos por la Constitución”.
Pero, más allá de la sanción, ¿cuál es el mensaje de fondo que deja la actuación del Gobierno? De acuerdo con Daniel Medina, exministro de las TIC, “si el país se la va a jugar con la economía digital, claramente hay que trabajar en ajustar el marco reglamentario para incentivar la innovación y buscar que los modelos de negocio tradicionales puedan ajustarse. Eso requiere que los ministerios trabajen en la misma vía”, porque “si no es así, seguiremos con los problemas de hoy y al final el ciudadano es el que sale afectado”.
En cuanto a la inversión y la llegada de otras empresas del sector, ¿les asusta la decisión de la Supertransporte? Alan Colmenares, mentor Endeavor, inversionista en empresas “tech” y miembro de juntas directivas de varias Start-ups tecnológicas en Colombia, cree que debe haber debates con los gobiernos para que se logre ajustar la regulación. Y eso en muchas áreas, “como en la banca, las telecomunicaciones, el transporte. Pero hubiera sido bonito que el Ministerio de las TIC hablara con el de Transporte y se diera un mensaje más inclusivo. Que compita Uber, pero con ciertas normas, y eso les da luces a la startups que están invirtiendo en Colombia”.
Indhira Santos, economista sénior del Banco Mundial, también habla del problema. “Si tomamos el sector Uber y taxis, hay que preguntarse cuáles son las ventajas de Uber vs. el sistema tradicional. ¿Será que el tradicional tiene barreras de acceso? ¿O en Uber quizá los costos en términos de seguridad para pasajeros no son tan altos como para el sector tradicional? Probablemente se necesitan ajustes de ambos lados: más regulación en términos de seguridad para los pasajeros en Uber, pero quizá menos regulación o una regulación más inteligente en el sector de taxis y eso debe ser competencia del regulador del sector transporte”. Lo que “uno quiere es que compitan en términos de la calidad del servicio que ofrecen a los pasajeros. Es importante revisar la regulación”.
Pero, más allá de la discusión tecnológica, lo que sí queda claro es que lo que se le viene a Uber no es poco. La Supertransporte presentó denuncia administrativa ante la Superindustria y Comercio, para que esta última indague si hay una violación a las normas de protección de la libre competencia. Y, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso, también le están alistando un proceso por impuestos. Esto apenas comienza.