El Tercer Censo Nacional Agropecuario reveló que el área destinada a los cultivos permanentes en Colombia, como los árboles frutales, no ha dejado de crecer desde 1960. En la medición que se hizo hace 55 años, 43,7% de lo cultivado era permanente, mientras que en el último censo la cifra fue 74,8%. Los transitorios, como el maíz y el algodón, son apenas el 15% y, por lo tanto, los productos más importados. El trigo, la soya y el maíz representan cerca del 70% de los básicos agropecuarios que Colombia compra en el exterior.
No sorprendió, entonces, que durante la exposición de los hallazgos del censo, en presencia del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, tomara la palabra para preguntar cómo maniobrará el país ante una tasa de cambio a $3.000, cuando cerca de 30% de lo que comemos es traído del exterior y con importaciones en toneladas que, de enero a mayo, han aumentado más de 13%.
Con la escalada del dólar muchos gremios se habían pronunciado ya para advertir que sus costos de producción van en aumento y que eso se reflejará en los precios al consumidor. El resultado fue el anuncio por parte de Iragorri de un plan para sustituir importaciones, empezando por la soya y el maíz, que son la materia prima del alimento balanceado de pollos, cerdos y vacas lecheras.
Son “productos específicos que hoy estamos importando, para sembrarlos, entre esos está la soya y el maíz”, dijo el ministro. Pero ¿qué tan rápido puede maniobrar el país? El dólar está caro hoy y si bien se habla de cultivos de ciclo corto, de todas formas no es algo que suceda “de un día para otro”, de acuerdo con Mejía. Sin embargo, según él, “hay que hacerlo”, al sumarle a la devaluación las menores perspectivas de crecimiento de la economía, la incertidumbre sobre el precio del petróleo y el cantado aumento de tasas de la Fed.
De acuerdo con la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce), el plan arrancó con la convocatoria a los eslabones de la cadena: proveedores de semillas y fertilizantes, productores, procesadores del alimento balanceado, que muchas veces son los mismos consumidores, en su mayoría los avicultores. La meta es duplicar lo producido de ahora a 2018: pasar de unos 1,8 millones a tres millones de toneladas anuales, “para que al menos no aumenten las importaciones. Pero no se podrá sustituir como se dice, porque eso requiere recursos”, aseguró Henry Vanegas, gerente de Fenalce.
La incertidumbre de los gremios se desprende de no saber de cuánto será el recorte al presupuesto para el agro. Se ha dicho que puede rondar el 50% para 2016, algo a lo cual Santos se refirió durante la presentación del censo: “Eso lo vamos a corregir en el Congreso”, dijo. También hay dudas respecto a dónde se va a sembrar. Con frecuencia se habla de la Altillanura. “Es casi el 50% del soporte en crecimiento de áreas de siembra de soya”, dijo Vanegas. Pero es una tierra con problemas de fertilidad. Fenalce calcula que allí se necesita una inversión de $7 millones por hectárea.
Según Fenavi, el gremio de los avicultores, Colombia tendría que sembrar nada menos que 400.000 hectáreas de maíz para suplir la demanda interna, por lo tanto, Andrés Valencia, presidente del gremio, concuerda en que el plan del Gobierno sería una “sustitución parcial”. Además de afirmar que todo el maíz que Colombia produce hoy va para consumo humano, Valencia dijo que en este plan “no se puede aumentar la protección a la producción de maíz porque eso sería cambiar las reglas de juego a acuerdos internacionales. Apoyamos la producción nacional, pero llamamos a esa reflexión”.
Fenalce confía en el aumento de la productividad y en que se puedan sortear los costos de producción con apoyos del Gobierno, como el Incentivo a la Capitalización Rural, para que el maíz que se produzca nacionalmente no termine siendo más caro que el importado. “En esas condiciones se espera un compromiso de absorción por parte de la industria”, agregó Vanegas. Fenavi, por su parte, rechaza que se cree una obligación de compra.
La SAC lo resume en que para promover la inversión se deben garantizar la seguridad jurídica sobre la tierra, con la aclaración de que no se trata de baldíos, y la provisión de bienes públicos, lo que para Fenalce incluye, y con prioridad, la generación de conocimiento. Finalmente, una reforma tributaria amable con el agro y sus empresas, según la SAC.
El Minagricultura ve viable este plan, sobre todo por el aumento en la productividad de lo que está sembrado. “En maíz estamos en 5,2 toneladas por hectárea; debemos subir a 7,5 toneladas por hectárea”, aseguró Iragorri. Lo que sigue ahora son mesas de trabajo para que una hoja de ruta esté trazada en más o menos un mes.