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El pasado martes 13 de noviembre, después de una investigación de cinco años con múltiples interceptaciones telefónicas y 36 entregas controladas de dinero a través de agentes encubiertos, el CTI de la Fiscalía capturó al comisionista Carlos Eduardo Leyton Sinisterra. Aunque la noticia pasó ligeramente, en el mundo económico causó revuelo porque el personaje puede ser la clave para armar el rompecabezas del caso Interbolsa, Proyectar Valores, el Fondo Premium y demás piezas del mayor escándalo bursátil de los últimos tiempos.
La captura de Leyton Sinisterra, junto a Fanny Esperanza Gil Vivas, obedeció a una solicitud de extradición de la Corte Distrital del sur de Florida (Estados Unidos), que los señala de formar parte de una organización internacional conformada por expertos del sector financiero y bursátil dedicados al lavado de dinero. Según la imputación en su contra, se aprovechaban de sus cargos gerenciales para crear empresas de fachada y utilizar nombres de personas fallecidas para firmar contratos falsos y aparentar licitaciones públicas.
A través de estas maniobras justificaban supuestas inversiones extranjeras que lo que hacían eran facilitar el ingreso de dineros ilícitos al país. Aunque la operación lleva 11 personas detenidas más, para las autoridades el caso del economista Carlos Eduardo Leyton constituye un episodio aparte. Su larga trayectoria en el mercado bursátil, en especial su condición de gerente comercial de la firma Proyectar Valores hasta el momento de su intervención, lo hacen poseedor de muchos secretos que ahora la justicia quiere esclarecer.
En 2005, después de que la Superintendencia de Valores ordenara la posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la sociedad comisionista Agronegocios S. A. por errores contables y engaño a sus clientes, Leyton Sinisterra fue nombrado representante legal para efectos de formalizar la intervención del Estado. Cuando concluyó esta gestión, Leyton se vinculó a la firma comisionista Intervalores, que también resultó intervenida por el Gobierno por estar realizando operaciones riesgosas con el dinero de sus clientes.
En ese momento la toma de posesión obedeció a desfases en la información financiera y contable e irregularidades en el manejo de órdenes de compra y venta de acciones de Ecopetrol. Intervalores, que contaba con 205.589 clientes, pasó a manos de Proyectar Valores en noviembre de 2008. La misma época en que la justicia norteamericana empezó a descubrir que bajo supuestos servicios de asesoría técnica para una firma de ingeniería, a través de la firma comisionista Leyton Sinisterra permitía la recepción de dineros del narcotráfico.
El indictment de la justicia norteamericana, conocido por El Espectador y en el cual se involucra también a Fernando Álvarez Pineda y a Fanny Esperanza Gil, refiere que el esquema para lavar el dinero procedente de la venta de droga en México y Estados Unidos era utilizar la firma Logistical Enginnering Inc para simular consultorías en materia de ingeniería. Los favorecidos eran Manuel Madero y Daniel Bernal, quienes también utilizaron la firma Stanford S. A., igualmente intervenida por las autoridades en el año 2009.
Los agentes encubiertos que se hacían pasar por guerrilleros o miembros de bacrim que requerían los servicios de Madero, terminaron por constatar el apoyo de Carlos Leyton y Fanny Esperanza Gil. Lo paradójico es que tanto el uno como la otra, cuando Intervalores pasó a ser propiedad de Proyectar Valores, se vincularon a la segunda empresa. Según el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, el primero lo hizo como gerente comercial y la segunda como asesora financiera de la firma comisionista de bolsa.
El documento certifica que Carlos Leyton fue uno de los 20 representantes legales de Proyectar Valores hasta el momento de la intervención de esta firma, en mayo de 2011. En la misma época, Fanny Esperanza Gil fungió como asesora financiera. De conformidad con los estatutos de esta sociedad, creada en marzo de 1957 en Medellín, los gerentes comerciales fueron elegidos por la junta directiva de Proyectar Valores. En otras palabras, en los momentos críticos de esta empresa de bolsa, ambos cumplieron labores esenciales.
El propietario de una importante firma bursátil recuerda que varias veces Leyton se acercó para ofrecer negocios en dólares para clientes interesados, pero que el personaje le pareció más un “chepito” o un vendedor de enciclopedias que un comisionista de bolsa. Sin embargo, anotó que le extrañó que terminara ocupando un cargo de importancia en Proyectar Valores que ya despuntaba como una creciente firma del mercado de valores. Hoy está sorprendido, como otros corredores de bolsa, del destino de Carlos Leyton.
