Las quejas que comenzaron a llegar a la Presidencia de la República, concretamente a la Secretaría de Transparencia, daban cuenta de que algo raro estaba sucediendo en las elecciones de las juntas directivas de las 57 cámaras de comercio del país para el período 2012 -2014.
“No somos jueces para determinar si hubo o no una irregularidad o un delito, pero hay indicios que apunta a eso. Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Comercio de Barranquilla, se produjo en el primer semestre un número atípico de empresas inscritas, del orden del 100%”, sostiene Carlos Fernando Galán, su titular, el funcionario que dio la alarma en el escándalo que hoy día tiene suspendidos esos procesos electorales.
Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó las primeras indagaciones, se dio cuenta de que el fenómeno no era exclusivo de la costa norte, pues también se presentaba en la Cámara de Comercio de Bogotá, la más grande del país.
Pero más allá de un aumento atípico en el número de empresarios inscritos, lo que realmente preocupó a los entes de control fue su información de registro, según la cual decenas de sociedades amplificadas por acciones (S.A.S., categoría empresarial que agiliza el proceso de creación de una sociedad) utilizaron los mismos datos.
“Particularmente, no creo que 30 ó 40 de estas empresas vayan a funcionar con el mismo teléfono, en la misma dirección y con el mismo capital”, señala Galán, y añade que este hallazgo fue el abrebocas de una irregularidad aún peor: “En algunos casos, los empresarios tienen vínculos con los candidatos inscritos. Se encontró un número importante de familiares que ingresaron a las listas de votantes el mismo día”.
Casos como estos se encontraron en las cámaras de Villavicencio, Pereira, Manizales y Aburrá Sur (que cobija los municipios antioqueños de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta), pero no en una proporción tan preocupante como la de Bogotá y Barranquilla. “De 400 registros estudiados, 70 eran genuinos”, aseguró José Miguel de la Calle, superintendente de Industria y Comercio, durante la rueda de prensa en la que se anunció la expedición del Decreto 1202, que suspendió las elecciones.
También existen casos de desorden administrativo como el de la Cámara de Comercio de Amazonas, la cual no publicó las listas de votantes inscritos en el plazo reglamentario.
Para los entes de control, de no haber intervenido en estos procesos, surgirían fuertes interrogantes en el manejo de los más de $450.000 millones en recursos públicos provenientes del cobro de impuestos. “Las cámaras se han convertido en centros importantes de influencia y estudio, y es sano que ese poder sea transparente. Nuestra preocupación real es que estas irregularidades influyan y manipulen las elecciones”, dice Galán.