El debate por los predios rurales

Según la SAC, en el país cerca de 600.000 predios están enfrentados a la falta de seguridad jurídica. / Archivo - El Espectador

Mientras el proyecto de ley 133, radicado por el Gobierno ante el Congreso de la República, pretende poner en marcha la creación de zonas de interés de desarrollo rural y económico (Zidre) para que se creen grandes proyectos productivos que abran las puertas a los campesinos sin tierra y se levante la restricción para que las empresas y los propietarios de predios puedan comprar o recibir terrenos baldíos ya adjudicados, los empresarios del sector agropecuario le pidieron al Gobierno claridad jurídica para que las compañías que buscan realizar desarrollos en regiones del país como la Orinoquia puedan adquirir predios y adecuarlos con una infraestructura productiva bajo un esquema definido y evitando así poner en riesgo millonarias inversiones.

Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), señaló a este diario que la seguridad de la propiedad privada se ha puesto en riesgo debido a que la Ley 160 de 1994, creada con el fin de reglamentar la compra de tierras y la adjudicación de baldíos, ha sido objeto de diferentes interpretaciones frente a la compra de más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —esta, según la Ley 160, es la empresa básica de producción agropecuaria cuya extensión permite a una familia remunerar su trabajo y “disponer de un excedente capitalizable”—.

“Hay que dejar claro si una ley en el país puede ser retroactiva. Creemos que no, pero eso tiene que aclararse”, dijo el dirigente gremial al referirse a los efectos de la Ley 160 de 1994. “El proyecto de ley radicado abre grandes oportunidades de una discusión de lo que deben ser la agricultura y la política agraria de Estado hacia el futuro. Los privados no buscan beneficios con una ley a su medida. Un empresario persigue la estabilidad alrededor de la propiedad”.

Además, de acuerdo con un documento del gremio, los debates políticos e ideológicos recientes “han afectado a los propietarios de más de 600.000 predios compuestos por más de una UAF y a grandes proyectos”. En otro aparte añade que “es importante proteger el derecho constitucional a la propiedad, para lo cual es importante contar con una ley que dé certeza a la adquisición de predios rurales de propiedad privada que inicialmente fueron baldíos, en aras de proteger la seguridad jurídica”.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley firmada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el proyecto busca consolidar alianzas productivas para “vincular a pequeños productores organizados al sector privado, con el fin de desarrollar proyectos a mediano y largo plazo. Se hace imperiosa la celebración de contratos que le permitan al campesino la materialización de los referidos acuerdos, por tal razón resulta viable la creación y/o utilización de figuras jurídicas que permitan fomentar la asociatividad en el campo”.

Sin embargo, el senador Iván Cepeda cree que esta iniciativa del Gobierno es considerada por su partido como un torpedo a cualquier tipo de reforma agraria integral. “Hemos denunciado que en el país se han hecho masivos negocios con métodos fraudulentos para acumular tierras y predios entregados en el pasado como parte de reforma agraria”.

Además cree que con esta iniciativa el Ejecutivo está abriendo la puerta para que parte de los acuerdos a los que ha llegado con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba) —como los asociados a restitución de tierras y reforma agraria— sean inviables. “Lo del Gobierno es una contrarreforma agraria. Con esta iniciativa se le hace un grave daño al campesinado”.

Sin embargo, el gremio agrícola del país sostiene que el uso y acceso a la propiedad de la tierra debe ser uno de los pilares del modelo de desarrollo de la mano de la asociatividad entre pequeños, grandes y medianos productores y de instrumentos legales que “incentiven la inversión productiva”.

Asimismo, la SAC concluye que otro tema que debe pensarse radica en varios mecanismos que permitan recuperar los baldíos que fueron ocupados de manera indebida.

hsandoval@elespectador.com

@hector_sandoval