La Orinoquia tiene 15,1 millones de hectáreas con potencial agropecuario y forestal, de las cuales más de siete millones —casi la misma cantidad de tierra cultivada que hoy tiene Colombia, según el DANE— están subutilizadas, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta entidad calcula que en toda la región, que comprende los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés, se puede alcanzar 3,3 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura en los próximos 14 años. Hoy sólo tiene 700.000 ha.
Las cifras son uno de los insumos del Gobierno para presentar el Plan Maestro de la Orinoquia, en Bogotá, el cual centra la atención en cuatro ámbitos: desarrollo productivo sostenible, incluido el turismo; el recurso hídrico y el medioambiente; infraestructura y logística (que incluye transporte, energía y TIC), y el ordenamiento territorial. Se trata de una estrategia a corto, mediano y largo plazo (2030), con la que el Gobierno central, junto con los territorios, busca dar impulso a una región que significa más del 37 % del área colombiana y que tiene 56 % de índice de pobreza.
En agricultura, la propuesta del DNP es seguir impulsando cultivos como soya, maíz y cacao, y, para reducir el impacto ambiental, concentrar la ganadería en zonas aptas: pasar de 0,8 cabezas de ganado por hectárea a 1,6 en 2018, y 3 en el largo plazo. Eso iría de la mano con intervenciones en vías terciarias que requerirían más de $4,2 billones de inversión en 20 años. Para el recurso hídrico, el DNP habla, entre otras cosas, de incorporar un millón de hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. No descarta la minería con el fin de que se haga formalmente.
Lo anterior va atado a planes de ordenamiento territorial (POT) con “altos estándares de calidad” y el aclamado catastro multipropósito, visto como fundamental para otras estrategias del Gobierno, como la formalización de tierras y el primer punto del acuerdo de paz con las Farc. De nuevo se hace hincapié en la implementación de POT modernos: en los Llanos, el 89 % de esos planes están desactualizados, según el DNP. El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) hará de soporte técnico para POT en zonas rurales, con una visión articulada a la región.
Para ejecutarlo hay, por ahora, más de $48,5 billones previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, y en 2014 se expidió el Conpes 3797, con inversiones contempladas de $9,6 billones. Hasta hoy, según Simón Gaviria, director del DNP, su entidad ha conseguido financiación por cerca de US$80 millones con entidades como Usaid, la Agencia Francesa de Desarrollo, Esap, Purdue University y Biocarbon Fund, y “se gestionarán nuevos recursos para financiar proyectos estratégicos”.
De acuerdo con Carlos Montenegro, director del Centro de Estudios de la Orinoquia (CEO), de la Universidad de los Andes, al pensar en el desarrollo de esa región “se debe tener en cuenta su diversidad ambiental, la cantidad de ecosistemas y la diversidad cultural y social que hay”. Por lo demás, resaltó que, si bien es positivo traer tecnologías y desarrollos extranjeros, “el plan tiene que involucrar a la región y aprovechar su conocimiento, crear una institucionalidad para que el trabajo sea duradero, fortalecer las universidades locales, colombianas, y el conocimiento local”.
A mitad de año fue precisamente el CEO el que organizó en Vichada un foro para discutir una de las estrategias en las que el DNP apoya con más fuerza su visión de desarrollo productivo: las zidres (zonas de interés de desarrollo rural, económico y social). Mientras estas están demandadas por inconstitucionalidad —los demandantes aseguran que se podrían legalizar acumulaciones irregulares de tierras e incluso amenazar la propiedad privada—, Planeación Nacional las ve como un vehículo para dar seguridad jurídica, que atraiga la inversión e impulse alianzas público-privadas para proveer bienes públicos.
El foro, como lo reportó El Espectador, puso en evidencia el desconocimiento que, a pesar de la socialización de la norma, prevalece en la región, así como el temor de los productores a perder sus tierras. La desarticulación de los gobiernos municipales y gubernamentales, así como la debilidad institucional, fue otros de los aspectos que el director del DNP señaló este martes durante la presentación del Plan Maestro. Según él, el 66 % de los municipios tiene un estado alto o crítico en capacidad para estructurar proyectos. Con el andamiaje compuesto por el Gobierno central y los territoriales, así como organismos internacionales, la academia y el sector privado, se busca “un círculo virtuoso de cooperación”, según Gaviria.