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Luego de 30 días de plazo, Friogán no logró la aprobación para su propuesta de reorganización. El promotor de los frigoríficos Pablo Muñoz, quien a la vez es liquidador del Fondo Nacional del Ganado (FNG), solicitó al despacho competente de la Superintendencia de Sociedades ordenar la liquidación de Friogán, en una carta conocida por este diario. (Vea: Cronología de la crisis).
Las deudas de los frigoríficos, unificados bajo la marca Friogán hace 11 años, son cercanas a $70.000 millones y llevaron a la liquidación a su accionista mayoritario y codeudor, el FNG. Este jueves venció el plazo para lograr un acuerdo y conseguir la aprobación de Muñoz en el proceso de reorganización empresarial que se inició en agosto de 2015. (Lea: Fondo del Ganado: liquidación sui géneris).
El mismo jueves, el inversionista que prometió entregar $100.000 millones para salvar Friogán, Pedro María Moreno, representante legal de Agroindustria Pecuaria Integral, se presentó en público y reconoció haber estado condenado por tráfico de armas y nunca haber declarado renta porque hasta ahora no ha tenido esa obligación, según él. (Lea: Posible salvador de Friogán “da la cara” y reconoce que nunca ha declarado renta).
Moreno Gómez aseguró que recibió un millonario crédito de un fondo estadounidense, cuyo nombre no quiso revelar, pero que servirían como recurso para capitalizar la deuda de los frigoríficos. El gerente de Friogán, Armando Daza, informó que pidió un nuevo plazo a la Supersociedades, ente que deberá considerar la petición y pronunciarse.
A través de un comunicado, Daza reprochó que Muñoz no hubiera firmado el acuerdo, pese a haber conseguido la inversión. “Apareció el inversionista, aparecieron los recursos, se dieron todas las explicaciones al escándalo mediático que se pretendió armar alrededor de la reputación del inversionista, pero el liquidador del FNG no apareció para firmar positivamente el Acuerdo, como se había comprometido”, dijo.
Agregó: “Es sorprendente que en este país puedan suceder estas cosas; que cualquiera pueda montar un escándalo en los medios con mentiras y medias verdades, y que las autoridades y hasta las instancias judiciales del proceso de liquidación tomen decisiones por lo que leen en los periódicos o escuchan en los medios especializados en el escándalo”.