El vicepresidente Germán Vargas Lleras se despachó en Twitter porque la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, no llegó puntual a una reunión convocada para evaluar el estado actual de la llamada vía de la prosperidad, en la que participaron representantes de la Procuraduría y el director del Invías.
"Por impuntualidad de @MagdalenaGober, constructores e interventores, fracasó reunión que convoqué para evaluar estado #VíaDeLaProsperidad", trinó el vicepresidente ayer y lamentó de que los "llamaos a responder por el proyecto", hayan incumplido. "Cómo pueden responsables de la #VíaDeLaProsperidad incumplir reuniones y tomar del pelo en tema tan sensible", fue otro de los trinos de Vargas Lleras.
En respuesta al los trinos de indignación del vicepresidente, la gobernadora del Magdalena aceptó el llamado de atención y explicó su retraso por una reunión previa que tuvo en Invías. "Nosotros somos los más interesados en cumplir con seriedad este anhelo suyo, del presidente y del Magdalena", escribió Cotes en Twitter. La reunión fue reprogramada para las 3:30 de la tarde de ayer.Por impuntualidad de @MagdalenaGober, constructores e interventores, fracasó reunión que convoqué para evaluar estado #VíaDeLaProsperidad
— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 13 de julio de 2016
La Vía de la Prosperidad, proyectada desde el corregimiento de Palermo, en el municipio de Sitionuevo (Magdalena) hasta Plato, presentaba un avance del 25 % en febrero de este año en su primera fase (52 kilómetros de asfaltos hasta Salamina) y su ejecución ha estado involucrada en una serie de investigaciones por parte de las autoridades a nivel nacional.Aceptado el llamado de atención. Estuvimos reunidos con las partes en @InviasOficial previamente y sufrimos un retraso que no se justifica.
— Rosa cotes (@cotes_rosa) 13 de julio de 2016
Los impasses jurídicos vienen desde 2013, año en el que una jueza ordenó mediante un fallo de tutela la suspensión provisional de la contratación en esta obra hasta que el Gobierno Nacional y el regional le hicieran ajustes jurídicos al proceso de licitación.
Luego, en 2014, la Corte Constitucional se debió pronunciar sobre la legalidad de la contratación después de que también suspendiera el contrato adjudicado por licitación a la firma Ribera Este, mientras se revisaba una tutela impuesta por la exministra de Transporte Cecilia Álvarez.
Lo más reciente ha sido el reporte de irregularidades detectadas por el Departamento de Planeación Nacional (DNP), como el pago anticipado de $64,8 mil millones sin que se hubiera definido la situación contractual, fallos en el proceso de interventoría y fallas del supervisor. De hecho, Simón Gaviria, director del DNP, advirtió que si no se tomaban los correctivos necesarios, el proyecto iba camino a convertirse en un "elefante blanco".