La nueva arquitectura de supervisión financiera pactada por la Unión Europea (UE) comenzará a funcionar a partir del próximo primero de enero con el fin de evitar que se repita una nueva crisis bancaria como la última, que ha costado a los Estados miembros miles de millones de euros.
Con el nuevo año se pondrán en marcha tres nuevas autoridades europeas que supervisarán a los bancos, las aseguradoras y los mercados.
Tendrán sus sedes en Londres, París y Fráncfort y capacidad para prohibir prácticas de riesgo y tomar decisiones legalmente vinculantes para las entidades en caso de que una autoridad nacional esté actuando en contradicción con las leyes comunes.
El novedoso esquema se completa con una Junta o Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, que vigilará los posibles problemas que afecten a todo el sistema y no de forma sectorial.
En lo fundamental, sin embargo, la supervisión continuará siendo una competencia eminentemente nacional, pero a partir de ahora Europa contará con un sistema de vigilancia común para situaciones de emergencia, desacuerdos entre países o incumplimiento de las normas comunitarias.
La aprobación de esta nueva arquitectura se prolongó durante meses, debido sobre todo a la insistencia del Parlamento Europeo en dar más poder a las nuevas autoridades supervisoras, frente a las reticencias de algunos gobiernos, especialmente el británico.
El compromiso final, según el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, convertirá a "Europa en la primera región del mundo en poner en marcha una supervisión de primera, preparada para los retos del futuro".
Los fallos en la supervisión durante la crisis financiera fueron considerados por Bruselas como la "primera lección" a extraer de los graves problemas de una buena parte del sector bancario europeo, que obligó a los países a inyectar miles de millones procedentes de las arcas públicas para evitar un colapso del sistema.
Según el Ejecutivo comunitario, la supervisión era el "elemento más débil" del periodo anterior a la crisis, por lo que la puesta en marcha del nuevo sistema supone un "paso decisivo e innovador hacia un sistema financiero más fuerte y estable".
En todo caso, la vigilancia de las entidades forma parte de un conjunto más amplio de normas que se preparan para evitar otra crisis.
Entre ellas figura la repetición a principios de año de los test de resistencia a la banca, con una metodología mejorada.
Aún no se conoce la fecha para estas pruebas, que serían las segundas de este tipo después de las llevadas a cabo a mediados de este año y que fueron muy criticadas por no haber detectado los gravísimos problemas de los bancos irlandeses, que terminaron por provocar el colapso de las finanzas públicas del país y la consiguiente solicitud de ayuda a los socios europeos.
En esos test sólo 7 de las 91 entidades financieras examinadas suspendieron alguna de las pruebas, que fueron dirigidas a escala nacional.
A partir del 1 de enero, con las nuevas normas de supervisión en vigor, Bruselas confía en que habrá "más rigor desde el punto de vista europeo" en el desarrollo de los test, según aseguró este mes el comisario de Asuntos Económico, Olli Rehn.