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Economía 27 Nov 2012 - 4:55 pm

Responsabilidad fiscal

Fallo fiscal por $9.055 millones contra exgobernador de Casanare

También fueron involucrados varios exdirectivos de Fiduagraria y Green Mountain.

Por: Elespectador.com
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Un fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de 9.055 millones de pesos profirió la contraloría General de la República en contra del exgobernador del Casanare, Whitman Herney Porras Pérez, dos exfuncionarios de su administración, cuatro exdirectivos de Fiduagraria y la sociedad Green Mountain Consulting.

Dice el comunicado de prensa que las acciones se encuentran dentro de un proceso que abrió el ente de control por el manejo irregular de inversiones de excedentes de tesorería por concepto de regalías que efectuó el departamento de Casanare en el año 2006.

En este caso, se verificó el ingreso ilegal de recursos públicos por 10.000 millones de pesos a un Patrimonio Autónomo constituido por un particular.

Los hechos investigados

La Contraloría General de la República, a través de la contralor Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, José Miguel Char Chicre, adelantó proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial ocasionado en la gobernación del Casanare por la inversión de cuantiosos recursos de excedentes de liquidez de regalías petroleras del departamento por 10.000 millones de pesos en un patrimonio autónomo denominado Green Mountain, constituido en la fiduciaria Fiduagraria.

Esta inversión se hizo por una oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de retroventa, suscrita el 16 de noviembre de 2006 con la sociedad Green Mountain Consulting, dice el comunicado de prensa.

La gobernación del Casanare entregó 10.000 millones de pesos a Green Mountain Consulting con la condición de que un año después el patrimonio autónomo le devolviera al departamento los recursos invertidos, con una utilidad de un 9 por ciento.

En garantía de la readquisición de derechos, la sociedad Green Mountain le cedió al departamento de Casanare unos derechos de beneficio dentro del contrato de fiducia constituido para que, en el caso de que Green Mountain no cumpliera, Fiduagraria saliera a hacerlo, siempre y cuando hubiera disponibilidad de los recursos del patrimonio autónomo.

Pero esos 10.900 millones de pesos nunca ingresaron en su totalidad a las arcas del departamento de Casanare. La Fiduciaria sólo le retornó al departamento de Casanare la suma de 3.407 millones de pesos, de los mismos dineros que invirtió la gobernación, explica la Contraloría en el comunicado de prensa.

A la fecha, ni Green Mountain Consulting ni Fiduagraria han cancelado al departamento del Casanare el saldo de la obligación, que equivale a 7.492 millones de pesos, suma que corresponde al daño ocasionado, o sea a la lesión causada al patrimonio público.

Por este motivo, la contraloría abrió en su momento investigación e imputó responsabilidad fiscal. Ahora la investigación concluye con un fallo con responsabilidad fiscal por 9.055 millones de pesos contra los funcionarios del departamento de Casanare que para la época de los hechos fungían como gobernador (Whitman Herney Porras Pérez), Secretario de Hacienda (José Humberto Hernández Garavito) y Director Técnico de la Tesorería del departamento (Victor Manuel Alfonso Sánchez), al igual que algunos de los entonces directivos de Fiduagraria: presidente y representante Legal (María Fernanda Zuñiga Chaux), vicepresidente de Negocios (Lucero Jiménez Jiménez),vicepresidente Comercial (Pedro Alejandro Martínez Gómez) y vicepresidente Jurídico y Secretario General (César Augusto Torres Suescun), así como contra la empresa Green Mountain Colsulting, a través de su representante legal, Mario Glessig.

Teniendo en cuenta el saldo que quedo pendiente, más los intereses, la Contraloría General de la República cuantificó el daño patrimonial en 9.055 millones de pesos, valor que deben pagar solidariamente los responsables fiscales.

Este patrimonio autónomo fue creado por Grenn Mountain porque supuestamente iba a hacer una explotación de esmeraldas que jamás se hizo.

Este es un fallo de primera instancia y por tanto los implicados declarados como responsables fiscales tienen la posibilidad de presentar recurso de reposición y apelación ante la segunda instancia, que es la Contralora General de la República.
 

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