El factor Luxemburgo por el caso Interbolsa

La Superintendencia de Sociedades se apresta a definir el orden de pago a los acreedores afectados por la captación irregular de recursos a través de la comisionista.

La audiencia de definición realizada por la SuperSociedades se retomará el próximo viernes. / David Mayorga
La audiencia de definición realizada por la SuperSociedades se retomará el próximo viernes. / David Mayorga

La del lunes fue una audiencia más de conceptos jurídicos que de definiciones de pago. Durante más de cinco de horas la Superintendencia de Sociedades escuchó cada uno de los argumentos expuestos por los acreedores (personas naturales y jurídicas) afectados por la captación irregular de recursos a través de la comisionista Interbolsa y dio trámite a sus recursos de reposición, pero se abstuvo dar una conclusión definitiva sobre el orden de pago de las 1.112 reclamaciones recibidas durante este caso.

La principal fuente de discusión fue la posición privilegiada que tendría la deuda de Interbolsa Holdco Company, la filial que el grupo financiero abrió en Luxemburgo, la cual se pagaría primero sobre la de carteras colectivas, fondos de pensión, trabajadores, firmas de inversión y hasta gobiernos locales e instituciones de salud. Según cifras preliminares, esta compañía generó un pasivo de $88.914 millones a través de notas estructuradas (productos financieros conocidos como TEC) en el mercado bursátil de dicho país.

Su deuda tendría prelación atendiendo a un concepto de la misma Supersociedades, según el cual "los bonos emitidos en el mercado público de valores quedan excluidos expresamente de los acuerdos de restructuración". Esta decisión se adoptó el pasado 22 de febrero dentro de la pugna de Alianza Fiduciaria con el municipio de Montelíbano, Córdoba, al cual le giró más de $2.990 millones para la construcción del acueducto municipal.

En aquella oportunidad, el ente de vigilancia argumentó que el mercado de valores está protegido por el artículo 335 de la Constitución Política, por considerarse de una fuente de interés público que contribuye con recursos al aparato productivo y es un exponente del buen nombre del país en el exterior.

Pero esa explicación es rechazada por los representantes de los afectados. "Estamos inconformes porque la Supersociedades le está dando prelación a una deuda del extranjero, cuyos soportes jurídicos los presentó en idioma francés e inglés y no en español, como lo determina la ley, y está afectando el interés de los ahorradores colombianos", aseguró Consuelo Acuña, apoderada de la Cartera Colectiva Escalonada Credit, cuyos vínculos con Interbolsa generaron una deuda cercana a los $78.000 millones para 4.150 ahorradores.

Dentro de los acreedores que esperan la definición final del orden de pago se encuentran el municipio de Medellín, Seguros del Estado o Salud Total, e incluso administradoras de pensiones como Porvenir, Colfondos y Protección, cuya deuda en conjunto asciende a $270 millones. Según cifras preliminares, se han reconocido deudas por alrededor de $188.000 millones, pero se estima que habría $93.000 millones para cancelarlas.

"Por eso es tan importante el orden de pago. El primero en la lista puede cobrar el 100% de la reclamación, pero el último solo el porcentaje acorde con la suma remanente", comentó una alta fuente de la Supersociedades. Se espera que ese orden se defina el próximo viernes 9 de agosto, cuando la entidad retome la diligencia de definición.