Lo mismo que sucede entre quienes hoy corren bases para tratar de aplacar el escándalo de la firma Interbolsa. “Él conoce todo lo que estaba pasando en el mercado bursátil y sabe muy bien de qué manera operaba el fondo Premium, constituido en Curaçao, para mover dineros hacia el exterior garantizando que sólo pudieran se controlados por las autoridades de ese territorio”, precisó una fuente, quien añadió que la noticia de su captura cayó como un baldado de agua fría por todo lo que sabe sobre el modus operandi del negocio.
Justamente esta semana, durante un debate en el Congreso, el representante a la Cámara Simón Gaviria señaló que aunque en repetidas ocasiones se negó cualquier vínculo entre Interbolsa y el Fondo Premium en Curaçao, en su criterio la relación es bastante estrecha y los recursos captados en Premium eran depositados en acciones de Interbolsa y en negocios como los controvertidos repos de Fabricato. Los recursos llegaban a Colombia a través de dos empresas que son accionistas de la firma textil, con dueños y accionistas que se cruzan.
En un informe de la revista Semana, en marzo de 2007, cuando ningún escándalo amenazaba a Proyectar Valores o a Interbolsa, lo admitió el inversionista Juan Carlos Ortiz. Desde que tuvo que irse de la bolsa de manera forzosa, debido a que fue expulsado, junto a Tomás Jaramillo creó en 2000 el Fondo Premium para ofrecer posibilidades de inversión en el exterior. Su operación comienza en Bogotá, pero Premium tiene un contrato de corresponsalía a través del cual Interbolsa se encarga de conseguir a los inversionistas sin supervisión de Colombia.
El Espectador contactó al abogado David Espinosa, quien defiende los intereses de 1.260 inversionistas del Fondo Premium, quien señaló que su expectativa es que se aclare la relación entre Interbolsa y la empresa constituida en Curaçao, y se determine cuáles fueron sus prácticas comerciales para emprender las acciones judiciales de protección de sus clientes. Espinosa calculó en US$175 millones la suma que inversionistas colombianos han depositado en Premium desde hace 12 años, siempre dentro de la legalidad.
Al margen del tema Premium, de la crisis que hoy vive Interbolsa, de las suspicacias por la desaparecida Proyectar Valores y de la súbita captura de Carlos Leyton, el asunto se sigue moviendo entre las autoridades. La prueba es que esta misma semana el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, en carta dirigida al fiscal Eduardo Montealegre, detalló las razones por las cuales debe intervenir. En su criterio, se debe indagar si hubo incumplimiento del mercado de valores para afectar el precio de las acciones de Fabricato.
Hernández detalló que la justicia debe aclarar si además se cumplió el deber de asesoría por parte de Interbolsa, al omitir información completa a los inversionistas sobre actividades bursátiles o actuar sin su consentimiento. Al mismo tiempo, solicitó que se verifique si existió conflicto de intereses en Interbolsa con afección a terceros. Y que además, evaluando estados financieros y otros documentos, se determine si en la oferta pública de adquisición de acciones se incumplieron las normas propias del mercado bursátil.
Pero no sólo la Fiscalía ya tomó cartas en el asunto. La Procuraduría empezó a indagar supuestas omisiones del Estado; la Contraloría reclamó el levantamiento del velo corporativo del Grupo Interbolsa para verificar si hubo manejo irregular de títulos de tesorería; el Ministerio de Hacienda le pidió a la DIAN que constate si a través del Fondo Premium se concretó algún tipo de evasión fiscal en Interbolsa, y las superintendencias Financiera y de Sociedades hacen lo propio para blindar los dineros e intereses de los inversionistas.
El superintendente Financiero, Gerardo Hernández, en carta dirigida a su homólogo de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, le solicitó decretar de oficio la reorganización empresarial de Interbolsa. Lo hizo para proteger el crédito y el trabajo de la unidad productiva, aclarando que la crisis se desató por insolvencia de la empresa y cesación de pagos. De oficio, el superintendente de Sociedades admitió la solicitud y decretó el embargo preventivo de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la firma comisionista.
