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Las cosas están así: por un lado, el gobierno de Argentina está a punto de perder una guerra jurídica de varios lustros contra los malos de la película, los acreedores “holdouts”, conocidos en la Casa Rosada como “fondos buitre”. Son las empresas que compraron deuda soberana a precios irrisorios cuando el país naufragaba en la crisis de 2001 y se negaron a aceptar después ningún descuento en el cobro, al contrario de lo que sí hicieron el 92,4% de los acreedores en 2005 y 2010.
Estos fondos han perseguido el abono íntegro de sus deudas por tierra —litigios en Estados Unidos, donde se firmaron las condiciones de pago de muchos bonos—, mar —embargo del buque insignia de la Marina argentina durante 77 días en Ghana— y aire —la presidenta alquila vuelos privados en sus viajes internacionales para que no le embarguen el avión presidencial—. Y por otro, tenemos a un jurista del distrito sur de Nueva York, un juez federal de 84 años y de nombre Thomas Griesa, que está forzando al Gobierno de Cristina Fernández a doblar el brazo ante estos acreedores.
Griesa sentenció en noviembre de 2012 que el gobierno argentino debería pagar 1.330 millones de dólares a tres fondos “holdouts”. El gobierno apeló el fallo ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero la Corte rechazó la apelación el 16 de junio. Y Argentina se encuentra ahora sola ante Griesa y los “buitres”. El Gobierno politizó la batalla judicial y ha conseguido poner de su parte a más aliados de los que nunca tuvo. Contó con la ayuda del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien respaldó a Argentina ante la Corte Suprema del país.
Cuenta con el apoyo de la mayoría de la oposición argentina, con el respaldo de influyentes columnistas del Financial Times, con el respaldo explícito del gobierno de Francia, con el del Grupo de 77 países en desarrollo más China, con el Fondo Monetario Internacional y con casi todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero nada de eso ha servido frente a Griesa.
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, declaró el jueves en la sede estadounidense de la OEA: “Lo que pedimos es que la comunidad internacional actúe y lo haga prontamente, antes de que el precipicio que estableció el juez Griesa esté ante nuestras narices”. Kicillof obtuvo una declaración de apoyo por aclamación en la OEA. Pero se abstuvieron Estados Unidos y Canadá. La representante estadounidense, Roberta Jacobson, alegó que no podía interferir en el sistema judicial al tratarse de “una rama independiente” del Gobierno. Y ahí está la clave: Griesa parece una rama absolutamente independiente de cualquier tipo de presión, ya sea política, económica o periodística.
El juez ha conminado a la Casa Rosada a entenderse con los “holdouts” antes del 30 de julio, fecha en la que vence el período de gracia para pagar en Estados Unidos 539 millones de dólares a varios acreedores “buenos” de los que aceptaron la quita en sus deudas. Pero Griesa no permite que se les pague a los “buenos” sin antes abonar 1.500 millones de dólares (1.330 millones más intereses) a los “buitres”. El Gobierno argentino se niega porque considera que si paga esos 1.500 millones después vendrán otros “buitres” reclamando 15.000 millones más. Griesa ha nombrado un mediador con el que varios funcionarios argentinos se reunirán en Nueva York. Si no se llega a un acuerdo con los “buitres”, Argentina entraría a partir del 30 de julio en una situación de impago técnico que nadie desea.
Este juez, nacido en Kansas, graduado en Harvard y designado por el presidente Richard Nixon en 1972, viene siendo el blanco de los ataques de la Casa Rosada desde hace casi una década. Él, ni responde ni se prodiga en la prensa. Y su trayectoria hace pensar que los ataques le hacen poca mella. No le tembló el pulso cuando falló contra el todopoderoso sindicato de camioneros en una denuncia por corrupción, ni contra el FBI en la década de los setenta en un caso donde se pronunció a favor del troskista Socialist Workers Party. Tampoco le tembló el brazo cuando después de la crisis de 2001 falló a favor del gobierno argentino y en detrimento de sus acreedores. El mes pasado, sin ir más lejos, dictó una sentencia en contra de la industria tabacalera del país y a favor de la Alcaldía de Nueva York.
Tal vez por eso, cuando en 2010 el entonces ministro de Economía argentino y ahora vicepresidente procesado por un caso de corrupción, Amado Boudou, llamó a Griesa “embargador serial”, el antiguo ministro de Economía, Roberto Lavagna, declaró en la emisora argentina Radio Continental, del Grupo Prisa: “Llamarle embargador serial al juez Griesa es desconocer absolutamente el historial de este juez, que es extremadamente serio, extremadamente responsable y ha sido siempre extremadamente comprensivo con la Argentina. Hay una sesión famosa —debe haber sido a finales de 2003 o 2004— en la que públicamente retó (regañó) a los abogados de los acreedores y a los acreedores por la forma en que se comportaban. Pero la verdad es que en los últimos dos años ha empezado a cambiar de criterio ante las idas y venidas y ciertos errores técnicos cometidos del lado argentino”.
El mismo lunes 16 de junio en que la Corte Suprema rechazó la apelación del Gobierno argentino, Cristina Fernández pronunció un discurso en el que atacó a Griesa una vez más y dijo que acatar la sentencia supondría aceptar una extorsión. Al día siguiente, a 8.527 kilómetros de Buenos Aires, el juez advertía al abogado del gobierno argentino, según consta en la versión taquigráfica de la sesión:
—Tengo que decir que el discurso de la presidenta fue desafortunado a estos efectos. No pretendo criticar discursos políticos y no es ese mi trabajo. Pero fue más que un discurso político. Expresó un compromiso muy fuerte a pagar a los tenedores de deuda reestructurada. Y refiere a la situación de aquellos a quienes se debe pagar en trato igualitario (los “holdouts”, los “buitres”) como extorsión. Esto, realmente, no me da confianza en un compromiso de buena fe de pagar todas las obligaciones de la República.
Griesa no entró esa vez tampoco en los ataques hacia su persona. Los términos de kirchnerista o antikirchnerista parecen demasiado lejos de su universo. Su objetivo manifiesto es hacer cumplir la ley o su interpretación de la misma. Y ahí sigue, ajeno a todas las críticas y presiones.