Un pedido al Gobierno Nacional y a los jueces de la República para agilizar aún más el proceso de imposición de servidumbres y los trámites ambientales que se encuentran pendientes, con el fin de terminar el 25% restante del proyecto de transmisión eléctrica Nueva Esperanza, y alejar la posibilidad de desabastecimiento energético en la zona centro-oriental del país, hizo el gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta.
Durante el acto de energización de la Subestación Nueva Esperanza, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, Londoño De la Cuesta invitó a todas las instituciones del Estado y a las autoridades judiciales a cargo, a trabajar en equipo para acelerar las imposiciones de servidumbre pendientes y las modificaciones requeridas a las licencias ambientales por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) necesarios para continuar con las obras.
“Si estos procesos no se agilizan antes de la primera semana de julio, el proyecto no se podría concluir en noviembre de este año, con el riesgo de desabastecimiento energético que implicaría para la zona centro-oriental del país y el impacto que esto tendría para las familias, los comerciantes y los industriales de la región y, desde luego, para el sector eléctrico colombiano”, alertó el gerente de EPM en un comunicado de prensa.
EPM informó que Nueva Esperanza es un proyecto de transmisión de energía eléctrica que aumentará la capacidad de transporte y la confiabilidad del sistema eléctrico que abastece la zona centro-oriental de Colombia, con beneficio para más de 12 millones de habitantes de Cundinamarca (incluida Bogotá), Meta, Guaviare y el norte del Tolima.
El proyecto completo incluye cinco líneas de trasmisión a 230.000 voltios (una nueva y cuatro reconfiguradas), una nueva línea a 500.000 voltios, la ampliación de dos subestaciones existentes y la construcción de una nueva subestación en Soacha, que recibirá estas líneas y le entregará la energía al sistema de distribución a través de Codensa.
“Hoy nuestro mayor esfuerzo se dirige a acelerar los procesos judiciales y los trámites ambientales que aún se encuentran pendientes para agilizar la construcción del proyecto, evitando así poner en riesgo la atención de la demanda de energía eléctrica en el área centro-oriental del país”, dijo Londoño De la Cuesta, en el informe de prensa.
De los 1.217 predios requeridos para la construcción de las líneas y la franja de protección se han liberado 1.116. Un alto porcentaje de los predios en los que no ha sido posible iniciar las obras se encuentra en proceso de imposición de servidumbre al haber fracasado la negociación directa con sus propietarios. Las imposiciones de servidumbres se tramitan ante diferentes despachos judiciales de Bogotá y Cundinamarca, sin que, en términos de lo que ha sostenido la Corte Constitucional, se discuta la posibilidad de imponer el gravamen por tratarse de un proyecto de utilidad pública e interés social, como lo establece el Artículo 58 de la Constitución Nacional.