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Contraloría General de la Nación (CGN) determinó que el exgobernador de Casanare, Withman Herney Porras Pérez, es responsable de la malversación de fondos públicos. Pagó unas casas de interés social que nunca fueron construidas e hizo pagos innecesarios a los contratistas. Enfrenta un fallo fiscal de 2.585 millones de pesos.
En 2004 Porras Pérez pagó a la unión temporal Casanare Hábitat de Paz 1.973 millones de pesos. La firma se comprometió a construir 1.055 viviendas de interés social en Yopal, Trinidad, Paz de Ariporo, Monterrey, Támara, Chámeza, Recetor, Sabanalarga, Pore y Sácama.
Sin embargo, por medio de un comunicado la Contraloría dio a conocer que solo 882 de esas casas fueron construidas. Las otras 173, a pesar de que fueron pagadas, jamás se entregaron. Pero no fue esta la única razón que el ente de control consideró que el exgobernador había incurrido en pagos indebidos.
El daño patrimonial fue mayor aun cuando el exservidor público decidió pagar por obras adicionales que deberían estar incluidas en el contrato inicial como por ejemplo empotrar lavaplatos, fijación de cubiertas, limpieza de la obra, filos de paredes, entre otros.
Además, alegando que el contratista se había quedado más tiempo en obra, se le pagó a la unión temporal 1.697 millones de pesos. Lo que encontró la Contraloría es que durante ese tiempo no se había iniciado la obra.
Tanto el exgobernador como los integrantes de la unión temporal Casanare Hábitat de Paz deberán devolverle a la nación 2.585 millones de pesos por haber hecho “una gestión fiscal ineficaz y antieconómica”.