El impacto social de las malas prácticas

Las ansias desmesuradas de ganar dinero fácil violando la ley y los derechos de los consumidores, para generar cuantiosos resultados económicos y alcanzar un falso y reprochable éxito empresarial, han golpeado a miles de usuarios de productos de primera necesidad en el país. Ese es el oscuro escenario en el que han actuado los carteles del azúcar, los pañales, los cuadernos y el más reciente escándalo de colusión en empresas de vigilancia y seguridad, entre otros. Casos que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha sancionado ejemplarmente, o está a punto de castigar por prácticas que han echado por la borda un principio fundamental de transparencia: la libre competencia.

Como consecuencia de esas malas prácticas empresariales, entre 2009 y septiembre de este año han sido investigadas más de 350 organizaciones y personas naturales. Las multas suman $991.000 millones. Este es el resultado de la rigurosa vigilancia y control ejercidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al mando de Pablo Felipe Robledo. Una labor que envía el mensaje sobre la importancia de disciplinar el mercado y concientizar a los empresarios de la importancia de su transparente proceder y de su responsabilidad en la sociedad.

Más allá de las sanciones lo que se pretende, según Jorge Enrique Sánchez, delegado para la Protección de la Competencia de la SIC, es que “quienes lideran las organizaciones identifiquen si están incurriendo en malas prácticas y que las corrijan para el beneficio del consumidor y la sociedad”.

“No se puede olvidar que la razón de ser de las organizaciones es generar valor, crear entornos sostenibles que respeten los derechos de las personas y las leyes”, advierte Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado. De este modo, la correcta ejecución de las prácticas de libre competencia es determinante para lograr este propósito y mitigar riesgos o pérdidas económicas.

Un tema que puede ser complejo y que muchas veces los ciudadanos sienten lejano, pero que en la realidad afecta la economía doméstica porque con los carteles el precio de un producto puede llegar a aumentar hasta un 30 % de su valor real. En la gran mayoría de los casos, los más afectados son personas de bajos recursos y más si los productos cartelizados son de la canasta familiar.

Es importante entender que la libre competencia busca que los consumidores obtengan productos de alta calidad, a mejores precios y un buen servicio. Además, reta a los empresarios a ser más creativos, a innovar en los procesos, a competir para ganarse al cliente.

Cuando los empresarios deciden involucrarse en temas que atentan contra la estabilidad de los mercados es “por falta de capacidad e ingenio y frenan el desarrollo del país”, señala Alejandro Moreno, profesor de Dirección de Personas en Inalde. Estas conductas también impactan de forma negativa en la inversión extrajera. Si una empresa no es transparente, no es atractiva en otros mercados.

Los temas de ética, liderazgo y gobierno corporativo juegan un papel fundamental para crear empresas sostenibles que trasciendan en el tiempo. Los empresarios tienen un compromiso con los consumidores, el medio ambiente, los accionistas y con sus colaboradores. Por esta razón, deben pisar con pies de plomo y transitar por caminos legales. “Que entiendan la responsabilidad que tienen y que actúen de forma correcta y así lo transmitan a sus colaboradores”, comenta Fernando Galindo, consultor y experto en ética en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en México.

Con el objetivo de difundir el tema y de fortalecer las buenas prácticas para la competencia, la SIC organiza el 4º Congreso Internacional de Libre Competencia Económica, en Barranquilla, al que asistirán expertos en temas de competencia, destacados líderes empresariales, funcionarios de Estado e invitados internacionales, quienes debatirán temas como: colusión, carteles, ética empresarial, el diseño de licitaciones desde la experiencia de la OCDE y la libre competencia como motor de la economía y herramienta para mitigar las malas prácticas.

En este contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha empeñado en perseguir a los infractores que incurren en prácticas anticompetitivas y aplicarles todo el peso de la ley. Gracias a sus drásticas sanciones ese organismo de vigilancia ha adquirido no solo relevancia nacional sino internacional. Ahora Colombia es referente en el tema. “Exportamos nuestra experiencia. Los casos que iniciamos los están replicando en Perú y Chile, con el cartel de los papeles suaves. Asesoramos en temas como colusión, corrupción y prácticas anticompetitivas”, puntualiza Jorge Enrique Sánchez, delegado para la Protección de la Competencia.