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Hace menos de una semana, el país conoció los detalles de cómo operaban cuatro empresas protagonistas de la industria del papel en común acuerdo para fijar los precios de sus productos. El Espectador reveló los intríngulis de las reuniones de sus ejecutivos para acordar los porcentajes en el alza de lo que cobraban por cada paquete de servilletas, de paños de manos, de papel de cocina o del tradicional papel del baño. Era toda una telaraña empresarial en la que los grandes beneficiados, a costillas de los colombianos, eran Kimberly, Familia, Cartones y Papeles de Risaralda y Papeles Nacionales. Era el cartel del papel higiénico.
Y ahora, cuando el país ve que la inflación sigue al alza, la plata cada vez le alcanza menos a la gente para comprar sus productos básicos e incluso muchos padres de familia no han terminado de comprar la lista de útiles escolares de sus hijos porque “están por las nubes”, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reveló cómo opera otro cartel, pero esta vez el de los cuadernos, en el que aparecen vinculadas tres grandes compañías que los venden en el país: Kimberly, Carvajal y Scribe.
En el respectivo informe motivado de 182 páginas, entregado por la Delegatura para la Protección de la Competencia al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, y conocido en detalle por El Espectador, se expone un cúmulo de evidencias con las que se prueba cómo estas tres empresas se ponían de acuerdo para fijar artificialmente los precios, concertar políticas y estrategias de comercialización y mercadeo y también restringir concertadamente el abastecimiento y distribución en los diferentes canales de comercialización.
Los afectados: 3,7 millones de hogares que compran útiles escolares en el país o, visto de otra forma, 9,5 millones de estudiantes. Incluso usted, si sacó de su bolsillo dinero entre el 2001 y el 2014 para comprar un cuaderno, ha engordado las cuentas de estos empresarios cartelizados, pues en esa época, según la minuciosa investigación, fue que los ejecutivos de Kimberly y Carvajal tomaron la decisión de acordar los precios. Y a ellos se sumó Scribe en el 2011.
Pero, ¿qué fue lo que encontró el equipo de investigadores liderado por Jorge Enrique Sánchez, superintendente delegado para la protección de la competencia, como para que tomara la decisión de recomendarles a su jefe y a su consejo asesor declarar responsables a Kimberly, Carvajal y Scribe y hacerlos merecedores de la máxima sanción por la violación a la libre competencia, que se calcula en $68.945 millones para cada empresa?
El rosario de pruebas es largo. Hay un correo electrónico del 7 de mayo de 2012 que tiene como asunto “Puntos acordados para temp b 2012”, escrito por Ángela Piedad Zapata Delgado, identificada por la SIC como gerente comercial de Scribe, dirigido a Silvio Alberto Castro Spadaffora, gerente general de Scribe, en donde se relatan, paso a paso, los temas convenidos en la reunión del 4 de mayo de 2012 que tuvo con Carvajal.
Dice así: “Puntos acordados: Incremento de precios Marcas temp B 2012 (un 2 % premium y 5 % intermedia). •No hay incremento de precios de Económico y categoría Ecoplús (Expresarte). • Venta de descontinuados con el 35 % de dcto sobre la lista de marcas. • Mantener la inversión en el cliente Panamericana para la temporada B 2012. • No pagaremos un valor adicional a la inversión por espacios adicionales en almacenes Éxito. • Reducción de impulsadores para temp A 2013. Se acordó reunión en septiembre para revisar el tema conjuntamente por punto de venta”.
Agrega que es importante “Subir la lista de precios de marcas de Vadisa, El Faro y el Grupo Gomez un 3 %, con el fin de bajar el rebate. • No volveremos a refacturar mcía (mercancía) con el fin de evitar devoluciones, a Ningun (sic) cliente. • No colocaremos Economico (sic), Ni (sic) ecoplus(expresarte) (sic) en las cadenas. • No admitiremos devoluciones Sueltas (sic) en ningún cliente. • No patrocinaremos descuentos a consumidor final en ningún cliente. • No haremos activaciones en puntos de venta con Bonos Sodexho. • No admitiremos devolución total en ningún cliente”.
