Por violación a las normas de protección al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por 12.595 millones de pesos en 2012.
El informe fue revelado por la Delegatura para la Protección al Consumidor de la entidad de control de la industria y el comercio.
Según el documento de la Superintendencia, el monto promedio por decisión tomada es de 17 millones de pesos por multas impuestas a personas naturales y jurídicas. Esta cifra se incrementó en 47% comparado con el monto promedio de 2011 que fue de 11,9 millones de pesos, precisa el informe de prensa.
Las sanciones aplicadas por el constante uso de publicidad engañosa en el mismo periodo de tiempo pasaron de 6.700 millones a 8.700 millones de pesos, lo que significó un incremento cercano a los 2.000 millones de pesos.
Las visitas de inspección practicadas en todo el país, por la entidad de control, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, se incrementaron en 46 por ciento, pasando de 233 a 340 visitas.
Entre los temas más comunes que conoce la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Protección al Consumidor se encuentran aquellos relacionados con información pública de precios, promociones que anuncian los grandes almacenes, ofertas prometidas a los consumidores por el sector mobiliario, voluntariedad de la propina en los establecimientos de comercio, y la información que se suministra al consumidor en la publicidad de aquellos productos que ofrecen bondades o beneficios, conocidos como “producto milagro”, según el informe de prensa de la Superintendencia.
Casas del Consumidor
Para celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo Del Castillo, anunció la puesta en marcha de las Casas del Consumidor en todas y cada una de las capitales del país. “Esperamos entregar este año las de Popayán, Pereira, Ibagué, Neiva, Santa Martha y Medellín”, destacó el funcionario.
Las alcaldías municipales y distritales también son organismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor y es la procuraduría General de la Nación la que vigila que cumplan con su labor con el objeto de proteger los derechos de los consumidores.