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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tiene la intención de cambiarle la cara al mercado de telefonía móvil en el país. Y comenzará a hacerlo a partir de esta semana con la presentación del primero de al menos tres proyectos regulatorios cuyo objetivo principal es fortalecer la protección de los usuarios.
Ese borrador, que será discutido por los operadores de telefonía celular antes de que entre en efecto, busca establecer las condiciones por las cuales se desarrollará el servicio de banca móvil, cuyo modelo definía a las compañías como un intermediario en la distribución de subsidios asignados por el Gobierno (se prevé que más de tres millones de personas son sus beneficiarios).
“Con el proyecto estudiaremos sí es necesario flexibilizar la regulación de comunicaciones para que los bancos puedan prestar estos servicios a través de la red de telefonía móvil para incrementar la inclusión financiera”, dijo Pablo Márquez, director de la entidad, en diálogo con El Espectador.
Se espera que, en su conjunto, el texto busque emular la experiencia de Ghana, Kenia y otras economías africanas en donde aproximadamente el 70% del PIB se mueve por medio de este sistema; además, se definiría a la plataforma USSD, que permite realizar transacciones pequeñas a través de mensajes de texto, como el protocolo estándar para el funcionamiento del servicio.
La segunda propuesta busca regular las cláusulas de permanencia en los contratos firmados por los usuarios, una iniciativa que fue promovida desde el Congreso por el representante liberal David Barguil y que fue controvertida por la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), que advirtió, a través de un estudio de impacto económico, un incremento de hasta 48% en el precio de ciertas referencias de dispositivos móviles.
“Los usuarios no le están viendo valor a dichas cláusulas. Y la razón es que el modelo de adquisición de terminales no es absolutamente transparente. Nuestra propuesta se basa en una investigación muy profunda sobre el tema”, anunció.
La tercera y última traería consigo una transformación en los contratos por los que un cliente contrata servicios móviles. Este proyecto surge después del trabajo conjunto con un abogado experto en regulación de telecomunicaciones, quien se demoró seis horas y media en desmenuzar las condiciones del acuerdo encontrando, de paso, algunas irregularidades como las cláusulas de aceptación supletiva, que obligan al firmante a aceptar los cambios unilaterales en su plan de datos.
“Hay descripciones exhaustivas de la red, lo que dificulta que un usuario lo lea y lo entienda. Además, están redactados en letra de tres milímetros de tamaño por menos de un milímetro”, comentó Márquez, y anunció que, de ser aceptada su propuesta, los nuevos contratos se reducirían a “máximo una página en la cual se tengan muy claras las obligaciones del usuario, cuál será la cobertura, la calidad del servicio a ofrecer, el precio del plan a contratar, los minutos disponibles, qué pasa si se exceden y los mecanismos para cancelar el servicio”.
Además, para contribuir a la portabilidad numérica móvil, que le permite a un abonado cambiar de operador manteniendo su número de teléfono, se plantearía que la compañía receptora adquiera la cláusula de permanencia contratada en un principio. Este mecanismo funcionaría de la misma forma que en el sistema de créditos bancarios, donde una entidad financiera le compra a otra la deuda de su cliente para ofrecerle un nuevo portafolio de productos.
Estas propuestas se suman al esquema de compensación, que entrará a regir en enero de 2014, y obliga a los operadores a devolverle un minuto a sus abonados por cada llamada caída. En su redacción, la CRC ha contado con el apoyo de consultores externos y ha realizado estudios sobre su impacto en el modelo de mercado y en la economía de los usuarios. De ser aceptadas por la industria, entrarían en funcionamiento durante el transcurso del próximo año.
dmayorga@elespectador.com