En el documento quedó al descubierto que la holding Interbolsa S. A. cuenta con 23 empresas vinculadas, entre las cuales se destacan la firma de crédito hipotecario Acercasa, la empresa de aviación EasyFly y varias sociedades que operan en cinco jurisdicciones distintas: Colombia, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Brasil y Luxemburgo. La Superintendencia Financiera calculó las pérdidas de Interbolsa en $6.739,6 millones y la desvalorización de sus inversiones en más de $35.000 millones, es decir, todo un descalabro económico.
No obstante, como lo reportó Caracol Radio el pasado viernes, ya la Fiscalía dispone de pruebas que demuestran de qué manera algunos socios de Interbolsa financiaban sus intereses personales a través del Fondo Premium en Curaçao; cómo se estafó a muchos clientes a quienes no les devolvieron los retornos prometidos y en cambio sí se gestaban inversiones inmobiliarias, y de qué manera, durante las horas previas a la intervención de la Superintendencia Financiera a Interbolsa, hubo muchos movimientos de dinero y retiros de capitales, al parecer advertidos.
El colapso de Interbolsa está generando un tsunami inesperado en el mercado bursátil que no se veía desde los tiempos de la crisis financiera de los años 80. Lo que está saliendo a flote es la revelación de que las reglas de juego eran laxas. Hoy el denominador común son las reuniones a puerta cerrada o señalamientos. Lo que pocos esperaban es que uno de los expertos en negociación de renta variable, Carlos Leyton, cayera detenido con fines de extradición. Ahora se suma a la crisis que Estados Unidos también quiere entender cómo se lavaba en la bolsa colombiana.
Interbolsa y los funcionarios del gobierno Santos
En su debate, el representante Simón Gaviria atribuyó buena parte de la crisis de Interbolsa a la falta de control en el Estado y conflicto de intereses de algunos funcionarios. Gaviria precisó que el exministro Juan Carlos Echeverry fue miembro de la junta directiva de Interbolsa antes de ingresar al Gobierno.
En su defensa, Echeverry dijo que desde su primer día en el gobierno Santos comentó su impedimento respecto al tema, que en el caso siempre hubo un ministro ad hoc, que nunca conoció el negocio de Fabricato ni conversó con el superintendente Financiero sobre este episodio que hoy hace crisis.
Gaviria mencionó también al viceministro de Hacienda, Germán Arce, quien respondió diciendo que sí trabajó en Interbolsa entre 2004 y 2005. Los delegados del Ministerio Diego Herrera y Diana Valderrama, laboraron en Interbolsa, pero manifestaron impedimento.
Asi mismo, se ha hablado de Bruce Mac Master, consejero para la Prosperidad Social, y Frank Pearl, asesor del comisionado de Paz. Del primero se dice que a través de su compañía Inverlink desarrolló una alianza estratégica con Interbolsa; y del segundo, que trató de intervenir ante la banca con el fin de buscar soluciones a la crisis.
El ‘indicment’ contra un comisionista de bolsa
Desde 2007, la Corte Distrital de Florida abrió investigación contra Fernando Álvarez, Carlos Leyton y Fanny Esperanza Gil. Según el ‘indicment’ conocido por El Espectador, de manera intencional conspiraron contra Estados Unidos.
El documento sostiene que a través de una empresa de fachada transfirieron dineros a Colombia como supuestos servicios de ingeniería civil. La Corte estimó en US$470.000 los dineros de supuestas consultorías de ingeniería.
En 12 páginas, la justicia norteamericana condensó ocho cargos contra los tres colombianos, de los cuales dos de ellos ya fueron capturados. En procesos similares, la Corte de Florida ha requerido la extradición de otros financistas colombianos.
La liquidación de Proyectar Valores
En mayo de 2011, la firma comisionista de bolsa Proyectar Valores solicitó su inactivación. En ese momento, estaba en la picota pública por sus transacciones con los primos Manuel, Miguel y Guido Nule, protagonistas del escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá. Desde agosto de 2010, ya la Superintendencia Financiera había advertido su crisis.
A través de la resolución 0826 de 2011, el Estado ordenó someter a vigilancia especial a la compañía. Con el tiempo, Proyectar Valores desapareció, pero en manos de las autoridades quedó una síntesis de todas sus operaciones irregulares. La sociedad fue liquidada y uno de sus principales accionistas, Juan Carlos Ortíz, migró hacía otros negocios.