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En la era del cambio climático mundial, la frase “guerra entre estados” ha adquirido una nueva dimensión.
Una coalición de 18 estados encabezada por Nueva York y California se enfrenta a un bloque de 26 estados entre los que se cuentan Texas y Florida en una pelea judicial por el Plan de Energía Limpia del gobierno de Obama. La iniciativa de regulación procura alejar a Estados Unidos de la energía del carbón y llevarlo a adoptar fuentes de energía renovables.
Los estados que defienden el plan federal, a los que se suman el Distrito de Columbia y las ciudades de Nueva York, Chicago y Filadelfia, el miércoles pidieron permiso a un tribunal federal de Washington para participar en una batalla por la legalidad de la iniciativa de energía limpia. Dijeron que su solicitud tiene unanimidad.
“El cambio climático es real. Es mortífero. Está poniendo en peligro la salud y la seguridad de los habitantes de todos nuestros estados”, declaró el procurador general de Nueva York Eric Schneiderman en una conferencia de prensa telefónica. Estaban con él el procurador general de Iowa Tom Miller y los procuradores generales de Massachusetts y Virginia, Maura Healey y Mark Herring, todos ellos demócratas.
El Plan de Energía Limpia, que contiene las primeras normas nacionales de la historia para abordar la contaminación con carbono de las centrales eléctricas, apunta a reducir en 2030 esas emisiones un 32 por ciento por debajo de los niveles de 2005. Las disposiciones exigen que los estados y las empresas eléctricas utilicen menos carbón y más energía solar y eólica así como gas natural.
Los litigios por la iniciativa son el principal motivo de conflicto entre los estados dominados mayoritariamente por demócratas que apoyan la agenda ambiental del presidente y los conducidos por republicanos que se oponen a ella.
Virginia Occidental y Kentucky el mes pasado presentaron demandas para impugnar las normas publicadas el 23 de octubre como parte de un grupo de 24 estados. Oklahoma y Dakota del Norte presentaron reclamos separados. Sostienen que el Organismo de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos se excede en sus facultades al obligar a los estados a elaborar por lo menos borradores de planes de acatamiento de las normas para septiembre próximo y planes definitivos dos años después de esa fecha.
Toma de poder
“Si el EPA tiene éxito en esta toma de poder sin precedentes e ilegal, se perderán muchos puestos de trabajo, los precios de la electricidad aumentarán, la confiabilidad de la red eléctrica estará en riesgo y no se defenderá el estado de derecho”, dio el miércoles el procurador general de Virginia Occidental Patrick Morrisey, republicano, en una declaración enviada por correo electrónico.
La administradora del EPA Gina McCarthy señaló que el plan se basa en “fundamentos científicos y legales sólidos” y está dentro de las facultades legales otorgadas al organismo por el Congreso conforme a la Ley de Aire Limpio.
El nivel del agua en una zona costera de Virginia se elevó dos pies (61 centímetros) en los últimos 75 años y podría subir otros dos a cinco pies para fin del siglo, dijo Herring, el procurador general del estado.