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Cuando el Gobierno Nacional recibió el primer informe de la comisión de estudio del sistema tributario, que redactó, en 49 páginas, un detallado informe donde suelta una serie de recomendaciones tanto al Estado como al Congreso, se inició un proceso por parte del Ministerio de Hacienda para poder convertir en ley algunos de estos encargos.
Dentro de los anteproyectos que la cartera económica radicará hoy en la nueva legislatura, se destaca la propuesta de poner en cintura a las entidades sin ánimo de lucro, que según los expertos, pueden estar generando inequidad tributaria en el país.
La característica de estas fundaciones es que los aportes no son de nadie distinto a la entidad y, por tanto, ni constituyen un derecho, ni son reembolsables para quien los haya hecho, razón por la cual no pueden distribuir las utilidades o excedentes obtenidos en el desarrollo de su actividad.
De acuerdo con los nueve expertos que integran la comisión (Ricardo Bonilla, Rosario Córdoba, Alfredo Lewin, Óscar Darío Morales, Soraya Montoya, Guillermo Perry, Julio Roberto Piza, Miguel Urrutia y Leonardo Villar), estas fundaciones tienen un tratamiento tributario más favorable que el de las sociedades del régimen ordinario en lo que tiene que ver con el impuesto de renta.
El caso más reciente de este tipo de entidades sin ánimo de lucro, pero que también tenían en su misión ser sin ánimo de pérdida, fue la Fundación Universitaria San Martín, que terminó envuelta en un escándalo de corrupción por desviación de dineros y hasta el propio presidente Juan Manuel Santos ha advertido que hay muchas fundaciones que contratan con el Estado en las regiones y las tildó de “fachadas” de sistemas corruptos.
La Comisión dijo en su primer informe que las condiciones establecidas actualmente en el estatuto tributario son demasiado amplias y ello permite el acceso al tratamiento tributario especial de un sinnúmero de entidades que eventualmente no cumplen bien sus objetivos, pero que no son objeto de revisión.
Para José Acosta, profesor de economía y finanzas de la Universidad del Rosario y el Cesa, este nicho desafortunadamente se ha usado por varias personas para evadir y eludir impuestos, dado que bajo esta fachada terminan comprando carros, casas y hasta el estudio de sus hijos y no cumplen con su objeto social.
“No hay un control sobre estas entidades. Por ejemplo, las cooperativas sí lo tienen, al igual que las entidades financieras y el sector real. En cambio, las sociedades sin ánimo de lucro son una rueda suelta en el sistema. Espero que esta nueva ley que van a debatir lleve herramientas suficientes para discriminar las sociedades correctas de las que no lo son, porque aunque es difícil de creer, sí existen fundaciones que hacen bien las cosas y no se verán perjudicadas con una nueva norma”, dijo el docente, quien también es vocero de Justicia Tributaria.
Por otra parte, Horacio Ayala, exdirector de la DIAN, considera que el Gobierno se debe centrar en aumentar la vigilancia a estas sociedades. “En la práctica no existe ningún control sobre ellas, porque lo único que hacen es inscribir sus estatutos en Cámara de Comercio y nadie sabe en realidad qué están haciendo”, dijo, agregando que este tema no se puede manejar desde un punto de vista simplemente tributario, argumentando que en Colombia existen entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades que de alguna manera reemplazan al Estado.
El debate de seguro será interesante sobre estas entidades en las comisiones económicas del Congreso, ya que tocaría muy de cerca a muchas famiempresas y a una que otra iglesia de muchos garajes de nuestro país, sin contar cooperativas, universidades y hasta hospitales.
Entre otros temas que presentará hoy el Ministerio de Hacienda, se encuentra el marco regulatorio para los conglomerados financieros que, según el superintendente de la rama, Jorge Castaño, lo que busca es brindar una supervisión coherente y efectiva al sistema, y que promueva la evaluación integral de los riesgos derivados de las holdings”. De igual manera se debatirán el presupuesto del Gobierno para 2016, el cupo de endeudamiento externo de la Nación y las modificaciones en convenios con entidades multilaterales.