Con esta reforma Gobierno busca superar el déficit

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público. / Cortesía

Desde hace más de cuatro semanas, en el interior del Gobierno, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría; el jefe de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo, y otros ministros del gabinete, estaban terminando de cuadrar cuentas para definir la fórmula con la que se busca cubrir un faltante fiscal de $12,5 billones en el presupuesto de la Nación para el próximo año.

Después de varias propuestas, el Ejecutivo definió una iniciativa —que fue radicada ayer en la Cámara de Representantes—, la cual tendrá como soportes la creación del impuesto a la riqueza (sustituye al de patrimonio), una sobretasa de 3% al gravamen sobre la renta para la equidad (llamado CREE en la pasada reforma tributaria), la prolongación del 4X1.000 y la intención de declararle la guerra a la evasión (esto incluye el propósito de que los colombianos en el exterior presenten una declaración de sus activos, lupa a las entidades sin ánimo de lucro y acciones de tipo penal).

Cárdenas explicó que en el proyecto de Ley 134 —con el que se busca garantizar recursos adicionales de $12,5 billones anuales durante este cuatrienio—, el Gobierno plantea la desaparición del impuesto al patrimonio para dar paso al gravamen a la riqueza (entre 2015 y 2018), el cual aplicará a quienes cuenten con un patrimonio líquido que supere los $1.000 millones. Esto significa, según el ministro, que 35.000 empresas del país y 50.000 personas naturales deberían contribuir con este tributo.

“La reforma no afecta a la clase media ni a la pequeña empresa. Se enfatiza en tributación a las empresas. Además, el impuesto de riqueza tendrá una sobretasa del 10% para los activos omitidos”, sostuvo Cárdenas. Según el proyecto radicado, “la base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto del contribuyente poseído al 1° de enero de 2015, menos las deudas a su cargo vigentes en esa misma fecha”.

También el proyecto propone que la riqueza hasta $2.000 millones será gravada con una tarifa de 0,20%; los patrimonios entre $2.000 y $3.000 millones, con una de 0,35%; aquellos que oscilen entre $3.000 millones y $5.000 millones, con 0,75% y los superiores a $5.000 millones deberán pagar un tributo de 1,5%.
En cuanto a la sobretasa del CREE, el proyecto propone que ésta será del 3% para los períodos gravables 2015, 2016, 2017 y 2018. Esto, según Cárdenas, afecta a las compañías con utilidades mayores a los $1.000 millones (cerca de 6.000 deberían contribuir con este gravamen).

Además, el proyecto propone que la tarifa del CREE suba de 8 a 9% a partir de 2016, que 0,5% de la misma se destine a financiar programas de primera infancia y que otro 0,5% sea para otorgar recursos para las instituciones públicas de educación superior.

“La sobretasa al CREE no tiene destinación específica. Los recursos que se recauden por este tributo harán unidad de caja con los demás ingresos corrientes de la Nación”, explica un aparte de la iniciativa radicada.

Otro de los pilares de la reforma —enfocado en controlar la evasión tributaria— busca que a partir del próximo año los contribuyentes del gravamen de renta y complementarios que tengan activos en el exterior los declaren a las autoridades de impuestos del país.

Adicional a esto, y como ya lo había anunciado el Gobierno, se mantendrá vigente el impuesto a las transacciones financieras 4X1.000. Sin embargo, la tarifa se reduciría en 2019 a 3X1.000; en 2020, a 2X1.000; al 1X1.000 en 2021 y llegaría a 0 en 2022.

“La pésima noticia para las firmas que quieren establecerse o reinvertir en Colombia es que el conjunto de impuestos imporrenta, CREE e impuesto al patrimonio resulta equivalente a gravar las utilidades de las firmas a una tasa del 38,3% (aquellas con patrimonios entre $1.000 y 2.000 millones) o hasta con la tasa del 50,8% para las que superan los $5.000 millones en activos netos”, sostiene un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Sin embargo, este organismo venía manifestándole al Gobierno que en su reforma debió incluir un incremento de la tasa del IVA del 16 al 18% en lugar de acudir a la prolongación de gravámenes antitécnicos como el 4X1.000 y el impuesto al patrimonio.

Entretanto, la Andi, señaló a través de un comunicado que “ lamentamos que el muy mal llamado impuesto a la riqueza se haya mantenido en los niveles anteriores y supuestamente temporales. Pese a haber incorporado un elemento de gradualidad, se redujo el umbral a partir del cual se aplica la tarifa máxima. Esto afectará a los pequeños y medianos empresarios”.

Cárcel para los evasores

Dentro del objetivo del Gobierno de controlar la evasión, la reforma propone que el contribuyente que de manera dolosa omita activos o declare pasivos que no existen en un valor igual o mayor a 12.966 salarios mínimos ($7.987 millones) afectando impuestos como el CREE, renta o riqueza, sea “sancionado con una pena privativa de libertad de 48 a 108 meses y multa de 20% del valor del activo omitido, del declarado inexactamente o del pasivo inexistente”.
Según la exposición de motivos presentada por el Gobierno, la lesión de los intereses financieros del Estado “es de digna protección, incluso a través del derecho penal. La Hacienda Pública merece y necesita protección penal, porque la complejidad social y económica actual sólo hace posible que se realicen controles aleatorios para verificar el cumplimiento de los deberes tributarios”.

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@hector_sandoval