Empleo, una ruta hacia la paz

El Gobierno busca eliminar las barreras que impiden a las víctimas del conflicto armado encontrar trabajo. La meta es ayudar a 800 personas  en 2015. Ya van 300.

Camilo Vega Barbosa
15 de octubre de 2015 - 03:27 a. m.
El objetivo es que las personas afectadas por el conflicto puedan tener un trabajo formal y decente. / Archivo
El objetivo es que las personas afectadas por el conflicto puedan tener un trabajo formal y decente. / Archivo

“Con oportunidades laborales sin retenes y ajustadas a los conocimientos y habilidades de las víctimas del conflicto armado colombiano, vamos a lograr que la paz sea duradera”. Con esas palabras la directora del Servicio Público de Empleo (SPE), Claudia Camacho Corzo,  inauguró la campaña “El empleo, una ruta hacia la paz”. 

Se trata de un programa que apoyará a las víctimas del conflicto armado colombiano con el fin de generar condiciones de empleabilidad y cerrar las brechas que le impiden a esta población acceder a una oportunidad de trabajo.  Por el momento la iniciativa trabaja en 12 departamentos como Antioquia, que son regiones que han  sido históricamente afectadas por los efectos de la guerra en el país.

De acuerdo con Alba García, subdirectora de la unidad de atención a las víctimas, “hay actualmente más de 5’800.000 personas que requieren atención por parte de entidades gubernamentales debido a los flagelos de la guerra que han vivido. A ellas hay que garantizarles la reparación socioeconómica por medio del derecho a la generación de ingresos. Sin embargo, solamente mediante un programa laboral, que  comprenda el daño que le ha hecho a este grupo de ciudadanos, es que como se puede lograr la correcta reincorporación al mercado laboral de esta población”.

Una de las principales preocupaciones que hay en torno a la colocación de trabajos en esta población es que no cumplen con la preparación suficiente  para acceder a un empleo digno. No obstante, el SPE ha encontrado que el 50% de las víctimas que se acercan a sus oficinas cuentan con el título de bachilleres, y el 30% tienen estudios técnicos o tecnólogos. Pero el problema que han identificado es que muchos no tienen a la mano los certificados educativos, un requisito esencial para las empresas.

Cifras del Servicio Público de empleo indican que el 70% de las víctimas que acuden a sus programas son mujeres, la mayoría cabeza de familia.  Por ello “uno de los más grandes retos que constituye este tipo de políticas laborales son el cuidado de los niños. Muchas madres, en especial por lo que han vivido, tienen problemas con encontrar un lugar en donde dejar a sus hijos mientras trabajan. Lo cual muchas veces les genera problemas para aceptar las oportunidades, por lo que tratamos de trabajar de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para ayudar en este aspecto”, explicó Lourdes Janeth Fiole, miembro del personal que atiende directamente a esta población en las oficinas del SPE y quien es además víctima del conflicto armado.

Camacho explicó que “de acuerdo al seguimiento que se ha hecho a la composición de vacantes en el país, el sector servicios es el que mejor presenta potencial de oportunidades laborales para las víctimas del conflicto armado. Hay empresas de esta rama de la economía que contribuyen activamente con estos proyectos como por ejemplo Claro e Isagén. Además las compañías que ofrecen prestación de servicios domésticos son un foco importante de contratación para las mujeres”.

Para Mateo Cera, presidente de la compañía de prestación de servicios domésticos Hogaru, “la experiencia de contratar a mujeres víctimas del conflicto armado ha sido altamente satisfactoria. Muestran mucho compromiso en sus labores. No obstante, sí hemos apreciado que el tema del cuidado de los niños constituye una dificultad, por eso tratamos de crear mecanismos para apoyarlas: no se trabaja ni domingos ni  festivos, tampoco en las noches. Además ellas pueden elegir el sector en el cual les gustaría trabajar”.

La meta del Servicio Público de Empleo con este proyecto es cerrar el 2015 con 800 víctimas del conflicto armado colocadas en algún trabajo y  hasta el momento van 300. Además el Plan Nacional de Desarrollo contempla que cada año por los siguientes cuatro por lo menos 1000 personas  de esta población consigan trabajo por medio de programa similares.

Por Camilo Vega Barbosa

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