Y hay otro que revela, incluso, cómo los directivos en el exterior eran informados de los acuerdos ilegales en detrimento de los colombianos. “Hola Antonio”, le saluda Castro Spadaffora a Antonio Martínez Báez Prieto, el director general del Grupo Papelero Scribe México. “Desde abril a la fecha hemos sostenido dos reuniones con ellos, este Martes tendremos otra, a la que asistiré (sic) en compañía de Ángela y María V. Hemos compartido y acordado condiciones para clientes, y posiciones innegociables frente al mercado, estilo venta en consignación (sic) Éxito (sic)”.
Y, acto seguido, le explica: “Pese a que habíamos definido precios en todos los segmentos, hemos visto que nuestros amigos han bajado el del segmento Economico (sic), nunca nos llamaron a contarnos que lo iban a hacer después de algunos negocios perdidos los llamé, y aceptaron que lo habían hecho en respuesta principalmente a los nuevos productores locales, como te mencioné nosotros al momento hemos reaccionado a esto de forma muy localizada. Me están reclamando porque Scribe está bajando el precio del segmento medio, aunque lo hemos hecho en un cliente, los amigos lo hicieron primero y mucho más”.
La cuestión es que ahí no para: “También en la venta del descontinuado han reclamado por nuestro precio, y en verdad aquí sí nos hemos movido más agresivamente de lo acordado y como sabes nos sobró mucha mercancía ya descontinuada y no puedo darme el lujo de guardarla en la bodega, no con mi problema de flujo, sin embargo esto sucedió en el mes de septiembre principalmente, a la fecha estamos en línea con lo acordado”.
Pero la prueba reina para la Delegatura de la SIC está aquí: “En general creo que pese a escaramuzas de lado y lado, normales para este tipo de acuerdos, el tema ha funcionado, creo que sería peor no sentarnos. En lo que sí quiero pedirte que hagas énfasis es en el tema de los acuerdos que tenemos en el segmento Premium, sentimos que en este segmento los acuerdos realizados han sido tremendamente provechosos para ambos, listas unificadas en todos los canales y no promociones de fin de semana en las cadenas, entre otros, han sido muy importantes, esto debemos mantenerlo a como dé lugar, con nuestro compromiso de cumplirlos al pie de la letra”.
Y así son muchos con frases como esta: “El acuerdo con Carvajal de no descuentos a consumidor final se está cumpliendo”. Al final, lo que dice el informe motivado y por lo cual pide se hagan efectivas las sanciones contra las tres empresas y los 24 ejecutivos, se basa en que se “corroboró que con posterioridad a las reuniones o las conversaciones telefónicas, Carvajal Educación S.A.S. enviaba la lista acordada en el marco de dicha reunión para que la misma fuera implementada por ambas compañías (antes de 2011 por Kimberly con posterioridad al 2011 por Scribe) para cada uno de los clientes y/o canales de comercialización. Lista que en efecto era circulada por el área comercial de cada una de las empresas cartelizadas”.
En el mismo informe se desprende que los delatores fueron Kimberly y Scribe, razón por la cual el primero quedaría exonerado del pago y el segundo recibiría una rebaja en la sanción. Entonces todo el peso de la multa lo recibiría Carvajal, empresa que, consultada por El Espectador para conocer su posición al respecto, dijo no conocer el informe motivado, razón por la que no harían pronunciamientos. Kimberly, a su turno, ya le había dicho a El Espectador que “desde el momento en que la SIC anunció su investigación por ciertas prácticas competitivas dentro de la industria de consumo de bienes empaquetados, Kimberly-Clark ha cumplido con su promesa de prestar total y absoluta cooperación y así continuará haciéndolo”.
Así es como la SIC, en cabeza de Pablo Felipe Robledo, sigue evidenciando las telarañas de empresarios que se ponen de acuerdo para sacarles más plata a los colombianos, pero a quien esta semana la Procuraduría, liderada por Alejandro Ordóñez, le anunció apertura de investigación por presuntas irregularidades en la decisión que obligó al cartel del azúcar a pagar una millonaria multa por restringir, entre otros, la entrada del alimento al país y de esa forma fijar los precios dentro del mercado nacional. En los próximos veinte días se sabrá, finalmente, cuánto tendrá que pagar de sanción este nuevo cartel, el de los cuadernos, que incluso está atentando contra la educación de todos los colombianos.