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En medio de las tensiones y disputas que ha generado el trámite de la reforma tributaria en el Congreso y en el interior del Gobierno, la Contraloría General de la República (CGR) reveló un informe en el que considera que “no sería prudente ni conveniente que se tramitara el proyecto en lo que resta de la presente legislatura”. Según el ente de control, sería adecuado que se aplace el trámite de la iniciativa para marzo, cuando comienza el próximo período legislativo.
Sin embargo, el viernes en la plenaria del Senado fueron aprobados en bloque (con 59 votos a favor y 7 en contra) 105 artículos de la iniciativa —de 192 en total—, pese a los reparos de varios sectores del Congreso, que pidieron aplazar el trámite del proyecto.
Por el lado de la Cámara de Representantes, durante la discusión de la iniciativa, los congresistas presentaron 195 impedimentos para votar. De estos, 100 fueron rechazados. Este lunes, se reanudarán las discusiones y el presidente de la Cámara, Augusto Posada, recalcó que la iniciativa no se va a aprobar a “pupitrazos”.
Según indicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas , este fin de semana serán estudiadas “una a una” en el Congreso las proposiciones hechas por los congresistas al proyecto. Adicional a esto, el Gobierno emitió un decreto para que la reforma se vote en sesiones extras del Legislativo entre el lunes y el miércoles de la próxima semana.
Uno de los puntos analizados por el documento de la Contraloría señaló que la reforma no está tocando los privilegios fiscales de las personas jurídicas y les reduce la tarifa de renta del 33 al 25%. Esto, conectado a la eliminación de los parafiscales, “le significaría al Gobierno un costo fiscal cercano a los $12 billones”.
Dice el documento que para equilibrar las cargas, la reforma propone el tributo CREE —para financiar Sena, ICBF y salud—, con el que se recaudarían $6 billones (el Gobierno sostiene que son $9,5 billones). Sin embargo, la Contraloría señala que este gravamen no es suficiente y se está dando “una pérdida neta para la Nación y consecuentemente una ganancia para las personas jurídicas cercana a los $6,3 billones de pesos. En consecuencia, se agudizaría el déficit de la Nación”.
Carlos Mario Lafaurie, presidente Instituto Colombiano de Derecho Tributario, señaló que “la tarifa del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) puede llegar hasta el 27%, lo cual es a todas luces excesivo para una presunción si se tiene en cuenta que 33% es la tarifa más alta sobre la renta ganada”.
Según el tributarista, en el proyecto que está aprobando el Legislativo, “habrá casos en los cuales el IMAN de los asalariados se incrementará en 400% o incluso en 500 de un año a otro, sin que siquiera se haya pensado en una norma de transición”.
En cuanto a la reducción de la carga parafiscal a las nóminas de los empleadores para generar más puestos de trabajo y formalizar a los trabajadores, el informe del ente de control señala que “el impacto de estas medidas sobre el empleo agregado fue marginal, así como ha sido reducido el efecto sobre la formalización”. Añade que “desmontar los parafiscales no garantiza por sí solo el aumento significativo del empleo ni la reducción sustancial de la informalidad”.
Adicionalmente, para la Contraloría, el impuesto al patrimonio pese a sus deficiencias, no se debe marchitar “por su naturaleza progresiva”. Sin embargo, advierte que la idea de aumentar la base gravable para los ingresos laborales y reducir las tarifas a las rentas de capital —sin haber quitado las exenciones— va contra la equidad.
Sandra Morelli Rico, contralora general de la República, dijo que el texto de la reforma “establece que el proyecto no se ocupa de todos los aspectos medulares que finalmente impiden caracterizar nuestro régimen, como equitativo y redistributivo”.
El informe también sugiere que se hagan ajustes al “régimen tributario de empresas del sector minero, ante la evidencia del usufructo de tratamientos preferenciales de tal magnitud”.
“Una reforma debe tener como objetivos principales generar recursos netos para el Gobierno, reducir los excesivos niveles de inequidad, progresividad y eficiencia fiscal y administrativa de la estructura tributaria del país. Infortunadamente, la reforma tributaria propuesta no responde a los planteados como deseables para el país”, manifestó la CGR.
Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos recalcó que esta iniciativa no persigue un aumento de los recursos del Estado, debido a que la tributación va rondando los $100 billones este año.