Uno de los retos del Estado en el posconflicto es llegar, tocar la puerta y entrar al campo del país. “Es que históricamente el Gobierno solo ha llegado con la mano derecha al sector rural”, dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ayer durante el seminario que realizó la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con el objetivo de debatir cuál sería el modelo de servicios de protección social a poblaciones vulnerables y agropecuarias, después de la firma del acuerdo de paz.
Frente a varios ministros y altos funcionarios de fina corbata, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Mauricio Perfetti, irrumpió con cifras que quizá antes era vedado presentarlas en un escenario de la capital del país: la población rural dispersa (que no incluye cabeceras y centros poblados rurales) y que hoy asciende a 5,1 millones de colombianos, es decir, 2 millones más que en 2005.
Y más, cuando se trata de medir cómo está dicha población en el tema de seguridad social. Citando el último censo agropecuario, Perfetti señaló que mientras en 2005 cerca del 76 % de la población estaba afiliada a salud, hoy esa cifra asciende al 96 %. “Una reducción importante en el índice de pobreza multidimensional, que en las zonas rurales dispersas del país en 2005 registraba el 76 % y en 2014 el 44 %”.
Lo mismo para el tema del régimen subsidiado. Se pasó de 77 % en 2005 a 83,9 % en la actualidad. No obstante, y a pesar de que el censo agropecuario no incluyó el tema de pensión, con cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, Perffeti dijo que solo el 7,1 % de las personas ocupadas en agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura cotizan a pensión.
Según el director del DANE, lo que ayuda a explicar este fenómeno de una importante cobertura en salud, pero baja en pensiones, tiene que ver con el mercado laboral en la zona rural. Se sabe que de los 4,4 millones de trabajadores permanentes de estas zonas, 2,8 millones son personas que trabajan su propia tierra.
Lo otro, es que por la manera como se establecen las relaciones laborales en el campo sigue prevaleciendo el trabajo a destajo. “Encontramos que en estas zonas dispersas se pagan cerca de 6,5 millones de jornales. Esta combinación entre una gran proporción de trabajadores donde ellos mismos labran la tierra, y por el otro lado las formas de trabajo a destajo, que significan un número importante de jornales, es una primera aproximación a estos resultados de afiliación a pensiones”.
Y un dato determinante para comprender estas cifras es que cerca del 56 % de esos trabajadores permanentes laboran en unidades de producción de menos de cinco hectáreas. “Lo que encontramos es que entre mayor sea el tamaño de la unidad de producción agropecuaria, mayor es el número de trabajadores. Entonces, esta combinación de pocos trabajadores y muchas unidades de producción pequeñas es también un factor que incide en la cobertura pensional en las zonas rurales dispersas del país”, acotó Perffeti.
Con estas cifras entró al debate Luis Eduardo Garzón, ministro del Trabajo, quien lo primero que mencionó es que el campo está mirado desde la agroindustria y que los trabajadores rurales o jornaleros del día a día son vistos como una especie silvestre, frente a la posibilidad de poder cotizar en pensión.
“Si algo nos preocupa es la dispersión de asociatividad. Uno ve que la histórica sociedad civil del campo está dirigida a los sectores tradicionales como Fedegán, la SAC y la Federación Nacional de Cafeteros, pero la dinámica del campo hoy va a tener un remezón enorme y además de ellos va a tener otros actores sociales”, dijo.
Por eso explicó que aunque no se puede generar la expectativa de que se va a crear un régimen pensional estable, el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEP) es viable para trasladarlo al sector rural disperso. “Consiste en que la gente ahorra cuando tiene, cuando puede, y el Estado le hace un estímulo a su ahorro del 20 %. Es cierto, no es la pensión tradicional, pero va a haber un papel muy claro. Estamos haciéndolo con la Federación Nacional de Cafeteros. En el segundo semestre de 2015 nos comprometimos a tener 190 mil personas afiliadas a BEP y hoy tenemos 225 mil”, señaló Garzón.
La gran conclusión que hace el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, es que la equidad en el sistema pensional en la zona rural hoy está perdida. “La forma de recuperarla es con los BEP y eso ya lo hizo el sistema de salud con el régimen subsidiado que cubre la mitad de la población y que tiene los mismos beneficios del régimen contributivo, aunque con retos en tema de calidad, acceso y oportunidad. Pero en salud tenemos lo mismo para todos”, apuntó.
Un programa de paz y salud rural es lo que necesita el país en estos tiempos de transición de la guerra al fin del conflicto, dijeron. Y acotó el ministro Gaviria: “El conflicto perjudicó de manera notable la eficacia del Estado en muchas regiones. Creo que la paz nos va a permitir entrar en un círculo virtuoso. Que la eficacia del Estado crezca en todo el territorio con la llegada de la mano izquierda del Estado, porque solo hemos tenido la mano derecha. Eso afianzará la paz”.